Un tiroteo entre miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania y de la inteligencia militar ocurrió entre la noche del 1 y la mañana del 2 de septiembre en Kiev. Tres integrantes del HUR resultaron heridos, dos de gravedad, de acuerdo con su representación legal. El presidente Volodímir Zelenski ordenó investigar responsabilidades y remover a los mandos vinculados. El 3 de septiembre, la Oficina Estatal de Investigaciones comunicó sospechas formales contra un empleado del SBU y un militar del HUR.
El episodio se produjo en un barrio residencial de la capital mientras Rusia intensificaba sus ataques aéreos contra Ucrania. Apenas un día antes, otra ofensiva había causado 12 muertos en Kiev y su región. El contraste es delicado para el Gobierno: dos organismos decisivos para detectar infiltrados, planificar operaciones y proteger la retaguardia terminaron disparándose entre sí cuando la presión externa exigía máxima coordinación.
El operativo que desencadenó el conflicto giró alrededor de Stepan Kaplunov, subcomandante del Cuerpo de Voluntarios Rusos, una formación integrada en una unidad especial del HUR. El SBU sostiene que investigaba contactos del militar con servicios rusos y un plan para asesinar combatientes ucranianos. La defensa de Kaplunov afirma, en cambio, que fue secuestrado, retenido sin cargos y obligado a grabar una confesión. Ninguna de esas acusaciones tiene todavía una resolución judicial.
Las versiones sobre el tiroteo también son incompatibles. El SBU afirma que su equipo fue atacado durante un registro y que desplegó a la unidad Alfa para detener una resistencia armada. El comandante de la unidad Timur del HUR sostiene que agentes del SBU dispararon contra militares desarmados. La investigación atribuye provisionalmente exceso de autoridad al miembro del SBU y atentado contra un agente al efectivo del HUR, sin establecer aún la secuencia definitiva.

La reacción presidencial convirtió una pelea operativa en una crisis de mando. Zelenski destituyó por decreto a Oleh Khramov, responsable del departamento del SBU que protege secretos de Estado, y anunció la salida de los subdirectores de ambos organismos vinculados con el caso. A la vez, el HUR denunció una campaña destinada a desacreditarlo, sin identificar a sus organizadores. La disputa ya excede el uso de armas y alcanza la confianza entre las estructuras.

Las pericias deberán reconstruir trayectorias de disparos, revisar armas y documentos incautados y determinar qué órdenes recibió cada grupo. También existe una causa separada sobre la presunta desaparición y privación de libertad de Kaplunov. El resultado definirá responsabilidades penales, pero el desafío inmediato es institucional: impedir que operaciones paralelas vuelvan a colisionar mientras Rusia sostiene su campaña aérea. Sin esa corrección, una falla interna puede neutralizar ventajas obtenidas frente al enemigo.