"Defendamos a la gente de campo": el Congreso avanza con la ley contra el vandalismo

La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados abrió el martes el debate sobre el proyecto de Vandalismo Rural con una fuerte presencia de las entidades agropecuarias.

En ese marco, los representantes de la Mesa de Enlace y otros representantes del sector reclamaron herramientas para prevenir robos, daños e ingresos no autorizados a los establecimientos, pero también plantearon una preocupación más profunda: la inseguridad que viven las familias que producen y habitan en el campo y el riesgo de que una intrusión termine escalando a un delito más grave.

El debate llega además en un momento en que la problemática volvió a quedar expuesta en la provincia de Buenos Aires. En Azul, un episodio entre un productor y un galguero que había ingresado sin autorización a un campo terminó con uno de los perros muerto y un fuerte cruce que se viralizó en redes sociales. El caso reavivó la discusión sobre cómo prevenir estos ingresos y evitar que situaciones de este tipo terminen escalando en violencia.

La reunión en Diputados estuvo encabezada por Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y reunió a representantes de Federación Agraria, Sociedad Rural , CONINAGRO, CRA, CARBAP y Fundación Barbechando.

Del lado legislativo participaron diputados de distintos bloques, en una muestra de consenso alrededor de la necesidad de actualizar las herramientas penales y procesales frente a los delitos rurales.

El proyecto propone incorporar al Código Penal una figura específica de intrusión rural, con penas de uno a doce meses de prisión para quienes ingresen sin autorización a predios delimitados por alambrados, tranqueras o carteles de exclusión. También contempla agravantes para daños sobre infraestructura productiva, como silobolsas, sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados.

Pero durante la reunión quedó claro que el reclamo del sector no solo apunta a endurecer las penas.

“Es momento de dar igualdad”

Uno de los testimonios fuertes fue el de Ignacio Kovarsky, expresidente y actual secretario de CARBAP, quien planteó el debate desde una perspectiva que excede al delito rural.

“Es momento de dar igualdad. Necesitamos que se marque la cancha y creo que este proyecto nos va a dar igualdad”, sostuvo.

Kovarsky comparó la situación de quienes viven en establecimientos rurales con la de quienes habitan en los pueblos y ciudades. “En el campo pasa lo mismo que en los pueblos, la seguridad es una materia pendiente”, afirmó.

Para el dirigente, mejorar las condiciones de seguridad también es una política de arraigo. “Tenemos que dejar de amontonarnos en las grandes urbes y que el campo sea poblado y seamos esa Argentina productiva que da oportunidad a todos”, planteó.

En la misma línea, Eloísa Frederking, vicepresidenta segunda de la Sociedad Rural Argentina, buscó dejar en claro que el sector no reclama un régimen especial.

“El campo argentino no reclama una protección privilegiada, reclama una protección eficaz”, afirmó.

La dirigente vinculó directamente seguridad, inversión y arraigo. “La libertad de producir requiere seguridad, la inversión requiere previsibilidad, el trabajo necesita que las personas, los bienes y la infraestructura estén protegidos y la propiedad privada exige que su titular pueda excluir a quien pretende ingresar contra su voluntad”, sostuvo.

Frederking también puso el foco en las consecuencias sociales de la inseguridad. “Cuando una familia abandona el campo porque ya no se siente segura no se pierde únicamente una unidad productiva. Se debilita una comunidad, se vacía una escuela, disminuye la actividad de un pueblo y se rompe una historia de pertenencia construida durante generaciones”, advirtió.

El ingreso que puede ser el primer paso

La discusión sobre la intrusión rural fue uno de los puntos centrales de las exposiciones. César Guatti, representante de CRA y de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, advirtió que el ingreso no autorizado a un establecimiento no debería ser considerado necesariamente una conducta menor.

El ingreso deliberado y no autorizado a un establecimiento rural no siempre constituye una conducta menor

Guatti recordó casos de homicidios ocurridos en Corrientes y Misiones para explicar por qué considera necesario que las fuerzas de seguridad puedan intervenir antes de que se concrete un delito mayor.

“Entre Rudy Weber y Pitoy Díaz pasaron seis años. Cambiaron las provincias, cambiaron las víctimas, cambió la modalidad, pero no cambió un elemento esencial: delincuentes que ingresaron clandestinamente a los establecimientos rurales aprovechando aislamiento, distancia y dificultades de respuesta”, sostuvo.

Su planteo fue que el Estado pueda actuar “desde el primer acto inequívocamente ilícito”, sin esperar a que se produzca un robo, un daño o un ataque contra las personas.

Claudio Angeleri, vicepresidente de Federación Agraria Argentina, también puso el foco en las familias que están detrás de cada establecimiento. “Detrás de una tranquera, de un campo, de un alambrado hay no solo producción sino familias que viven ahí”, afirmó.

El dirigente sostuvo que la falta de herramientas preventivas genera un hostigamiento permanente y remarcó que en la provincia de Buenos Aires existe una demora en las tareas que deben realizar tanto los gobiernos como las fuerzas policiales.

“No es solo por los robos sino por los saldos que puede dejar la intromisión de personas que no están autorizadas a entrar dentro de los establecimientos”, planteó.

Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO, llevó la discusión hacia los pequeños productores y las economías regionales.

“Hay muchos lugares recónditos en donde una persona necesita tener las mismas garantías que tiene cualquier persona que habita, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires”, afirmó.

Para Magnano, los productores que trabajan en esos territorios no solamente generan actividad económica. “Están generando soberanía para la Argentina”, sostuvo, y pidió que el proyecto permita dotar a la Justicia de las herramientas necesarias para actuar.

Santo Rosati, en representación de CARBAP, llevó el debate directamente a la provincia de Buenos Aires y aportó estadísticas sobre la magnitud del problema.

Según expuso, entre julio de 2025 y julio de 2026 se registraron 4.487 delitos rurales en territorio bonaerense, incluidos diez homicidios.

“Defendamos a la gente que está en el campo. Esa es la que nos da de comer”, reclamó.

Rosati también planteó que la reforma del Código Penal debería ser apenas el comienzo de una discusión más amplia. “No la vean pobre porque las condenas son chicas. Es lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que trabajar”, sostuvo.

Y apuntó directamente a los códigos procesales provinciales: “El próximo paso, muchachos, son los códigos procesales, que es ahí donde los jueces anidan las defensas ocultas de toda esta cuestión”.

Carolina Baldussi, abogada especialista y miembro de Fundación Barbechando, aportó una mirada técnica al debate y sostuvo que el proyecto no pretende otorgar una protección superior a la propiedad rural, sino equipararla con la propiedad urbana.

La especialista también defendió que se tenga en cuenta el denominado daño funcional. La destrucción de una bomba de agua, un sistema de riego o un silobolsa, explicó, no puede medirse únicamente por el precio del objeto, porque su destrucción puede comprometer el funcionamiento de toda una explotación.

Qué dijeron los diputados

El proyecto también recibió expresiones de respaldo de legisladores de distintos bloques.

Belén Avico, de La Libertad Avanza, planteó que “romper un silobolsa, quemar un lote o sabotear una herramienta de trabajo no es una contravención menor” y reclamó un Código Penal que castigue con mayor firmeza esos hechos.

Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, habló del temor que afecta incluso a quienes tienen una historia familiar vinculada al campo y sostuvo que algunos productores llegan a evaluar desprenderse de propiedades por miedo a que sean vandalizadas.

Luis Basterra, de Fuerza Patria, aseguró que existe coincidencia sobre “la importancia de la seguridad de los productores y de las productoras en lo que es la vida rural”.

Carlos Zapata, de La Libertad Avanza por Salta, planteó una pregunta que sintetizó otro de los problemas expuestos durante la reunión: “¿Ustedes pueden concebir una policía rural sin móviles?”. El legislador relató que productores de su provincia llegaron a aportar para que la Policía tuviera un vehículo, aunque luego tampoco había recursos para combustible.

Guillermo Agüero, de la Unión por la Respuesta de Chaco, pidió avanzar con la reiterancia para evitar la denominada “puerta giratoria”.

Oscar Herrera Ahuad, de Innovación Federal, rechazó que el proyecto implique proteger a una elite y recordó que “hay un 20% de los misioneros que viven en la chacra”.

Sergio Dolce, de Fuerza Patria Chaco, destacó la experiencia de su provincia con fiscalías rurales y ambientales, a las que atribuyó una mayor capacidad para investigar delitos y recuperar ganado.

Francisco Morchio, de La Libertad Avanza por Entre Ríos, graficó el reclamo con una comparación cotidiana: “A nadie le gusta que pasen por tu jardín en tu casa de Morón. Bueno, tampoco nos gusta en el campo de Gualeguay”.

Jimena López, de Fuerza Patria por Buenos Aires, coincidió en que la reforma penal debe acompañarse con cambios procesales en las provincias. “Dependemos de fiscales que son más o son menos garantistas o que le dan más priorización a un delito que a otro”, sostuvo.

Eduardo Falcone, del MID por Buenos Aires, relató que los productores llegan a organizarse mediante grupos de WhatsApp y cambiar periódicamente sus números telefónicos por temor a los robos.

Alicia Fregonese, del PRO por Entre Ríos, respaldó la iniciativa y consideró que el proyecto representa una forma de hacer justicia frente a la problemática.

Ardohain y una advertencia sobre el campo

El cierre estuvo a cargo de Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería y uno de los impulsores de la iniciativa.

Después de escuchar a los representantes del sector, el diputado pampeano marcó una diferencia entre el debate legislativo y la realidad cotidiana de quienes viven en establecimientos rurales.

“Cada uno de los que estamos sentados acá sabemos que la realidad del campo es de incertidumbre, que hay miedo, que hay tiros por arriba de la casa”, afirmó.

AHORA en Comisión #VandalismoRural
🗣️No pedimos un privilegio para el campo.
Pedimos lo mismo que cualquier persona en cualquier ciudad da por sentado: que su casa y su trabajo estén protegidos, que si alguien entra a lastimar o a robar..

(abro hilo) pic.twitter.com/aogSirZFEU

— Martin Ardohain (@catoardohain) August 25, 2026

Ardohain sostuvo que la situación concreta de las familias rurales “es más dura” que la que puede reflejarse en los discursos, aunque destacó el consenso político alcanzado alrededor del proyecto.

“Todos sabemos de lo que estamos hablando, así que me parece muy importante el paso que estamos dando”, concluyó.

El debate dejó así un punto en común entre productores y legisladores: la discusión no pasa solamente por castigar más fuerte el robo de ganado, la rotura de un silobolsa o el daño a una instalación. También busca establecer qué puede hacer el Estado frente al ingreso no autorizado a un establecimiento, antes de que una intrusión se convierta en un delito mayor o en un episodio de violencia