Deuda con las víctimas
01/09/2026 - Edición Nº1302
Internacionales
Batalla judicial
Maduro apela a la inmunidad, pero 140 años de fallos de EE.UU. complican su defensa
01/09/2026 | El depuesto dictador pedirá anular el caso por inmunidad y captura ilegal, pero los precedentes favorecen a la Fiscalía
Noriega y Álvarez-Machaín dejan a Maduro con pocos antecedentes favorables en Estados Unidos.
Nicolás Maduro intentará este miércoles 2 de septiembre evitar que el proceso penal en su contra llegue a juicio mediante una ofensiva centrada en su inmunidad como supuesto jefe de Estado y en la forma en que fue capturado en Caracas. La estrategia busca derribar el caso antes de discutir ante un jurado las acusaciones federales por narcotráfico y narcoterrorismo, pero enfrenta más de un siglo de precedentes estadounidenses que han permitido procesar a acusados incluso cuando fueron llevados por la fuerza a territorio de Estados Unidos.
Maduro, de 63 años, se declaró inocente y su abogado Barry Pollack sostiene que continúa protegido por la inmunidad que el derecho internacional reconoce a los jefes de Estado. El problema para su defensa es político y jurídico: Washington no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela desde 2019 y los tribunales estadounidenses suelen otorgar un peso considerable al Ejecutivo cuando deben determinar quién representa legítimamente a un Estado extranjero. Seis especialistas consultados por Reuters consideran que los antecedentes comparables favorecen a los fiscales.
Estados Unidos es un país de 50 estados que ocupa una extensa franja de América del Norte, con Alaska en el noroeste y Hawái que extiende la presencia del país en el océano Pacífico.
Noriega aparece como el precedente incómodo para Maduro
El antecedente más evidente es Manuel Noriega. Fuerzas estadounidenses capturaron al gobernante panameño tras la invasión de Panamá de 1989 y lo trasladaron a Florida para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico. Noriega intentó invocar inmunidad como jefe de Estado, pero los tribunales rechazaron el planteo. La experiencia del panameño demuestra que haber ejercido el poder de facto no garantiza que un tribunal estadounidense reconozca inmunidad personal frente a una acusación penal.
La situación de Maduro contiene además una debilidad adicional. El gobierno venezolano encabezado por su antigua vicepresidenta, Delcy Rodríguez, inicialmente lo describió como presidente legítimo y exigió su regreso después de la operación estadounidense del 3 de enero. Sin embargo, Reuters señala que las autoridades venezolanas posteriormente dejaron de insistir públicamente en esa reivindicación mientras profundizaron su cooperación con la administración Trump. Incluso algunos murales de Maduro han sido retirados o cubiertos en Caracas, una señal de cómo su antigua estructura de poder intenta avanzar sin él.
Haber sido capturado por la fuerza tampoco garantiza su liberación
El segundo argumento de Maduro apunta a su captura. Su defensa puede sostener que Estados Unidos eludió el tratado de extradición con Venezuela y que la operación militar que lo sacó del país violó el derecho internacional. Existe un debate jurídico serio sobre esa intervención, y especialistas en derecho internacional han sostenido que un jefe de Estado en funciones normalmente disfruta de inmunidad e inviolabilidad frente a la jurisdicción penal de otros países. Pero demostrar que la captura fue contraria al derecho internacional no significa automáticamente que un tribunal estadounidense deba liberar a Maduro.
La Corte Suprema estableció ese principio en Ker v. Illinois en 1886 y volvió a respaldarlo en United States v. Álvarez-Machaín en 1992. En este último caso, un ciudadano mexicano fue secuestrado en México y trasladado por la fuerza a Estados Unidos, pero la Corte determinó que esa circunstancia no impedía que fuera juzgado. La doctrina deja a Maduro ante una paradoja: podría argumentar que Washington violó normas internacionales al capturarlo y aun así permanecer legalmente sometido al tribunal que debe juzgarlo.
Maduro busca inmunidad, pero 140 años de precedentes de EE.UU. complican su estrategia.
El objetivo inmediato es impedir que el caso llegue al jurado
La acusación estadounidense sostiene que Maduro y otros altos funcionarios venezolanos participaron durante años en una conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y colaboraron con organizaciones calificadas por Washington como terroristas. Una acusación federal actualizada extendió parte de la conducta imputada hasta 2025 e incorporó, entre otros, a Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra. Son acusaciones que todavía deben probarse en juicio y Maduro conserva la presunción de inocencia, pero las penas potenciales incluyen prisión de por vida si finalmente es declarado culpable.
Por eso la discusión sobre inmunidad es decisiva. El juez federal Alvin Hellerstein fijó provisionalmente el comienzo del juicio para el 1 de junio de 2027, mientras los argumentos orales relacionados con las impugnaciones de la defensa están previstos para el 17 de noviembre. Si Maduro consigue que Hellerstein reconozca inmunidad, podría evitar que el expediente llegue al juicio de fondo. Si fracasa, deberá enfrentar un proceso penal en Nueva York donde la Fiscalía podrá intentar demostrar las acusaciones que Estados Unidos mantiene contra él desde hace años.
