Furia en Azul: Un productor mató al perro de un galguero que cazaba sin permiso

Un galguero ingresó sin autorización a un campo de Azul y terminó enfrentado con el productor del establecimiento luego de que uno de sus perros fuera baleado y muriera. El episodio, que se viralizó en redes sociales, volvió a poner bajo la lupa una problemática que preocupa cada vez más en el interior bonaerense y de todo el país: los ingresos no autorizados a campos para cazar y el riesgo de que estas situaciones terminen en episodios de violencia todavía más graves.

En el video, el joven que había ingresado con sus perros filma al productor desde su camioneta y lo acusa por la muerte del animal. “Me mató un perro, ahí está la patente”, se escucha decir mientras señala el vehículo y advierte que el ruralista  tiene en su poder una carabina.

 En otro tramo, el propio cazador reconoce que estaba en infracción por haber ingresado sin autorización, aunque cuestiona que el productor lo haya amenazado con una carabina.

“Esto no va a quedar así”, repite varias veces. Luego muestra al perro muerto y anuncia que va a escrachar al productor en las redes sociales, al que acusa de ser un “asesino” y “mata perros”.

El video también generó opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron la reacción del productor y remarcaron que el ingreso al campo se había producido sin autorización. Otros coincidieron en cuestionar la conducta del galguero por haber ingresado a una propiedad privada, pero rechazaron que el conflicto terminara con la muerte del animal. En el extremo opuesto, hubo quienes condenaron directamente la reacción del productor y consideraron injustificable que se disparara contra un perro indefenso.

El caso terminó con la muerte de un animal, pero el episodio volvió a plantear una preocupación que excede el conflicto puntual: qué herramientas existen para prevenir estos ingresos, cómo deben intervenir las fuerzas de seguridad y qué ocurre cuando una situación de caza no autorizada escala hasta convertirse en un enfrentamiento.

La discusión cobra especial relevancia porque el campo bonaerense viene denunciando episodios en los que personas ingresan a establecimientos privados sin autorización, en algunos casos armadas, acompañadas por perros y vehículos. Para los productores, el problema no pasa solamente por la caza. La presencia de desconocidos dentro de una propiedad genera además el temor de que esas incursiones puedan servir para relevar movimientos, herramientas o instalaciones con vistas a cometer otros delitos.

Esa incertidumbre, sostienen, es la que puede llevar una situación inicialmente vinculada a la caza a un escenario de mayor tensión.

El proyecto que busca endurecer las sanciones en Provincia

El episodio de Azul tuvo repercusión política. El diputado bonaerense Luciano Bugallo (Coalición Cívica) se hizo eco del video y lo vinculó con un proyecto que presentó junto a Andrés De Leo para endurecer las sanciones contra quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales con fines de caza.

“Hay que poner un freno urgente”, planteó Bugallo, quien sostuvo que este tipo de situaciones se repite en distintos puntos de la provincia y puede generar enfrentamientos entre cazadores y productores.

Por eso, con @AndresDeLeo, presentamos hace unas semanas un proyecto que endurecer penas a quienes violan la propiedad privada, dando herramientas a las Patrullas Rurales y a la Justicia, para poder actuar severamente en tiempo y forma.

¡Defensamos la propiedad privada y la…

— LUCHO BUGALLO (@LuchoBugallo) August 24, 2026

La iniciativa busca convertir estas conductas en una contravención grave contra la seguridad rural cuando se produzca el ingreso no autorizado a un establecimiento con armas de fuego o perros destinados a la caza.

La caza en campos privados sin autorización ya está prohibida por el artículo 273 del Código Rural bonaerense. Sin embargo, los autores del proyecto consideran que la legislación vigente no alcanza para desalentar estas conductas y proponen que la autorización para realizar esta actividad dependa expresamente del consentimiento escrito del propietario

El proyecto contempla multas de entre 1.000 y 20.000 Unidades Fijas, que podrían elevarse hasta 30.000 cuando exista ingreso ilegítimo a una propiedad privada. También establece decomisos de armas, perros y piezas obtenidas durante la actividad, además del secuestro preventivo de los vehículos utilizados.

Piden endurecer las sanciones contra quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales con fines de caza

A eso se suma una inhabilitación para obtener permisos de caza durante diez años, que podría extenderse a quince cuando exista ingreso ilegal al establecimiento. Las sanciones aumentarían cuando intervengan tres o más personas, la actividad se realice de noche, se utilicen vehículos, se afecten áreas protegidas o se produzcan daños materiales.

Para Bugallo, el problema excede a la actividad cinegética. “Bajo la excusa de ser cazadores se meten en los campos, hacen inteligencia y después, en muchos casos, terminan faltando cosas”, sostuvo, al vincular estas incursiones con las preocupaciones por abigeato e inseguridad rural.

El debate por la seguridad rural también llegó al Congreso

El reclamo de los productores no se limita a la provincia. La discusión también llegó al Congreso con proyectos vinculados al denominado “vandalismo rural”, entre ellos una iniciativa de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y otra presentada por el diputado nacional Martín Ardohain.

El proyecto de Ardohain apunta a modificar el Código Penal para que el ingreso no autorizado a un establecimiento rural pueda dejar de quedar reducido a una contravención.

La iniciativa propone crear la figura de “violación de domicilio rural”, con penas para quienes ingresen sin autorización a campos, establecimientos o dependencias rurales. También plantea agravantes para daños sobre silobolsas, cultivos y equipamiento productivo, además de incorporar el uso de redes sociales como agravante cuando exista instigación.

En sus fundamentos, el legislador sostiene que algunas incursiones aparentemente menores pueden funcionar como una instancia previa para delitos posteriores, al permitir relevar movimientos, herramientas, bombas de agua, paneles solares u otros elementos presentes en los establecimientos.

“Hoy ingresar sin autorización a un establecimiento rural, romper un silobolsa o provocar daños muchas veces termina siendo una contravención y no un delito”, explicó Ardohain en diálogo con NewsDigitales. “El proyecto plantea algo muy simple: que invadir una propiedad privada ya constituya un delito. Después será la Justicia la que determine la gravedad de cada caso”.

En la misma línea, desde CARBAP, Ignacio Kovarsky había advertido que muchas personas ingresan armadas y acompañadas por perros a establecimientos sin avisar a los propietarios ni a la Patrulla Rural.

Las entidades sostienen que la propiedad debe protegerse desde el alambrado y no solamente alrededor del casco del establecimiento. “No sabés si están cazando chanchos o si te van a robar. Los campos son propiedad privada y para cazar hay que tener permiso”, afirmó el dirigente rural.

El episodio de Azul expuso así una escena recurrente que podría haber tenido consecuencias mucho más graves. Esta vez el conflicto terminó con un perro muerto y un enfrentamiento verbal, pero el debate que crece en la provincia apunta a cómo prevenir los ingresos ilegales a los campos antes de que escalen.

En especial, cuando el productor no sabe si está frente a un cazador furtivo o ante alguien que también podría estar “haciendo inteligencia” del establecimiento. En ese escenario aparece otro interrogante: qué herramientas debe tener el Estado para intervenir a tiempo y evitar que el temor y la incertidumbre terminen dejando la respuesta en manos de quienes viven y trabajan en el campo.