Marruecos celebrará este miércoles 23 de septiembre sus duodécimas elecciones legislativas desde la independencia. Los ciudadanos elegirán los 395 integrantes de la Cámara de Representantes, la cámara baja del Parlamento, para un mandato de cinco años. El registro electoral reúne a 15.801.162 personas y se presentaron 7.288 candidaturas distribuidas en 1.850 listas. Los resultados provisionales comenzarán a conocerse desde el jueves 24.
El voto es directo y por listas bajo un sistema de representación proporcional. De los 395 escaños, 305 corresponden a circunscripciones locales y 90 a circunscripciones regionales, cuyas listas están integradas exclusivamente por mujeres en estos comicios. Los electores no renovarán mañana la Cámara de Consejeros, la segunda cámara del Parlamento, cuyos miembros son elegidos indirectamente y cumplen mandatos de seis años.
La elección sí tiene una consecuencia directa sobre quién encabezará el próximo Ejecutivo. La Constitución de 2011 establece que el rey debe nombrar como jefe de Gobierno a una persona perteneciente al partido que termine primero en las elecciones, teniendo en cuenta sus resultados. Los demás integrantes del gabinete son nombrados posteriormente por el monarca a propuesta del jefe de Gobierno. Una vez formado, el Ejecutivo debe presentar su programa ante el Parlamento y obtener la confianza de la mayoría absoluta de la Cámara de Representantes.
Por eso, la distribución de escaños puede modificar la mayoría parlamentaria, las alianzas necesarias para sostener al Ejecutivo y las políticas que el Gobierno intente llevar adelante. La Cámara legisla, aprueba el presupuesto, controla la actuación gubernamental y evalúa las políticas públicas. La campaña llega además en un contexto en el que empleo, salarios, vivienda, sanidad y educación figuran entre las preocupaciones centrales recogidas por las distintas fuerzas y por la cobertura previa a la votación.
La votación, sin embargo, no convierte a Marruecos en un sistema parlamentario en el que el monarca desempeña únicamente funciones ceremoniales. La Constitución reserva a Mohamed VI atribuciones concretas. El rey preside el Consejo de Ministros, donde se debaten las orientaciones estratégicas del Estado, cuestiones militares, declaraciones de guerra, reformas constitucionales y determinados nombramientos de alto nivel. También es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, preside el Consejo Superior de Seguridad, acredita a los embajadores y puede disolver una o las dos cámaras del Parlamento dentro de las condiciones previstas constitucionalmente. En el ámbito religioso es, además, Amir Al Mouminine, Comendador de los Creyentes.

El sistema surgido de la Constitución de 2011 distribuye así el poder entre instituciones electas y la Corona. El Gobierno ejerce constitucionalmente el poder ejecutivo y el Parlamento dispone de competencias legislativas y de control, pero el rey conserva intervención en la formación del Ejecutivo y competencias propias en áreas estratégicas. Las urnas del miércoles pueden cambiar la composición parlamentaria, el partido del próximo jefe de Gobierno y la orientación de numerosas políticas públicas; no someten a elección la monarquía ni modifican por sí mismas las atribuciones constitucionales del rey.