El caso de Virginia Aparicio, la investigadora del INTA en la Estación Experimental Balcarce que fue sumariada por el organismo luego de que se difundieran los resultados de un estudio internacional que detectó glifosato en el 84% de las personas analizadas, comenzó a hacer ruido dentro del Concejo Deliberante de la localidad bonaerense.
El médico y edil del bloque Potencia, Gabriel Petrucelli, buscó abrir una discusión sobre los resultados de la investigación e impulsar un debate sobre las buenas prácticas de aplicación de plaguicidas, pero se encontró con la resistencia del oficialismo y algunos de sus aliados.
La intención original era que Aparicio expusiera formalmente ante la Comisión de Salud del HCD, pero la UCR que responde al intendente Esteban Reino y La Libertad Avanza no acompañaron la convocatoria. Finalmente, cinco concejales recibieron a la ingeniera agrónoma de manera informal, sin acta ni tratamiento institucional.
Para Petrucelli, la discusión excede la situación administrativa de la investigadora -que se deberá resolver dentro de la institución- y plantea interrogantes sobre salud pública y ambiente. “Acá podemos tener un problema de salud pública”, sostuvo el concejal en declaraciones a NewsDigitales, aunque aclaró que habla de una posibilidad y no de un daño sanitario ya demostrado.
Virginia Aparicio fue la coordinadora argentina de SPRINT, un proyecto internacional que analizó la presencia de residuos de plaguicidas en personas, animales, alimentos y distintos componentes del ambiente.
El propio repositorio del INTA identifica a la investigadora como líder del sitio de estudio de SPRINT en Argentina. El trabajo incluyó muestras de sangre, orina y materia fecal, además de agua, suelo, polvo de viviendas y otros componentes ambientales.
En los participantes argentinos se detectó glifosato en alrededor del 84% de las personas analizadas, y una parte importante de la muestra se tomó en la localidad de Balcarce. Además, los estudios encontraron entre dos y diez plaguicidas diferentes en sangre y entre seis y trece en orina.
En materia fecal se identificaron hasta 18 tipos de agroquímicos diferentes, incluidos residuos de herbicidas.
El INTA decidió posteriormente retirar a la Argentina del proyecto y suspendió la presentación pública de los resultados en 2023. De manera sorpresiva, Aparicio quedó luego sometida a un sumario administrativo y actualmente enfrenta un pedido de exoneración, la sanción más grave dentro del reglamento, que le impediría desempeñarse en ámbitos laborales del Estado.
Por ello, desde el gremio de APINTA salieron a denunciar una acción de “persecución política” y de “disciplinamiento” ante un semana sensible para la producción, la salud y el medio ambiente.
Gabriel Petrucelli buscó separar la discusión sanitaria de cualquier planteo contra la producción agropecuaria. Según explicó, el objetivo debería ser avanzar en mejores prácticas para la aplicación de productos fitosanitarios.
“Nosotros no estamos en contra de la producción agropecuaria, ni de la posibilidad de que eso genere una renta, ni de que eso genere renta al país vía retenciones”, sostuvo.
El concejal planteó que el desafío pasa por establecer pautas más precisas sobre qué productos utilizar, cómo combinarlos y bajo qué condiciones aplicarlos. “Lo que estamos en desacuerdo es en no profundizar, en no hacer buenas prácticas”, agregó.
El médico y concejal del bloque Potencia, Gabriel PetrucelliEn esa línea, contó que Virginia Aparicio les dijo durante el encuentro que la persuasión puede resultar más efectiva que las prohibiciones generales. La idea sería establecer objetivos progresivos y pautas de aplicación con seguimiento profesional.
Para Petrucelli, ese trabajo debería involucrar a los distintos sectores vinculados con la actividad agropecuaria y a profesionales especializados.
La intención de llevar a Aparicio al Concejo tenía como objetivo que pudiera explicar directamente los resultados de SPRINT y responder preguntas de los ediles. Sin embargo, la propuesta no consiguió el respaldo del oficialismo ni de La Libertad Avanza.
Ante esa situación, Petrucelli y otros cuatro concejales decidieron reunirse igualmente con la investigadora, aunque fuera del marco formal de una comisión.
“No pudimos hacer acta, pero sí la escuchamos”, explicó.
El concejal cuestionó que el Concejo de Balcarce no hubiera generado hasta ahora un espacio para recibir a la investigadora, mientras su situación dentro del INTA había sido difundida en medios provinciales y nacionales.
Virginia salía por todos los medios y la levantaban en todos los medios provinciales y nacionales, y el HCD de Balcarce no la había recibido
Ahora, Petrucelli pretende que la discusión continúe con un encuentro abierto a instituciones y vecinos, donde la investigadora del INTA vuelva a exponer sobre el estudio y se genere un espacio de intercambio para pensar en acciones conjuntas.
Virginia Aparicio, la investigadora del INTA en la Estación Experimental BalcarceSegún explicó, ya solicitó al presidente del Concejo el uso de una sala, pero todavía no recibió respuesta, por lo que aún no hay fecha formal para la reunión.
Como muchos municipios agrícolas del interior bonaerense, Balcarce cuenta con una ordenanza que establece distancias para la aplicación de fitosanitarios, pero Petrucelli considera que los resultados de SPRINT abren una discusión más amplia.
“En el estudio se han encontrado en todos lados los plaguicidas. Se han encontrado en el pueblo, en el polvo que vos barrés en una casa y lo juntás; se han encontrado en el agua, en la materia fecal, en orina, en distintos hisopados. Por ahí se encuentran no los mismos, distintos, pero en un número importante; en sangre, en distintas muestras biológicas”, advirtió.
Para el concejal del bloque Potencia, ese escenario justifica revisar las prácticas actuales y discutir nuevas pautas de aplicación. “Acá podemos tener un problema de salud pública, listo, definamos salud pública y entre todos, sin distinción partidaria”, sostuvo.
Petrucelli insistió en que no busca afirmar que exista un daño sanitario determinado, sino impulsar una política pública que permita reducir riesgos y mejorar las prácticas de aplicación.
“Esto tiene que ser una cuestión permanente y no espasmódica”, planteó, mientras anticipó que continuará impulsando espacios de discusión sobre el tema en el Concejo Deliberante de Balcarce.