Para un venezolano que quiere saber cuándo podrá volver a elegir presidente, la frase pronunciada ante Naciones Unidas todavía deja sin responder la pregunta más sencilla: qué día habrá elecciones. Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela volverá a las urnas, pero no presentó una fecha tentativa ni un cronograma para iniciar el proceso.
Rodríguez dijo ante la Asamblea General que su Gobierno inició conversaciones con sectores opositores y que pretende garantizar condiciones de participación para todas las fuerzas políticas. También presentó el proceso como una transición hacia una democracia plena. Hasta el 25 de septiembre, sin embargo, esa promesa no estaba acompañada por un calendario público.
La diferencia de fechas es sustancial. Phil Gunson, analista de International Crisis Group citado por Reuters, señaló que el calendario constitucional llevaría la próxima presidencial a 2030, mientras sectores opositores reclaman celebrarla en 2027. El Gobierno interino no se comprometió con ese último plazo.
Tampoco está resuelta la participación de todos los dirigentes. María Corina Machado permanece fuera de las conversaciones y continúa inhabilitada para presentarse como candidata. La oposición también plantea que un proceso competitivo requiere cambios institucionales, incluida la conformación de autoridades electorales y judiciales con autonomía.

La administración de Donald Trump ha sostenido que Venezuela necesita estabilizar su economía antes de celebrar las elecciones. Al mismo tiempo, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que el proceso apoyado por Washington debe culminar en una elección libre y justa. Trump y Rodríguez también avanzaron esta semana en conversaciones sobre deuda y reconstrucción económica.

La discusión, por tanto, ya no pasa únicamente por la promesa de que habrá una elección. Los próximos datos verificables serán la fecha, las autoridades encargadas de organizarla, las condiciones de participación y las habilitaciones de los candidatos. Mientras esos elementos no estén definidos, Venezuela tiene el compromiso público de volver a las urnas, pero no un calendario que permita saber cuándo ocurrirá