Ecuador defendió el 4 de septiembre las tres interdicciones y hundimientos ejecutados por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones ecuatorianas en el Pacífico oriental. El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que las operaciones derivan de investigaciones conjuntas sobre logística del narcotráfico. Familiares de tripulantes rechazan esa versión y afirman que eran pescadores, pero sus planteos no pudieron verificarse de forma independiente.
La discusión pasó del plano militar al judicial después del regreso de 28 tripulantes a Manta. Nueve pertenecían al Conquista II y 19 al OM2; la Armada informó que otros ocho del Conquista II seguían retornando. Un juez admitió un hábeas corpus relacionado con ese barco y pidió información sobre custodia, traslados y restricciones de libertad, ampliando la cobertura previa de NewsDigitales.
Un pesquero puede ser una embarcación de trabajo y, al mismo tiempo, un nodo logístico para otras naves. Para demostrar esa segunda función hacen falta identidad registral, trayectoria, contactos con lanchas rápidas, transferencias de combustible o suministros, comunicaciones, videos y bitácoras. OFAC identificó en agosto diez pesqueros ecuatorianos como activos bloqueados vinculados a la red y publicó identificadores específicos para cada uno.
El punto débil de la explicación oficial sigue siendo la evidencia pública que conecta cada barco hundido con esa red. El Comando Sur afirma que su inteligencia confirmó apoyo a Los Choneros y que sus fuerzas abordaron y registraron las naves, pero no exhibe el material subyacente. Además, OFAC incluye un buque llamado Conquista, sin demostrar públicamente que sea el mismo Conquista II intervenido el 2 de septiembre.

El control judicial puede determinar qué parte de esa inteligencia puede transformarse en prueba utilizable en Ecuador. El juez pidió preservar comunicaciones, videos, fotografías, radares, GPS, bitácoras y órdenes operativas, además de reconstruir la custodia de los ocupantes. La audiencia estaba convocada para este sábado a las 10:00 en Manta; al cierre no aparecía una resolución pública indexada sobre liberaciones, imputaciones o archivo.

La siguiente prueba será identificar cada embarcación con sus registros y enlazar su ruta con hechos concretos de abastecimiento o tráfico. Si las autoridades aportan esos datos, la acusación podrá avanzar desde la inteligencia reservada hacia responsabilidades individuales; si no, persistirá la disputa sobre los hundimientos. También deberá aclararse qué autoridad recibió a cada tripulante y bajo qué fundamento jurídico quedó sometido a custodia o investigación.