El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela va mucho más allá de una inversión privada. North American Blue Energy Partners recibió concesiones por 100 años sobre 17 campos con unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas, mientras Washington obtuvo derechos directos sobre la compañía y sobre su producción.
El plan contempla hasta USD 100.000 millones en nueva infraestructura petrolera venezolana. A cambio, el Pentágono podrá mantener una participación del 35% en la matriz de la compañía y Estados Unidos tendrá capacidad de veto sobre la designación de miembros de su directorio.
El Departamento de Estado tendrá derecho a comprar 20% de toda la producción actual y futura a costo de producción, una ventaja que puede ser utilizada para abastecimiento estratégico, consumo militar o la reconstrucción de la Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense.
Washington también tendrá derecho preferencial sobre el 80% restante. En la práctica, Estados Unidos no necesita ser propietario directo de los yacimientos para obtener una posición dominante sobre la comercialización de una parte considerable del nuevo petróleo venezolano.

La compañía deberá pagar aproximadamente USD 200.000 millones en regalías e impuestos durante los primeros 25 años, mientras intenta recuperar campos deteriorados después de años de baja inversión y producción por debajo de su capacidad.

El verdadero desafío comienza ahora. Los 65.000 millones de barriles representan una enorme reserva sobre el papel, pero convertir ese petróleo en producción sostenida requerirá capital, infraestructura, taladros, recuperación de instalaciones y años de ejecución. El acuerdo modifica desde ahora el equilibrio estratégico del sector, aunque su impacto completo sobre la producción no será inmediato.