INSEGURIDAD
05/10/2026 - Edición Nº1336
Agro
CON UN PETITORIO
Bronca de productores de Entre Ríos ante el delito rural: “El Estado de derecho no existe”
05/10/2026 | Junto a dirigentes rurales se reunieron con la Policía y presentaron un petitorio con los reclamos.
Productores de Entre Ríos piden respuestas ante el avance del delito rural
por Redacción NewsDigitales
En Entre Ríos, cerca de un centenar de productores y representantes de entidades rurales se reunieron para reclamar medidas urgentes frente al avance “descontrolado” del delito rural y los ingresos no autorizados a establecimientos productivos. El encuentro se realizó en el departamento La Paz y terminó con un petitorio dirigido a autoridades policiales y judiciales.
La protesta reunió a representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA) Filial Entre Ríos, la Sociedad Rural Argentina (SRA) Distrito Entre Ríos y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), quienes plantearon la necesidad de mejorar la prevención, acelerar las investigaciones y lograr condenas para los responsables de los hechos denunciados.
El reclamo llega mientras a nivel nacional avanza el debate legislativo sobre el denominado vandalismo rural, una discusión que puso nuevamente en primer plano los límites de la propiedad privada, el ingreso no autorizado a campos y la necesidad de contar con herramientas específicas para proteger a los productores.
Más recursos para la vigilancia de la Policía Rural
Durante la reunión, los productores destacaron la tarea que realizan los efectivos de la Policía Rural, aunque reclamaron mayor equipamiento para que puedan desarrollar tareas de prevención y respuesta en zonas extensas y de difícil acceso.
Entre los pedidos concretos aparecen los drones térmicos y las miras nocturnas para los destacamentos, herramientas que, según plantearon, permitirían mejorar la vigilancia durante la noche y detectar movimientos dentro de los establecimientos rurales.
También solicitaron la instalación de cámaras de seguridad en rutas, caminos rurales y accesos, conectadas a un sistema de monitoreo y control policial que permita identificar movimientos y acelerar la respuesta ante una situación delictiva.
Productores y dirigentes rurales junto a autoridades policiales de Entre Ríos El reclamo alcanza especialmente a las zonas agropecuarias ubicadas en cercanías de Bovril, Avigdor, Sauce de Luna, Santa Elena, La Paz y Villaguay.
El reclamo apunta también a la Justicia
Los productores no limitaron el planteo a la prevención policial. Una parte central del petitorio estuvo dirigida a los funcionarios judiciales, a quienes reclamaron que investiguen las denuncias realizadas, impulsen las causas y lleguen a sentencias contra quienes resulten responsables.
Desde el sector sostuvieron que la reiteración de hechos sin una respuesta efectiva genera una situación en la que los productores sienten que quedan expuestos dentro de sus propios establecimientos
En ese sentido, el documento advierte que la falta de respuestas hace que los productores rurales continúen viviendo “como si el Estado de derecho no existiera”.
La firma del petitorio estuvo encabezada por Matías Martiarena, Sebastián Klug y Marcelo Schreiner, por FAA Entre Ríos; Mariano Berisso y Mayda Spiazzi, por SRA Entre Ríos; y Maximiliano Müller, por FARER, con el acompañamiento de los productores presentes.
Del pedido entrerriano al debate nacional
El planteo entrerriano se suma así a una discusión que excede a una provincia y que en las últimas semanas también llegó al Congreso: cómo responder frente a los daños, ingresos no autorizados y otras situaciones que los productores engloban dentro del concepto de vandalismo rural.
La discusión legislativa busca avanzar sobre herramientas para proteger los establecimientos productivos y reforzar la defensa de la propiedad privada, mientras las entidades rurales vienen planteando que el problema no se limita a los daños materiales, sino que también involucra la seguridad de quienes viven y trabajan en los campos.
En Entre Ríos, el reclamo tomó una forma concreta: más prevención, equipamiento para la Policía Rural, cámaras en los accesos y, especialmente, que las denuncias realizadas lleguen a investigaciones y condenas.
La demanda de los productores entrerrianos pone así el foco en uno de los puntos centrales de la discusión nacional: qué capacidad tiene el Estado para garantizar la seguridad y la propiedad privada dentro de los establecimientos rurales.
