Estados Unidos hundió el 2 de septiembre de 2026 una embarcación vinculada por su inteligencia con Los Choneros durante una operación coordinada con Ecuador en aguas internacionales del Pacífico oriental. El Comando Sur indicó que militares desplegados desde el USS San Antonio abordaron y registraron el barco sin incidentes. Sus ocupantes fueron entregados a autoridades ecuatorianas antes del hundimiento.
El barco funcionaba como estación flotante de combustible para lanchas dedicadas al tráfico de drogas, de acuerdo con la versión militar estadounidense. Fue la segunda interdicción de este tipo anunciada en menos de una semana. El 28 de agosto se destruyó otra nave asociada con la organización, después de que el Tesoro de Estados Unidos sancionara diez pesqueros y quince personas de una red asentada cerca de Manta.
El procedimiento se diferencia de los ataques letales que dominaron la campaña marítima de Washington desde septiembre de 2025. Esta vez hubo abordaje, registro y traslado de personas a Ecuador, lo que conserva una vía para investigar y presentar cargos. Sin embargo, el comunicado no precisó cuántos ocupantes fueron entregados, sus nacionalidades, su situación judicial ni si hallaron drogas, armas, combustible o documentos útiles para una causa penal.
La discusión excede este caso. Human Rights Watch contabilizó 69 ataques estadounidenses contra embarcaciones y 227 muertos en un año, y cuestionó su legalidad por falta de amenazas inminentes. La interdicción del miércoles no dejó víctimas informadas, pero confirma que fuerzas estadounidenses actúan directamente en el corredor ecuatoriano mediante la Coalición Americana contra los Carteles y la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental.

La cooperación militar gana capacidad operativa, pero todavía carece de transparencia pública suficiente. Washington no reveló la bandera, las coordenadas, la base jurídica del abordaje ni la evidencia del vínculo con Los Choneros; tampoco aclaró si el barco figuraba entre los activos bloqueados. La cobertura previa de News Digitales mostró que pescadores de Manabí enfrentan coerción criminal y riesgo de ser confundidos con integrantes voluntarios.

El siguiente examen corresponde a la justicia ecuatoriana. Las autoridades deberán informar si los ocupantes quedaron detenidos, qué delitos se les atribuyen y qué pruebas recibieron; Washington debería explicar por qué destruyó la nave tras registrarla. Con un expediente verificable, la operación puede consolidar un modelo de interdicción con capturas. Sin control judicial y preservación de evidencia, el hundimiento quedará expuesto como castigo militar sustentado únicamente en inteligencia reservada.