Buscan prohibir y endurecer penas por caza no autorizada en campos de PBA

Los diputados bonaerenses de la Coalición Cívica Luciano Bugallo y Andrés De Leo presentaron esta semana un proyecto de ley para prohibir definitivamente la caza caza no autorizada  en establecimientos rurales  y endurecer las sanciones contra los cazadores furtivos. 

La iniciativa cursada en la Legislatura bonaerense busca reforzar las herramientas para combatir el ingreso ilegal de personas armadas a establecimientos rurales, una problemática que productores y entidades agropecuarias vinculan con contra la inseguridad rural  y convertir estas conductas en una contravención grave

La caza en campos privados sin autorización ya está vedada por el artículo 273 del Código Rural bonaerense aunque los legisladores insisten en endurecer los controles al punto que la única autorización a esta práctica sea por expreso consentimiento por escrito de los propietarios de establecimientos. 

Para los autores del proyecto, la normativa vigente "resulta insuficiente para desalentar estas conductas", por lo que proponen un régimen específico de multas, decomisos, inhabilitaciones y la creación de un registro provincial de infractores.

Una problemática que preocupa al campo

Para Bugallo, la iniciativa busca dar respuesta a un fenómeno que se agravó en distintos puntos de la provincia, especialmente en localidades cercanas al conurbano bonaerense.

"Hay muchos problemas con este asunto en la provincia, sobre todo en localidades cercanas al conurbano, que bajo la excusa de ser cazadores se meten en los campos, hacen inteligencia y después, en muchos casos, terminan faltando cosas. Además del abigeato y la inseguridad, el hecho de andar desconocidos armados, sin autorización, recorriendo campos privados genera una enorme preocupación", explicó el legislador.

En los fundamentos del proyecto, los diputados lilitos advierten que la organización de cuadrillas que ingresan a establecimientos rurales con armas, vehículos y perros, muchas veces durante la noche, representa un problema creciente para la seguridad pública en el interior bonaerense.

Diputados de la Coalición Cívica impulsan sanciones más severas para quienes ingresen  a cazar sin permiso a los campos

Además de vulnerar la propiedad privada, sostienen que estas situaciones incrementan el riesgo de enfrentamientos, generan daños patrimoniales y alimentan el miedo entre productores, trabajadores rurales y las familias que viven en el campo.

El proyecto también toma como antecedente un documento difundido por el Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA), que advirtió que la caza furtiva "pone en riesgo la seguridad de las familias rurales, vulnera la propiedad privada y atenta contra la fauna silvestre".

Qué propone el proyecto

La iniciativa incorpora la figura de contravención grave contra la seguridad rural para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales con fines de caza utilizando armas de fuego o perros galgos u otras razas caninas.

También sanciona a quienes organicen, promuevan o financien estas actividades, transporten armas, perros u otros elementos destinados a ese fin o integren grupos o cuadrillas conformados para desarrollar la actividad.

Las multas previstas van de 1.000 a 20.000 Unidades Fijas, aunque ascienden de 5.000 a 30.000 Unidades Fijas cuando exista ingreso ilegítimo a una propiedad privada

Además, contempla la inhabilitación para obtener permisos de caza durante diez años —quince cuando haya ingreso ilegal al establecimiento—, el decomiso obligatorio de armas, perros y piezas obtenidas durante la actividad y el secuestro preventivo de los vehículos utilizados.

Las sanciones aumentarán un 50% cuando participen tres o más personas, la actividad se realice de noche, se utilicen vehículos, se afecten áreas protegidas o se produzcan daños materiales. En caso de reincidencia, las multas económicas se duplicarán y una segunda reincidencia implicará la inhabilitación permanente para obtener permisos de caza.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad bonaerense, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario, los Comandos de Prevención Rural, la Policía Rural y los municipios. Además, el proyecto crea un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada, en el que permanecerán inscriptas durante cinco años las personas sancionadas.

Un reclamo histórico de las entidades rurales

La problemática del ingreso de cazadores a campos privados viene siendo planteada desde hace años por las entidades agropecuarias. El presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, advirtió recientemente a NewsDigitales que muchas personas ingresan armadas y con perros a establecimientos rurales sin dar aviso a los propietarios ni a la Patrulla Rural.

"No sabés si están cazando chanchos o si te van a robar. Los campos son propiedad privada y para cazar hay que tener permiso", afirmó el dirigente rural.

En ese sentido, recordó que CARBAP impulsa modificaciones a la legislación vigente para reforzar la protección de la propiedad privada y que el derecho del productor se extienda a todo el establecimiento rural y no únicamente al casco o la vivienda.

Ese mismo criterio ya fue incorporado a un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, Martín Ardohain.

La iniciativa propone modificar el Código Penal para endurecer las penas por delitos y actos de vandalismo contra la propiedad rural y establece que la sola presencia de alambrados, tranqueras o carteles de prohibición será suficiente para presumir que el ingreso a un establecimiento fue ilegítimo.