Mensajes de la política
31/08/2026 - Edición Nº1301
Política
Investigación en proceso
Rutas nacionales: la Justicia investiga si $1 billón terminó en inversiones financieras
31/08/2026 | Lijo pidió información a Economía, Jefatura de Gabinete y Vialidad por fondos que debían destinarse a obras y mantenimiento.
El estado de las rutas nacionales quedó en el centro de una investigación judicial por el destino de fondos destinados a obras y mantenimiento.
La Justicia federal avanzó en la investigación sobre el destino de los fondos destinados a las rutas nacionales. El juez Ariel Lijo requirió información a distintas áreas del Gobierno para determinar qué ocurrió con recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) que, según una de las denuncias, habrían sido colocados en instrumentos financieros en lugar de aplicarse a obras y mantenimiento vial.
El magistrado dirigió los pedidos al Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo; a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli; y a la Dirección Nacional de Vialidad. La medida busca reconstruir el recorrido de los recursos, las partidas presupuestarias y las eventuales operaciones financieras realizadas con fondos del sistema.
La causa se originó a partir de denuncias presentadas por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y por el gobernador Ricardo Quintela, en representación de la provincia de La Rioja.
Además, tanto la legisladora como la provincia fueron aceptadas como querellantes, una decisión que les permitirá intervenir activamente en el expediente y solicitar nuevas medidas de prueba.
La Justicia busca reconstruir el destino de los fondos
Uno de los puntos centrales de la investigación surge de la presentación realizada por La Rioja. Según esa denuncia, al 31 de mayo de 2026 existían $1.001.017.908.957 correspondientes al SISVIAL colocados en plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional.
La presentación sostiene además que durante los primeros dos años y medio de la gestión de Javier Milei se asignaron aproximadamente $1,5 billones al sistema, pero sólo $394.406 millones habrían sido efectivamente utilizados para obras y mantenimiento vial.
De acuerdo con esos cálculos, la diferencia implicaría una subejecución del 73,8%. Se trata de cifras aportadas por los denunciantes que ahora deberán ser contrastadas con la documentación requerida por el juzgado.
Los fondos involucrados provienen de recursos que tienen una afectación específica para el Sistema Vial Integrado y deben destinarse al mantenimiento, desarrollo y reparación de la red vial.
La denuncia contra Caputo
En paralelo, la presentación realizada por Tolosa Paz apunta directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco Nación.
La diputada denunció la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos agravada y desvío ilegítimo de más de $1,5 billones recaudados a través del impuesto a los combustibles.
Según su planteo, los recursos que debían aplicarse a infraestructura vial habrían sido utilizados para realizar colocaciones en instrumentos financieros, entre ellos plazos fijos, bonos, títulos públicos y acciones.
La investigación judicial deberá determinar ahora si esas operaciones efectivamente se realizaron, qué montos estuvieron involucrados y si el manejo de los recursos respetó el destino establecido para esos fondos.
Lijo también amplió los pedidos de información a organismos de control. Solicitó a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación que indiquen si desde 2024 realizaron auditorías, observaciones o actuaciones vinculadas con el fideicomiso creado por el decreto 976/01 y con la cuenta especial del SISVIAL.
El reclamo de La Rioja por las rutas
La incorporación de La Rioja como querellante suma además el reclamo de una provincia que asegura haber sufrido consecuencias concretas por la falta de ejecución de los recursos.
La presentación sostiene que, ante el deterioro y la falta de mantenimiento de rutas nacionales dentro de su territorio, el gobierno provincial debió utilizar fondos propios para realizar tareas correspondientes a la jurisdicción nacional.
Las medidas dispuestas por Lijo apuntan ahora a reunir expedientes, partidas presupuestarias, registros de colocaciones financieras y documentación de los organismos involucrados para establecer qué ocurrió con el dinero.
El juez Ariel Lijo requirió información a distintas áreas del Gobierno para determinar qué ocurrió con recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
En otro frente judicial relacionado con el financiamiento vial, Tolosa Paz consiguió que la Justicia Federal de La Plata habilitara un amparo colectivo para reclamar la reactivación de obras y tareas de mantenimiento de rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires.
En ese expediente, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó notificar a las partes demandadas y requirió informes urgentes a organismos estatales.
Con las nuevas medidas de Lijo, la discusión por el estado de las rutas nacionales suma ahora un interrogante judicial de fondo: determinar si recursos recaudados específicamente para financiar la infraestructura vial fueron efectivamente utilizados con ese objetivo o tuvieron otro destino.
