Las plataformas colombianas de derechos humanos presentaron el 9 de septiembre un balance que retoma una cifra central sobre seguridad: los grupos armados ilegales pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026. El aumento equivale al 90% y coincide con el consolidado de la Fundación Ideas para la Paz a partir de datos oficiales.
La cifra no equivale por sí sola a combatientes armados, cantidad de organizaciones ni municipios bajo dominio ilegal. News Digitales ya había advertido que el próximo gobierno recibiría más de 27.000 integrantes y un mapa fragmentado. El nuevo balance precisa la escala final y permite contrastarla con la presencia geográfica reportada por las organizaciones.
El Clan del Golfo pasó de 4.061 integrantes en 2022 a 10.268 en julio de 2026, un salto del 152%. El ELN aumentó de 5.851 a 7.123, un 22%. La información estadística del Ministerio de Defensa permite seguir resultados operacionales, pero el tamaño de estas estructuras incluye también redes de apoyo y capacidades logísticas, no únicamente personas en combate.
Las disidencias requieren otra lectura porque varias facciones se separaron durante el cuatrienio. El antiguo Estado Mayor Central tenía 3.576 integrantes en 2022; en 2026 la estructura de Iván Mordisco registraba 4.480 y la de Calarcá 3.001. La CNEB alcanzaba 2.359 y la Segunda Marquetalia 584. En territorio, las plataformas ubican al Clan del Golfo en al menos 429 municipios y a las disidencias de las FARC en 376.

Las cifras no prueban que la Paz Total explique por sí sola todo el crecimiento. La FIP identifica factores estructurales, economías ilegales, fragmentación y fallas acumuladas de seguridad, aunque considera que algunos ceses al fuego pudieron facilitar expansiones locales. La Defensoría del Pueblo define presencia por accionar, injerencia, tránsito o tercerización, una metodología que no equivale a control territorial pleno.

El desafío para el nuevo gobierno será reducir al mismo tiempo tamaño, presencia municipal y disputas entre estructuras. La administración de Abelardo De La Espriella ya cerró varios procesos heredados y ordenó recuperar control estatal mediante operaciones ofensivas. El próximo balance deberá mostrar si esa estrategia produce una contracción sostenida, porque capturas, decomisos o bajas aisladas no demuestran por sí mismas que una organización haya perdido capacidad para reclutar, financiarse y ocupar corredores.