El acuerdo que Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia esperan firmar la próxima semana puede alterar la arquitectura de seguridad de la isla sin modificar necesariamente quién ejerce soberanía sobre ella. Los tres gobiernos anunciaron el 18 de septiembre que el entendimiento reforzará la seguridad del Ártico y del Atlántico Norte y que, una vez firmado durante la Asamblea General de la ONU, deberá atravesar los procedimientos parlamentarios correspondientes. Copenhague y Nuuk sostienen que preservará la integridad territorial del Reino y el derecho de autodeterminación groenlandés.
La pregunta más concreta pasa entonces por qué podrá hacer Washington dentro de Groenlandia. Donald Trump presentó el entendimiento como una fórmula que permitiría a Estados Unidos actuar de manera permanente en materia de seguridad y aseguró que impediría bases de países adversarios y determinadas inversiones estratégicas. Sin embargo, el texto completo todavía no fue publicado y Reuters señaló que siguen sin conocerse aspectos centrales, entre ellos la magnitud de la futura presencia militar y el alcance exacto de esas restricciones.
La presencia estadounidense no comienza con este acuerdo. El marco de defensa de 1951 permitió instalaciones militares de Estados Unidos en Groenlandia dentro del sistema de seguridad de la OTAN. Una modificación firmada en 2004 dejó a la entonces base de Thule, hoy Pituffik Space Base, como la única zona de defensa estadounidense permanente y estableció mecanismos de consulta con las autoridades danesas y groenlandesas para cambios importantes en las operaciones o instalaciones.
Por eso, uno de los datos decisivos del nuevo pacto será saber si aparecen nuevas zonas militares, nuevas instalaciones o capacidades vinculadas a defensa antimisiles. El 18 de septiembre que durante las negociaciones se discutió la posible utilización del territorio groenlandés para Golden Dome, el sistema estadounidense de defensa antimisiles, así como fórmulas para limitar la presencia china. Ninguno de esos puntos figura todavía con ese nivel de detalle en el comunicado oficial conjunto.

El otro límite está bajo tierra. Groenlandia administra su propio régimen minero: su Gobierno cuenta con una Autoridad de Recursos Minerales que tramita exploración y explotación y aplica la legislación groenlandesa. Las licencias para desarrollar yacimientos son concedidas por las autoridades locales y el marco vigente establece procedimientos ambientales, sociales y de consulta antes de llegar a la explotación.

Eso vuelve especialmente importante distinguir entre bloquear inversiones consideradas sensibles por razones de seguridad y transferir a Washington el control de los recursos naturales. Hasta que aparezca el texto definitivo, no existe base pública suficiente para afirmar lo segundo. El pacto puede ampliar considerablemente el margen operativo militar estadounidense, pero deberá aclarar cómo convivirán esas facultades con las competencias groenlandesas sobre minería y desarrollo económico. El verdadero alcance se conocerá cuando se publiquen las cláusulas sobre nuevas instalaciones, Golden Dome, inversiones extranjeras y los mecanismos de aprobación política.