30/07/2026 - Edición Nº1269

Agro

ENTREVISTA

Ardohain sobre eliminar las retenciones por ley: “Daría mucha fortaleza a las inversiones”

30/07/2026 | El titular de Agricultura en Diputados analizó el discurso de Milei en La Rural y la agenda legislativa.



El campo atraviesa un momento de expectativa. Tras años de reclamos por la presión impositiva, la falta de previsibilidad y la intervención estatal, buena parte de la dirigencia rural y de los productores mantiene una buena sintonía con las políticas del gobierno nacional. Sin embargo, los desafíos de fondo siguen sobre la mesa: las retenciones, la seguridad rural, la recuperación de los suelos, una nueva ley de semillas y la necesidad de reglas estables para impulsar inversiones continúan formando parte de una agenda pendiente.

En ese contexto, la 138° Exposición Rural de Palermo volvió a convertirse en la principal vidriera política del agro. El discurso de Javier Milei del último domingo no trajo anuncios de peso, pero sí dejó señales hacia un sector que optó por renovar la confianza. No obstante, entre los productores persiste un reclamo clave para sostener ese respaldo: la eliminación definitiva de los derechos de exportación.

Mientras tanto, el Congreso comienza a ganar protagonismo en varios de esos debates. Proyectos como la eliminación de las retenciones por ley, el endurecimiento de las penas por delitos rurales, los incentivos para mejorar la fertilidad de los suelos y la discusión por una nueva ley de semillas empiezan a ocupar un lugar central en la agenda legislativa.

Uno de los impulsores de esas iniciativas es Martín Ardohain, diputado nacional por La Pampa, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados y titular del PRO en esa provincia. En diálogo con NewsDigitales, el legislador repasó el escenario político y productivo del agro y explicó el estado de los principales proyectos que impulsa.

Ardohain defendió la necesidad de eliminar las retenciones a través de una ley para brindar previsibilidad a las inversiones, planteó endurecer las penas por los delitos rurales, explicó por qué considera indispensable incentivar la reposición de nutrientes en los suelos y analizó los debates abiertos en torno a la ley de semillas, la eventual adhesión a UPOV 91 y las reformas impulsadas por el Gobierno en materia de desregulación.

—El discurso de Javier Milei en la Rural dejó un fuerte respaldo político, aunque sin anuncios concretos. ¿Con qué sensación se fue el sector?

—Hubo un gran apoyo de la gente. El Presidente fue muy aplaudido y muy bien recibido. Más allá de que no hubo grandes anuncios, la sensación es que el campo no quiere volver atrás.

Durante los últimos 20 o 30 años el sector sufrió un maltrato permanente. El ejemplo más claro fue el conflicto de 2008, cuando se trató a los productores de cualquier cosa. Fue un momento muy triste para la Argentina y, desde entonces, el campo comenzó a movilizarse y a tener una participación mucho más activa.

Hoy encuentro un Gobierno que quizá no anuncia todas las medidas que uno espera, o no lo hace con la velocidad que uno quisiera. Todos queremos que las retenciones bajen ya, pero también vemos una administración que intenta reducirlas en la medida en que las cuentas lo permiten. Por eso la sensación fue positiva y creo que el Presidente recibió un fuerte acompañamiento.

—Tanto Nicolás Pino como la Mesa de Enlace insistieron en que la eliminación de las retenciones debe hacerse por ley, en línea con un proyecto que usted presentó en Diputados. ¿Por qué considera que ese camino es el correcto?

—Porque el propio Presidente habla de nuevas inversiones, de propiedad privada. Una ley le daría mucha más fortaleza y previsibilidad a ese objetivo de atraer inversiones o capitales.

Hoy pedirle a un inversor, sea extranjero o argentino, que apueste por el país cuando las retenciones pueden subir o bajar por decreto es mucho más débil que ofrecerle una norma aprobada por el Congreso. Si la baja queda establecida por ley, cualquier modificación futura también deberá pasar por el Poder Legislativo. Eso brinda reglas mucho más claras.

Además, me pareció muy importante que Nicolás Pino se lo planteara al Presidente cara a cara durante su discurso. Es un proyecto que presenté en 2023, con un esquema de reducción gradual para no desfinanciar al Estado. Que el Presidente haya escuchado ese planteo y haya asentido demuestra que el Gobierno empieza a entender que estos cambios deben consolidarse con instituciones y no solamente mediante decretos.

Martín Ardohain junto al titular de la SRA, Nicolás Pino 

Agenda legislativa

—Uno de sus proyectos propone modificar el Código Penal para endurecer las penas por delitos rurales. Las entidades sostienen que la propiedad debe protegerse desde el alambrado y no solamente alrededor del casco del establecimiento. ¿Comparte esa mirada?

—Totalmente. Hoy ingresar sin autorización a un establecimiento rural, romper un silobolsa o provocar daños muchas veces termina siendo una contravención y no un delito. Ahí se entiende por qué, en muchos casos, la Policía no actúa o se da esa sensación de que entran por una puerta y salen por la otra.

El proyecto plantea algo muy simple: que invadir una propiedad privada ya constituya un delito. Después será la Justicia la que determine la gravedad de cada caso y la pena correspondiente.

Muchas veces esas incursiones que parecen menores son, en realidad, tareas de logística para cometer delitos posteriores. Van a observar si hay herramientas, bombas de agua, paneles solares u otros elementos para robar después.

Además, todos los días ocurren hechos graves. El caso del hombre que ingresó con un cuarto de un novillo faenado a la Municipalidad de General Acha fue un detonante, pero permanentemente aparecen animales faenados o heridos por jaurías y nadie hace nada porque la legislación actual resulta insuficiente.

La propuesta establece que quien ingrese a una propiedad cercada o señalizada como privada cometa un delito. Aunque la primera sanción pueda ser menor, ya genera antecedentes para que la Justicia y la Policía puedan actuar. El proyecto fue muy bien recibido tanto por el sector como por el Gobierno y creo que en agosto tenemos muchas posibilidades de tratarlo.

—Otro de los proyectos que impulsa busca promover la recuperación de la fertilidad de los suelos mediante incentivos fiscales. En la provincia de Buenos Aires hubo resistencias cuando se debatió una iniciativa similar. ¿Observa esas mismas objeciones a nivel nacional?

—No. En el sector veo una recepción muy positiva. Quien trabaja la tierra sabe que, para poder cosechar, necesita un suelo con nutrientes.

Durante más de cien años hicimos minería de suelos en la Argentina. Haber sido el granero del mundo tuvo un costo: degradamos buena parte de nuestros recursos. La buena noticia es que todavía estamos a tiempo de recuperarlos.

Las principales dudas aparecieron dentro del Gobierno porque el proyecto contempla un diferimiento impositivo en el Impuesto a las Ganancias. Permite descontar un 30% adicional de la inversión realizada y existía el temor de que eso generara un impacto fiscal. Sin embargo, ese costo lo asume inicialmente el productor y el beneficio impositivo llega recién a ejercicio vencido, cuando ya vendió la cosecha.

El titular de Agricultura en Diputados analizó el discurso de Milei en La Rural y repasó la agenda legislativa

La Fundación FADA explicó muy bien que la medida no generaría un perjuicio para las cuentas públicas. Al contrario, implicaría más actividad económica, más transporte, más movimiento en los pueblos y mayor demanda de fertilizantes.

Desde el punto de vista productivo también fue muy importante el aporte de Fertilizar, que mostró con datos concretos cómo pueden recuperarse los suelos. Incluso prefiero hablar de nutrientes antes que de fertilizantes. Si queremos producir el mejor trigo y elaborar el mejor pan, ese cultivo necesita un suelo con buena nutrición. Si el suelo pierde calidad, también la pierde el alimento que llega a la mesa.

—Algunas medidas de desregulación impulsadas por Federico Sturzenegger, como las vinculadas al IPCVA, las semillas o la vacunación contra la aftosa, generaron inquietud dentro del sector. ¿Faltó diálogo con la producción?

—Yo apoyé varias de esas medidas porque muchas coincidían con reclamos que veníamos planteando desde hace tiempo.

En el caso de la aftosa, hace años sostenemos que había que discutir si tenía sentido mantener dos vacunaciones anuales y si era lógico que existieran tan pocos proveedores de vacunas cuando debería funcionar un mercado más abierto.

Con la ley de semillas ocurre algo parecido. Argentina necesita una legislación moderna que permita incorporar más tecnología, innovación y protección de la propiedad intelectual.

Creo que el Gobierno entendió que algunos cambios requieren mayores consensos. Tal vez el Ministerio de Desregulación avanzó más rápido que la realidad del sector, pero hoy todos esos temas están en discusión. Semilleros, productores y acopiadores están trabajando juntos y veo posibilidades de alcanzar acuerdos.

Hace diez años perdimos la oportunidad de sancionar una nueva ley de semillas. Hoy todos somos conscientes de que existe una nueva oportunidad y depende de nosotros aprovecharla.

—La discusión por una nueva ley de semillas se aceleró después de que apareciera la posibilidad de adherir a UPOV 91 en el marco del acuerdo con Estados Unidos. ¿Cómo observa ese proceso?

—Es un tema más complejo. Cuando el Presidente firmó el acuerdo con Estados Unidos, que tiene aspectos muy positivos como la posibilidad de exportar hasta 80.000 toneladas de carne, también apareció la referencia a UPOV 91.

Eso cayó como un balde de agua fría. Incluso en algún momento se habló de avanzar mediante un decreto. Ahí varios trabajamos para que eso no ocurriera.

Me parece que un tema de semejante impacto para el agro no puede resolverse sin consultar al sector, sobre todo cuando el Gobierno cuenta con un fuerte respaldo del campo, como quedó demostrado en la Rural.

Esa postura fue entendida y desde el año pasado se viene trabajando para acercar posiciones. Hoy el debate ya no pasa por decir "UPOV sí" o "UPOV no", sino por definir cómo reglamentamos el uso de la semilla en la Argentina.

Más allá de la adhesión o no a UPOV 91, el país necesita una nueva ley de semillas. Ese es el verdadero desafío.