Bolivia redujo a Bs 16,50 por litro el precio referencial del diésel importado para grandes consumidores, vigente también este viernes 4 de septiembre. La cifra aparece en la tabla diaria de la ANH y reemplaza el valor inicial de Bs 18 del Decreto 5676. El Gobierno de Rodrigo Paz mantiene el esquema: el resto de los consumidores sigue con el precio regulado de Bs 9,80 por litro.
El alivio llega tras días de protestas y problemas de abastecimiento, pero no equivale a una marcha atrás completa. El Decreto 5698 permite a pequeños productores agropecuarios comprar entre 121 y 2.500 litros mensuales a Bs 9,80. La excepción introduce una válvula política sobre una crisis de combustibles que ya había elevado la tensión fiscal y productiva.
El punto técnico importa porque los Bs 18 eran un precio referencial inicial, no una tarifa fija permanente. El Decreto 5676 calcula el valor con costos de importación e impuestos y encarga al regulador publicarlo diariamente. La baja a Bs 16,50 refleja así el mecanismo variable. La concesión política más visible está en preservar el subsidio para pequeños productores y sostener un precio mayor para compras a gran escala.
La brecha entre ambos segmentos sigue siendo considerable: Bs 6,70 por litro entre el precio regulado y el referencial. Una diferencia alta eleva costos productivos y aumenta el incentivo para desviar combustible subsidiado hacia la reventa; achicarla con más subsidios devuelve presión fiscal. El desafío es sostener abastecimiento y controles mientras Bolivia continúa importando diésel para cubrir parte de su demanda interna.

La respuesta institucional fue intervenir la Agencia Nacional de Hidrocarburos por 180 días, con posibilidad de extender el proceso otros 90. El Decreto 5699 exige un primer informe en 30 días y el Gobierno nombró a Jorge Luis Gumucio como director interino. La revisión de YPFB también detectó cerca de 600 accesos de usuarios ajenos a la empresa en sistemas de nominación de combustibles, ampliando el problema desde los precios hacia el control operativo.

El margen de Paz dependerá de demostrar que la segmentación mejora el suministro sin trasladar el costo a los pequeños productores. Por ahora, el Gobierno conserva el núcleo del ajuste: grandes compradores pagan un valor ligado a la importación y sectores protegidos mantienen Bs 9,80. Si la intervención de la ANH ordena la distribución y desaparecen las filas, la reforma gana espacio; si la escasez persiste, aumentará la presión por nuevas excepciones.