Estados Unidos anunció el 24 de agosto la Operación Economic Outcast y amplió el riesgo de sanciones secundarias sobre negocios con Irán. El Departamento del Tesoro sumó cinco sectores a su esquema de presión y sancionó a casi 60 personas, empresas y buques. Teherán respondió este 25 de agosto que está preparado para resistir las medidas y que su reacción no será exclusivamente defensiva.
El paquete llega casi seis meses después del inicio de la guerra y evita, por ahora, las medidas capaces de sacudir con mayor fuerza al sistema financiero global. Washington no publicó los plazos que dará a cada país y dejó fuera de la lista a bancos chinos vinculados al comercio petrolero iraní. Esa omisión confirma que China sigue siendo la prueba central para medir cuánto está dispuesto a escalar Estados Unidos.
La novedad técnica es que Washington amplió el alcance potencial de las sanciones secundarias a activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Ese mecanismo permite castigar a terceros que mantengan determinadas operaciones con Irán aunque estén fuera de territorio estadounidense. Además, OFAC apuntó contra redes vinculadas con compras nucleares y misilísticas, ciberoperaciones y ventas de petróleo, y suspendió licencias que hasta ahora autorizaban ciertas remesas y actividades académicas.
La respuesta de los socios de Irán muestra que el cerco todavía no funciona como un bloque internacional coordinado. China rechazó las sanciones unilaterales y afirmó que protegerá sus intereses, mientras Emiratos Árabes Unidos ya había anunciado la suspensión del comercio y las transacciones financieras con Teherán. Esa decisión emiratí precedió al anuncio de Bessent y fue vinculada oficialmente a la escalada militar regional, no al nuevo paquete estadounidense.

El mayor riesgo de represalia sigue concentrado en el estrecho de Ormuz, donde el tránsito petrolero ya está muy por debajo de los niveles previos al conflicto. La EIA calculó que los flujos de crudo y líquidos cayeron a 4,9 millones de barriles diarios en el segundo trimestre, frente a 21,6 millones en el cuarto trimestre de 2025. Funcionarios iraníes advirtieron que podrían golpear intereses estadounidenses y puntos críticos energéticos si su infraestructura vuelve a ser atacada.

El próximo examen será la ejecución de las sanciones y no la retórica con la que fueron anunciadas. Bessent indicó que cada país recibirá un plazo definido para reducir actividades con Irán, pero esos calendarios no son públicos y los bancos chinos vinculados al comercio petrolero siguen fuera de la lista. Si Washington avanza sobre esas instituciones, el costo financiero para Teherán puede aumentar; si mantiene la excepción, el efecto inmediato dependerá de navieras, intermediarios y compradores con menor capacidad para resistir la presión estadounidense.