Pablo Llarena dejó este 6 de octubre sin efecto, con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial, las órdenes nacionales de busca, captura y detención contra Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig. El magistrado del Tribunal Supremo adoptó la medida después de que el Constitucional estimara el recurso de Dolors Bassa y ordenó comunicar el levantamiento a Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y demás autoridades.
La decisión despeja de forma provisional el riesgo de detención en España por esas órdenes, pero no equivale a una amnistía ya aplicada a los tres procesados. El movimiento judicial coincide además con el inicio de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, un escenario que NewsDigitales ya venía siguiendo y en el que Junts mantiene peso político tras la ruptura de la mayoría que sostuvo al Gobierno.
Llarena explicó que todavía necesita conocer el texto íntegro de la sentencia del Constitucional para determinar su alcance sobre Puigdemont, Comín y Puig. La coincidencia sustancial entre los hechos y la cuestión jurídica discutida en el caso de Bassa permite, sin anticipar el resultado final, revisar de oficio las medidas cautelares para evitar una privación de libertad que luego pudiera resultar improcedente.
El Constitucional anuló las resoluciones que habían negado a Dolors Bassa la amnistía por malversación y ordenó al Supremo dictar un nuevo pronunciamiento que declare amnistiado ese delito. La nota oficial del tribunal cuestiona la interpretación del enriquecimiento personal y descarta el argumento sobre una afectación de los intereses financieros de la Unión Europea, en línea con la sentencia europea de julio.

El auto de Llarena insiste en que el levantamiento es transitorio y no extingue responsabilidad penal, no archiva la causa ni extiende automáticamente a Puigdemont el fallo dictado para Bassa. Esa diferencia es central: hoy las órdenes nacionales no deben ejecutarse, pero el instructor conserva la obligación de resolver de nuevo cuando reciba el texto completo del Constitucional y determine cómo incide en cada procesado.

Puigdemont compareció este martes en Waterloo y no fijó una fecha de regreso a España. El próximo paso será la recepción íntegra de la sentencia del Constitucional y un nuevo auto motivado del instructor, que deberá confirmar o modificar la situación actual. Hasta entonces, la consecuencia concreta es limitada pero relevante: las fuerzas de seguridad tienen orden de no detener a Puigdemont, Comín o Puig con base en las órdenes ahora suspendidas.