Reformar la Ley contra el Odio reabre el debate sobre los límites del poder penal

Delcy Rodríguez solicitó a la Asamblea Nacional reformar parcialmente la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con el objetivo declarado de avanzar en la despenalización de los tipos penales contenidos en la norma. La petición, fechada el 28 de septiembre, fue conocida públicamente este 29 de septiembre y plantea que la modificación sea tramitada con carácter de urgencia. 

La discusión no es menor. El artículo 20 de la legislación vigente establece penas de 10 a 20 años de prisión para quien públicamente fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra determinadas personas o grupos. La ley también contiene restricciones para medios y redes sociales, contempla la revocación de concesiones y permite el bloqueo de portales bajo determinados supuestos. 

El problema no es sentir, sino convertir conceptos imprecisos en delitos

Un Estado no puede entrar en la conciencia de una persona y sancionarla por experimentar odio, amor, rechazo o cualquier otra emoción. Jurídicamente, la ley venezolana no castiga literalmente el sentimiento privado, sino determinadas expresiones y conductas públicas asociadas con él. El problema aparece cuando conceptos tan subjetivos como “odio” o “intolerancia” forman parte de un tipo penal sin una delimitación suficientemente estricta y pueden terminar dependiendo de la interpretación de las autoridades.

Esa preocupación ha sido planteada durante años por organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo que la norma utiliza formulaciones vagas, permite interpretaciones discrecionales y puede afectar la libertad de opinión y expresión. Human Rights Watch y Amnistía Internacional también documentaron procesos contra personas por expresiones críticas o disidentes. En 2026, la CIDH volvió a señalar un caso en el que una persona fue condenada por incitación al odio después de grabar y denunciar un incidente con funcionarios policiales. 

Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela.

He solicitado a la Asamblea Nacional la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para avanzar en la despenalización de los tipos penales pic.twitter.com/FxlzX9gFkS

— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 29, 2026

Proteger a las personas no exige criminalizar el pensamiento

La libertad de expresión tampoco implica que cualquier conducta deba quedar impune. El derecho internacional permite prohibir determinadas formas de incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Sin embargo, Naciones Unidas establece un umbral elevado: deben analizarse el contexto, la intención del emisor, el contenido, su alcance y la probabilidad de que el mensaje provoque consecuencias concretas. Cuando ese umbral no se cumple, la propia ONU advierte contra la utilización del derecho penal. 

Por eso, la cuestión de fondo de una reforma no pasa simplemente por sustituir penas o cambiar palabras. El desafío jurídico consiste en separar con claridad una opinión, incluso ofensiva o desagradable, de una verdadera incitación a cometer actos contra otras personas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha recordado que la libertad de expresión protege incluso ideas consideradas profundamente ofensivas y que el debate político merece una protección especialmente amplia. También organismos de Naciones Unidas han advertido que las normas contra el odio no deben convertirse en un pretexto para restringir la protesta, el descontento social o la oposición. 

La experiencia venezolana explica por qué esa frontera importa. Una legislación destinada nominalmente a proteger la convivencia puede terminar restringiéndola si entrega al poder público una categoría suficientemente abierta para decidir qué opiniones resultan tolerables. Una reforma que establezca tipos penales precisos, exija intención y riesgo concreto y preserve expresamente la crítica política reduciría ese margen de discrecionalidad. La convivencia democrática no requiere que todos piensen igual ni que desaparezcan las emociones negativas: requiere que las diferencias puedan expresarse sin que el desacuerdo, por sí mismo, se transforme en delito.