Meloni busca blindar su voz ante la IA y México debate límites a los deepfakes

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, presentó una solicitud para registrar su voz como marca sonora ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). La iniciativa, conocida el 5 de octubre, busca proporcionar nuevas herramientas jurídicas frente a las falsificaciones elaboradas con inteligencia artificial. La mandataria italiana apuesta por proteger su identidad vocal ante una tecnología capaz de atribuir declaraciones inexistentes a dirigentes políticos, alterar mensajes públicos y facilitar estafas digitales.

La decisión adquiere especial relevancia después de que una investigación de Agora Digitale Transformation identificara a 50 integrantes del Parlamento Europeo, entre ellos 46 mujeres, vinculados a contenidos pornográficos falsificados mediante inteligencia artificial. El informe, presentado esta semana en la Eurocámara, evidenció que el problema afecta a representantes de distintas fuerzas políticas. La presidenta parlamentaria, Roberta Metsola, reclamó medidas contra estas prácticas y recordó que la Unión Europea prepara nuevas restricciones a las aplicaciones capaces de crear desnudos artificiales sin consentimiento.

México impulsa penas contra fraudes de identidad oficial, pero la reforma genera debate.

Meloni recurre a la propiedad intelectual para defender su identidad

La solicitud presentada por Meloni incorpora una grabación de cuatro segundos en la que pronuncia dos veces la expresión italiana «Io sono Giorgia Meloni», vinculada a su trayectoria política y a uno de sus discursos más conocidos. Según la agencia ANSA, el expediente permanece bajo examen de la EUIPO y contempla categorías relacionadas con contenidos multimedia, actividades culturales y acontecimientos políticos. Se trata de una solicitud de registro de marca sonora, no de una patente ni de una protección universal sobre cualquier reproducción de su voz.

La estrategia ofrece una posible vía adicional para reclamar frente a usos comerciales no autorizados, aunque su alcance dependerá de la resolución de la oficina europea y de las actividades cubiertas por el registro. Meloni ya había denunciado la circulación de imágenes falsas que utilizaban su apariencia y advirtió sobre los riesgos de manipulación digital. En mayo expresó una preocupación que iba más allá de su situación personal: podía defenderse, pero muchas otras personas carecían de los mismos recursos. Su iniciativa plantea así una respuesta jurídica concreta que no requiere establecer una prohibición general de la sátira política.

México debate sanciones y la oposición reclama garantías

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una reforma de alcance diferente. El Senado aprobó el 30 de septiembre, por 72 votos favorables y 34 contrarios, modificaciones a la legislación de propiedad industrial y al Código Penal Federal para sancionar determinadas suplantaciones de identidad institucional. El artículo 403 Bis contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil unidades de medida y actualización cuando se utilicen comercialmente símbolos, dominios o documentos oficiales para inducir a engaño con intención de cometer un ilícito. El proyecto todavía requiere completar su trámite en la Cámara de Diputados.

Meloni pide registrar su voz en Europa para proteger su identidad frente a los deepfakes.

La discusión se amplió después de que Diputados aprobara el 7 de octubre otra reforma, esta vez sobre derechos de autor y retirada de contenidos digitales, con 325 votos a favor y 114 en contra. Son iniciativas distintas, aunque ambas recibieron críticas bajo la denominación de leyes antimemes. Sheinbaum sostiene que pretende perseguir fraudes y no castigar la sátira. Sin embargo, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advierten sobre posibles efectos restrictivos para periodistas y usuarios de redes sociales. El contraste entre Italia y México demuestra que combatir los deepfakes exige mecanismos eficaces contra el engaño, pero también garantías para preservar la crítica política y la libertad de expresión.