Omar García Harfuch confirmó este 4 de septiembre que el coche bomba detonado el 30 de agosto frente a la Policía Municipal de Ojocaliente llevaba aproximadamente 200 kilos de material explosivo. La explosión ocurrió a las 19:50, dejó 11 heridos y dañó viviendas, vehículos e instalaciones policiales. La investigación vincula el ataque con la disputa entre células del CJNG y el Cártel del Pacífico; ya hay tres detenidos.
La magnitud cambia la lectura del episodio porque no fue solo una explosión contra una comisaría. La SSPC precisó que en la actual administración se identificaron 23 agresiones con explosivos en Zacatecas y solo seis emplearon vehículos. En Ojocaliente hubo daños severos en 10 viviendas, afectaciones menores en otras 53 y daños en 15 vehículos. News Digitales ya había seguido esa adaptación en los vehículos blindados artesanales de los cárteles.
El vehículo tenía reporte de robo en Jalisco y fue acondicionado como artefacto explosivo improvisado. Tras el atentado, fuerzas federales y estatales detuvieron a Juan Pedro N., a quien aseguraron un explosivo artesanal y una granada de fragmentación, además de cargadores, droga y ponchallantas. Nada de eso prueba que los 200 kilos fueran de grado militar: la autoridad no publicó su composición ni su origen.
El cambio táctico está documentado más allá de Zacatecas. En Michoacán, el Gobierno federal contabilizó 625 artefactos explosivos improvisados desde noviembre de 2025 hasta el 3 de julio de 2026 y desplegó operaciones de desminado, además de proyectar vehículos antiminas y drones de detección. Coches bomba, minas y cargas adaptadas a drones permiten atacar a distancia y ampliar el riesgo para policías, militares y civiles.

La explosión dañó viviendas, vehículos y la sede policial de Ojocaliente.
La discusión sobre terrorismo requiere una precisión jurídica. Estados Unidos ya designó en febrero de 2025 al CJNG y al Cártel de Sinaloa como organizaciones terroristas extranjeras. México mantiene otra posición: Claudia Sheinbaum sostiene que su legislación los encuadra como delincuencia organizada y rechaza que esa clasificación habilite una intervención. Estos ataques intensifican el debate político, pero no crean por sí solos una nueva categoría legal.

El atentado llevó una carga explosiva de gran escala a una zona urbana.
El siguiente punto será reconstruir la cadena que permitió robar, preparar, trasladar y detonar el vehículo sin ser detectado. Las autoridades buscan a más participantes y deben determinar la composición de los explosivos, sus proveedores y la coordinación entre las células implicadas. Ojocaliente confirma un umbral táctico: grupos capaces de combinar inteligencia, vehículos, explosivos y control territorial obligan al Estado a responder con capacidades técnicas antes excepcionales.