La dimensión más extraordinaria del nuevo acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela no está en los USD 100.000 millones de inversión anunciados, sino debajo de la tierra: 65.000 millones de barriles recuperables. Esa cantidad supera los aproximadamente 46.000 millones de barriles que constituyen actualmente las reservas probadas de petróleo de Estados Unidos.
El pacto fue anunciado por Donald Trump y confirmado por la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez. Según la información conocida hasta ahora, abarcaría 17 campos petroleros y tendría una duración mínima de 25 años, con Estados Unidos aspirando a una participación del 55% en la asociación.
La mayor parte de las reservas involucradas se encuentra en ocho grandes bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco, mientras otros activos están situados en el Lago de Maracaibo. Un análisis de Gas Energy Latin America citado por Reuters calculó 63.700 millones de barriles de reservas probadas bajo un factor de recuperación técnicamente posible del 20%.
El volumen permite entender por qué Washington considera estratégica la operación. Cerca del 60% de las exportaciones venezolanas ya se dirige hacia Estados Unidos, y una participación estadounidense mayoritaria podría reforzar durante décadas esa orientación comercial. El reto será transformar reservas geológicas en producción real, especialmente en campos que necesitan infraestructura y enormes inversiones.

Allí aparece la gran incertidumbre. El acuerdo fue negociado sin un proceso competitivo público y todavía no se conocen las empresas que operarían los campos en nombre de Estados Unidos. Expertos jurídicos y energéticos consultados por Reuters cuestionan además determinados aspectos de su legalidad, estructura fiscal y eventual capacidad de resistir futuras impugnaciones judiciales.

Rodríguez proyectó USD 209.300 millones en regalías e impuestos y USD 100.000 millones de inversión, pero buena parte de la arquitectura contractual permanece fuera del conocimiento público. La paradoja es clara: Washington acaba de anunciar acceso a un volumen de petróleo superior a sus propias reservas probadas, pero el valor económico de esos barriles dependerá menos del anuncio político que de contratos, inversiones, infraestructura y seguridad jurídica durante los próximos 25 años.