El proyecto de Presupuesto 2027 enviado en las últimas horas al Congreso permite poner bajo la lupa el vínculo entre el Gobierno de Javier Milei y el campo: pese a que continúa el cronograma de reducción de las retenciones iniciado en 2025, Economía calcula que los Derechos de Exportación aportarán $12,06 billones durante el próximo año, un 41,3% más que la proyección realizada para 2026.
Al mismo tiempo, las partidas para organismos y políticas vinculadas con la actividad agropecuaria muestran nuevos recortes en términos reales, como parte de las políticas de achique del Estado que repercuten en el sector.
Para el agro argentino, la discusión sobre los fondos con los que se queda el Estado a través de las retenciones tiene una larga historia y genera rechazo aun cuando exista cierta coincidencia de parte de la dirigencia rural por la reivindicación hecha por Milei hacia el sector y la previsibilidad que otorga el cronograma de reducción de las alícuotas efectuado por su gestión.
En este caso, el dato que introduce el Presupuesto 2027 es que la recaudación esperada crecerá en $3,5 billones respecto de la estimación para 2026, aún con las nuevas bajas previstas para los principales cultivos
El Gobierno sostiene que el salto responde, entre otros factores, a la baja base de comparación que dejará este año, luego del adelantamiento de declaraciones de exportación y del pago de los derechos, además de una expectativa de crecimiento de las exportaciones.
El cronograma de reducción continuará durante 2027. En el caso de la soja, la alícuota bajará 0,25 puntos porcentuales por mes, desde el 23,75% hasta el 21%. Para maíz y sorgo pasará del 8,25% al 7,5%, mientras que el girasol bajará del 4,25% al 4%.
A pesar de esas reducciones, los Derechos de Exportación pasarían de $8.536.982,5 millones en 2026 a $12.062.269,8 millones en 2027.
También aumentaría su peso dentro de la economía: el Presupuesto calcula que las retenciones pasarán de representar el 0,75% del PBI al 0,85%.
La proyección debe leerse además en función de lo ocurrido durante 2026. El Presupuesto vigente había estimado $8,53 billones de recaudación por este concepto y entre enero y agosto ya ingresaron unos $5,59 billones.
Javier Milei en la Expo Rural 2026 La explicación oficial apunta a la llamada “baja base de comparación” y a una expectativa de mayores exportaciones. El Gobierno calcula que las ventas externas totales superarán los US$130.000 millones durante 2027 y que el saldo comercial será superior a US$15.000 millones.
La contracara de los recursos que el Estado espera obtener aparece en el gasto destinado a las políticas y organismos vinculados con el sector.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca tendrá un presupuesto de apenas $129.865 millones. Dentro de esa partida aparecen $106.010 millones para políticas de aumento de la producción y productividad de las cadenas agroindustriales.
Las cifras aumentan notoriamente si se analizan las partidas para Administración y Control Comercial Agropecuario de $7.227 millones, los $9.644 millones para gestión del riesgo agropecuario y los $6.984 millones para actividades comunes.
El programa Impulso al Desarrollo de Economías Regionales contará a su vez con $7.196 millones, mientras que se contemplan $2.067 millones para bonificación de tasas de interés al sector agropecuario y $4.983 millones para cooperación internacional y promoción de exportaciones.
Uno de los números más significativos para el sector aparece en el INTA. El organismo pasará de contar con $360.124 millones en 2026 a $315.538 millones en 2027.
La reducción es del 12,4% en términos nominales y alcanza al 34,4% en términos reales si se toma como referencia la inflación proyectada por el propio Gobierno.
INTA: el recorte que vuelve a aparecer en el PresupuestoEl ajuste se combina con una reducción de la estructura del organismo. La planta prevista queda en unos 6.300 cargos, luego del proceso de retiros voluntarios y el cierre estaciones que viene llevando adelante la administración nacional.
También habrá cambios en el financiamiento de los organismos agropecuarios: el proyecto deroga la norma que establecía una asignación equivalente al 0,65% del valor CIF de las importaciones para financiar al INTA, SENASA e INASE.
El SENASA tendrá $288.666 millones para sus tareas de sanidad y control, con unos 1.800 cargos, mientras que el INASE contará con $27.250 millones.
El Presupuesto también expone el costo fiscal de algunos beneficios tributarios utilizados por las actividades productivas.
Para 2027 se estima un gasto tributario de $1.030.528 millones derivado del cómputo como pago a cuenta de IVA y Ganancias del 45% del impuesto sobre los combustibles líquidos contenido en las compras de gasoil realizadas por determinadas actividades.
En el caso de los biocombustibles, el gasto tributario previsto asciende a $1.041.898,7 millones por la reducción del Impuesto sobre los Combustibles asociada a la incorporación de biocombustibles no gravados. De ese total, $399.132,3 millones corresponden al biodiesel y $642.766,4 millones al bioetanol.
El capítulo de infraestructura también tiene impacto directo sobre el campo. Para el desarrollo de infraestructura hidráulica, el Gobierno presupuestó solo $253.281 millones, una partida que adquiere especial relevancia ante la necesidad de obras de prevención y manejo de inundaciones en las distintas cuencas productivas.
Entre ellas aparece el histórico reclamo por la continuidad de las obras en la Cuenca del Salado, mientras que distintas zonas productivas mantienen planteos por infraestructura hidráulica pendiente.
Para el transporte terrestre se prevén $898.938 millones. La cifra se conoce en paralelo al proceso de privatización de las principales rutas nacionales, bajo la expectativa oficial de que las empresas adjudicatarias ejecuten las obras previstas en los corredores.
En los primeros años, sin embargo, las concesionarias plantearon principalmente tareas de mantenimiento y reparaciones de menor envergadura, lo que genera inquietud por el mal estado de las rutas y la importancia de la conectividad logística que requiere el campo para trasladar sus producciones a las terminales portuarias.
El escenario que proyecta el Gobierno para el sector también merece atención. Mientras el Presupuesto calcula un crecimiento del 4% para el PBI durante 2027, la expansión prevista específicamente para el sector agropecuario es de apenas 0,9%.
La estimación se realiza sobre una inflación anual proyectada en 18%, después de que el primer documento difundido por Economía contemplara un 21,1%. Para 2026, el Presupuesto había previsto una inflación que ya fue superada: entre enero y agosto el IPC acumuló 21,3%.

En materia cambiaria, el proyecto calcula un dólar oficial de $1.728 para 2027, frente a los $1.423 que había previsto el Presupuesto 2026 para diciembre.
Sobre ese escenario, Economía proyecta exportaciones por encima de los US$130.000 millones y un superávit comercial superior a los US$15.000 millones.