Brasil prepara una modificación profunda del mercado de apuestas que reguló plenamente hace menos de dos años. El Gobierno trabaja en una medida para prohibir los casinos online, aunque mantendría legales las apuestas deportivas y los contratos de patrocinio con clubes y competiciones. El texto definitivo todavía no fue publicado y las discusiones dentro del Ejecutivo continúan.
La distinción es importante porque actualmente ambos productos forman parte de una misma arquitectura regulatoria. La Ley 14.790 permite que las apuestas de cuota fija tengan como objeto tanto acontecimientos deportivos reales como eventos virtuales de juegos online. Desde enero de 2025, únicamente los operadores autorizados por la Secretaría de Premios y Apuestas pueden ofrecer estos servicios a escala nacional, mediante dominios terminados en .bet.br.
En la práctica, buena parte de las empresas autorizadas combina apuestas deportivas y juegos de casino dentro de una misma plataforma. Según la Asociación Nacional de Juegos y Loterías, citada por Reuters, aproximadamente tres cuartas partes de los ingresos de esas compañías proceden de los juegos de casino. Si la prohibición finalmente conserva las apuestas deportivas, las empresas podrían seguir operando, pero con una estructura de ingresos sustancialmente distinta.
Ese punto abre uno de los principales interrogantes regulatorios. El Ministerio de Hacienda informó en agosto que existen 85 empresas habilitadas para explotar apuestas de cuota fija. Cada autorización exige una concesión de R$30 millones, permite operar hasta tres marcas y tiene una vigencia de cinco años. El Gobierno otorgó esas autorizaciones bajo un marco que expresamente incluía los juegos online.

La eventual prohibición también coincidiría con una ofensiva reciente contra las plataformas sin autorización. Apenas el 14 de septiembre, la Secretaría de Premios y Apuestas aprobó nuevas normas para dificultar que operadores ilegales utilicen cuentas bancarias y sistemas de pago brasileños. El país lleva desde 2025 construyendo mecanismos tecnológicos, financieros y administrativos destinados a separar las plataformas autorizadas de las clandestinas.

El cambio obligaría, por tanto, a rediseñar parte de un sistema que hasta ahora buscaba regular las dos actividades conjuntamente. Hacienda calcula un gasto anual de unos R$60.000 millones en apuestas y que el sector generó cerca de R$10.000 millones para el Estado durante el último año entre impuestos y tasas. La industria sostiene que modificar licencias ya concedidas podría generar litigios e indemnizaciones, una afirmación de las propias empresas que todavía no ha sido validada judicialmente. El alcance real dependerá del texto que finalmente publique el Gobierno y de su posterior tramitación institucional.