Denuncian más nombramientos jerárquicos a dedo en el INTA : "Es un modus operandi"

El caso de Daniel Alfredo Neira, el exfuncionario del ENACOM que recibió una liquidación neta de casi $110 millones y fue designado al otro día – un domingo- en el INTA, abrió una discusión que ahora promete extenderse dentro del organismo agropecuario y que salpica al gobierno de Javier Milei.

Desde la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) aseguran que la escandalosa designación de Neira no es un hecho aislado. Señalan que el Consejo Directivo viene utilizando, de manera reiterada, la figura de las designaciones transitorias y excepcionales para cubrir cargos jerárquicos, en lugar de avanzar con los concursos previstos por el convenio sectorial.

“Es un modus operandi que está llevando este nuevo Consejo Directivo”, sostuvo Paulo García, secretario general de APINTA en diálogo con NewsDigitales. En el centro de la polémica quedó  la conducción del organismo encabezada por el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, y su vicepresidente, Carlos Alberto Antonio Vera.

El dirigente sindical puso especialmente el foco en Vera, a quien describió como quien “maneja el INTA hoy” y lo vinculó políticamente con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. “Es hombre del reelecto presidente de la Sociedad Rural, y es de quien dependen la mayoría de estas cosas”, sostuvo el dirigente gremial.

El vínculo mencionado por García tiene además un dato concreto: Vera integra la conducción de la Sociedad Rural Argentina como vocal, mientras que Pino fue reelegido este año al frente de la entidad para el período 2026-2028

El dirigente sindical aseguró que “lo que no están haciendo son los concursos” y cuestionó que el organismo haya dejado de funcionar, según su interpretación, mediante los mecanismos establecidos en el convenio colectivo. “Está haciendo todo por excepción, manipulado. La verdad que el INTA es como que está intervenido. Así lo sentimos nosotros”, afirmó.

Del caso Neira a una lista de cargos jerárquicos

La incorporación de Neira quedó formalizada mediante la Resolución 296/2026, que estableció su designación transitoria como gerente tipo A de la Gerencia de Contabilidad, Gestión Administrativa y Patrimonio, dependiente de la Dirección General de Administración, por 180 días y con posibilidad de prórroga si no se sustancia el proceso de selección correspondiente.

El dato que puso el caso en el centro de la escena fue la secuencia: Neira dejó el ENACOM el 31 de julio, recibió una liquidación final neta de $109.781.999,73 y su designación en el INTA tuvo efectos desde el 1° de agosto.

Pero en APINTA sostienen que el mecanismo excede ese expediente. El próximo jueves 24 de septiembre, el orden del día del Consejo Directivo incluye la consideración de prórrogas y asignaciones de carácter interino y transitorio para varios agentes que cumplen funciones superiores.

Entre los cargos que figuran en el temario aparecen Gustavo Javier Abaurrea, para la Dirección General de Administración; Héctor Rolando Rodríguez, para la Gerencia de Compras; Sebastián Lucas Ibarra, en la Coordinación Nacional de Recursos Humanos y Organización; y Gustavo Alejandro Tesei, en la Coordinación Nacional de Logística y Operaciones.

También figuran Claudio Dobniewski, para la Coordinación Nacional de Sistemas y Tecnología; Jorgelina del Carmen, en la Coordinación Nacional de Divulgación Científico-Técnica de la Secretaría General del Consejo Directivo; Solange Costoya, en la Gerencia de Diseño Organizacional, Selección y Desarrollo de Carrera; y Horacio Berger, para la Dirección del Centro Regional Buenos Aires Sur.

El cuestionamiento de APINTA se da, además, en medio de un fuerte proceso de achique del organismo. Según el proyecto de Presupuesto 2027, el INTA dispondría de $315.538 millones, unos $44.586 millones menos que lo previsto para 2026. El gasto total del organismo caería un 12,4% y la planta contemplada tendría 837 cargos menos.

APINTA cuestionó las designaciones por excepción tras la contratación de Daniel Neira

El escenario presupuestario se suma a los retiros voluntarios que, recordó García, redujeron la dotación del INTA desde casi 7.000 trabajadores a poco más de 4.500. “Lo último que están haciendo es disminuir el presupuesto del INTA, donde quedamos casi con un presupuesto de subsistencia”, sostuvo el secretario general de APINTA.

APINTA cuestionó las designaciones por excepción tras la contratación de Daniel Neira.

En ese contexto, el gremio puso bajo la lupa que, mientras se achica la estructura general del organismo y se reducen recursos y puestos de trabajo, el Consejo Directivo avance con designaciones transitorias para cubrir cargos jerárquicos. Para APINTA, la discusión no pasa solamente por los nombres elegidos, sino por el mecanismo utilizado para ocupar esos lugares y el desplazamiento de los concursos previstos en el convenio sectorial.

Algunos de los casos se arrastran desde diciembre de 2025 e impide que profesionales con trayectoria dentro del organismo no tengan la posibilidad de competir por esos puestos mediante concursos.

“No tienen ningún vínculo con la institución. Nada. Y lo ideal sería que si tenés alguna expertise para eso o alguna capacidad, que accedas a través de un concurso. Para eso están los concursos”, planteó el secretario general de APINTA.

Según explicó, el convenio contempla concursos generales para que los propios trabajadores del INTA puedan acceder a puestos de mayor jerarquía a partir de su capacitación y experiencia.

El gremio sostiene que, ante el congelamiento de la planta y la imposibilidad de avanzar con determinados concursos abiertos, la conducción estaría utilizando la vía excepcional para cubrir los cargos.

García también cuestionó el procedimiento institucional. “Esto sale por Consejo Directivo. Lo que incumple es que para que esto se pueda llevar adelante debería pasar por un órgano paritario que se llama COPIC”, afirmó.

La Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (COPIC) está integrada por representantes de la institución y de los gremios signatarios del convenio. De acuerdo con la explicación de APINTA, allí deberían discutirse las situaciones que justifican una cobertura excepcional.

El gremio ya presentó un pedido formal ante el presidente y el vicepresidente del INTA para reclamar la nulidad de la contratación de Neira por considerar que no se respetaron las reglas previstas para este tipo de designaciones.

El otro conflicto: polémico sumario contra una investigadora de INTA Balcarce

En paralelo, APINTA lleva adelante otro reclamo que pone el foco en la política científica del organismo. Se trata del expediente contra Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma e investigadora del INTA y del CONICET en la Estación Experimental Balcarce, donde trabaja desde hace más de 20 años.

Aparicio fue coordinadora argentina del proyecto europeo SPRINT, una investigación que analizó la presencia de residuos de plaguicidas en el ambiente, los alimentos, los animales y las personas. El propio repositorio del INTA identifica a Aparicio como líder del sitio de estudio de SPRINT en Argentina.

El otro conflicto: polémico sumario contra una investigadora de INTA Balcarce

Ahora enfrenta un sumario administrativo y, según su abogado, el expediente propone su exoneración, la sanción más grave dentro del régimen disciplinario del empleo público.

Para APINTA, el caso constituye una persecución contra una investigadora por los resultados de un proyecto científico. Paulo García vinculó el conflicto con los resultados obtenidos durante el estudio, que incluyó muestras de sangre, materia fecal y suelo.

“Cuando empezaron a venir los resultados, como no eran favorables porque existía remanencia y quedaban restos de diferentes químicos en sangre, primero se le prohibió a la investigadora dar los resultados y después se salió de ese proyecto”, relató.

El dirigente gremial sostuvo que el proyecto había comenzado durante la gestión anterior, a partir de un convenio con instituciones europeas, y que trabajadores de la propia estación experimental de Balcarce incluso participaron como voluntarios para las muestras.

“Lo que hicieron es empezar a perseguir a esta compañera que lo único que había hecho es llevar adelante este proyecto”, afirmó García.

El gremio sostiene que una eventual exoneración no sólo implicaría la salida de Aparicio del INTA, sino que podría impedirle continuar trabajando en organismos estatales. Por eso, APINTA presenta el expediente como un caso que excede la situación individual de la investigadora y reclama que se garantice la libertad para desarrollar investigaciones dentro del organismo.

El titular del sindicato lo resumió como una señal hacia el resto de los trabajadores científicos: “Esto es una manera de aleccionar a aquel que participa de algún proyecto y muestra qué es lo que está pasando” concluyó.