14/09/2026 - Edición Nº1315

Política

Mar Argentino

Malvinas: quiénes son los dos abogados que denunciaron a 7 pesqueras

14/09/2026 | La presentación de Reset Republicano: el pedido a Prefectura Naval y el historial contra Milei, Caputo y más.


por Redacción NewsDigitales


Dos abogados presentaron este lunes por la mañana una denuncia penal por contrabando contra un grupo de empresas pesqueras extranjeras que operan en el mar argentino con permisos que emite la administración británica de las Islas Malvinas.

La causa quedó en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway. Los denunciantes son José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano.

No es una denuncia del Gobierno. Es una presentación privada, hecha por dos particulares, que llega justo cuando el Poder Ejecutivo termina de redactar su propio proyecto de ley sobre Malvinas.

Quiénes son Magioncalda y Fazio

Retrato de José Luis Magioncalda, vestido de traje, en un balcón con una plaza de fondo.

José Magioncalda, uno de los dos abogados que denunció a siete pesqueras españolas que operan en el Mar Argentino con licencias otorgadas por la administración británica en las Islas Malvinas.

Los dos son abogados recibidos en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y los dos pasaron antes por las aulas del Colegio Nacional de Buenos Aires. En sus redes se definen con la misma palabra: "loperfidistas", por Darío Lopérfido, el gestor cultural y secretario de Cultura de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa que murió en febrero de este año.

Magioncalda tiene su propio estudio desde 1995 y da clases sobre transparencia y políticas anticorrupción en la UBA. Escribió un libro sobre publicidad oficial, fue asesor en la Legislatura porteña, en la Cámara de Diputados y en el Ministerio de Cultura porteño, e integró el consejo asesor ad honorem de la Oficina Anticorrupción.

Su marca registrada son las denuncias. Durante años dirigió el equipo legal de la Fundación Apolo, una ONG creada en 2016 que lleva más de 135 presentaciones judiciales contra la corrupción. En 2023, los bloques de Juntos por el Cambio lo propusieron para integrar la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Milita en Republicanos Unidos, el partido del legislador porteño Yamil Santoro.

Este lunes a la mañana, apenas presentó el escrito, lo festejó en X: "Quizá la denuncia más hermosa que haya presentado en mi vida".

También usa esa red para expresar sus ideas. El viernes le apuntó a Donald Trump -"incentiva el conflicto para sacar provecho de la ubicación estratégica que tiene Malvinas"- y el sábado le contestó a un mensaje de Santiago Caputo sobre el respeto a los militares con una sola línea: "Y si. Pensar que uds les destruyeron la obra social".

Selfie del abogado Juan Martín Fazio, con un saco a rayas, delante de una ventana.

Juan Martín Fazio, uno de los dos abogados que denunció a siete pesqueras españolas que operan en el Mar Argentino con licencias otorgadas por la administración británica en las Islas Malvinas.

Fazio tiene otro perfil. Ejerce la abogacía desde 1999, pero su trabajo diario es distinto: es subgerente de Atención al Público en la Mesa General de Entradas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y trabaja como Scrum Master, un rol que consiste en coordinar equipos y destrabar tareas. Coordinó además el equipo de Derecho Administrativo y Acceso a la Información de la Fundación Apolo. Firma casi todos los escritos junto a Magioncalda.

Reset Republicano, el espacio que integran los dos, se define en sus propias presentaciones judiciales como "una agrupación política del centro republicano comprometida con la lucha anticorrupción".

A quiénes denunciaron antes

La lista cruza gobiernos:

  1. Al ministro Federico Sturzenegger, por un contrato de $114 millones que la Cancillería adjudicó a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por su esposa.
  2. Al ministro de Economía Luis Caputo y a autoridades de Vialidad Nacional, por el estado de las rutas.
  3. Al jefe de Gabinete Manuel Adorni, por no presentarse ante el Congreso.
  4. Al presidente Javier Milei, por el uso de fondos públicos en su gira por Brasil y por su discurso en la escuela ORT.
  5. Al Gobierno, por frenar el ascenso de la jueza Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
  6. A Cristina Kirchner, por sus beneficios previsionales.
  7. A Alberto Fernández, con causas como el Vacunatorio VIP y el Olivos Gate.

Magioncalda es, además, el abogado defensor de Gastón Guerra, uno de los imputados de Revolución Federal, investigada por la Justicia debido a su rol en la agitación de un clima de violencia social y por amenazas e hostigamientos directos contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la previa al atentado.

Qué dicen del negocio pesquero

Islas Malvinas.

"Las llamadas 'licencias de pesca', en realidad, son verdaderas patentes de corso otorgadas para destruir el patrimonio ictícola de la República Argentina", dice el escrito. Una patente de corso era el permiso que un Estado le daba a un barco privado para atacar y saquear embarcaciones enemigas.

En sus redes fueron más directos: hablaron de empresas que operan "bajo licencia trucha expedida por la 'autoridad' colonial británica".

A qué empresas denunciaron

Barco pesquero navegando en el Mar Argentino.

Denuncias contra siete compañías españolas por la pesca en el Mar Argentino a raíz de licencias otorgadas por la administración británica de las Islas Malvinas.

Son siete compañías españolas, la mayoría gallegas, asociadas a sociedades mixtas armadas en las islas:

  • Lanzal (buque Monteferro)
  • Grupo Pereira (Argos Cíes y Argos Berbés)
  • Pescapuerta (Falcon, Prion y Robin M. Lee)
  • Copemar (Hadassa Bay)
  • Ferralmes (Castelo)
  • Hermanos Touza.
  • Moradiña.

Ninguna respondió públicamente hasta el cierre de esta nota.

Qué le piden a la Justicia

Buque de la Prefectura Naval Argentina: piden que entreguen los reportes de avistaje de las flotas españolas que operan en el Mar Argentino con licencias de la administración británica de las Islas Malvinas.
  • Que la Prefectura Naval Argentina y el INIDEP entreguen los reportes de avistaje de esas flotas.
  • Que la Aduana informe si esas empresas exportaron o pagaron aranceles.
  • Que la Inspección General de Justicia revise qué filiales y bienes tienen en el país.
  • Que se cite a indagatoria a los directivos y se traben medidas cautelares sobre sus buques.

También pidieron investigar si funcionarios argentinos omitieron tareas de vigilancia y patrullaje.

Por qué llega justo ahora

Esta semana entra a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Hoy la ley 26.659 solo castiga la explotación de petróleo sin permiso argentino, y el Gobierno evalúa extender esas sanciones a la pesca.

La diferencia entre los dos negocios es el tiempo: el petróleo del proyecto Sea Lion todavía no se extrae, mientras que la pesca con licencias británicas funciona desde hace décadas y explica alrededor del 40% de la economía de las islas.

TM

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