Propiedad Privada
15/10/2026 - Edición Nº1346
Política
Debate legislativo
Desalojos, alquileres y tierras: la ley de Milei que avanza en Diputados
15/10/2026 | El oficialismo consiguió dictamen para una reforma que genera controversia por sus posibles efectos sobre propietarios e inquilinos.
El debate por la propiedad privada, los desalojos y el derecho a la vivienda genera controversias y posiciones enfrentadas.
La Cámara de Diputados dio un nuevo paso en el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que propone modificar aspectos vinculados con los desalojos, los contratos de alquiler, las expropiaciones y la regulación de las tierras rurales. El proyecto consiguió dictamen de mayoría, aunque el debate dejó expuestas profundas diferencias entre el oficialismo, sus aliados y la oposición.
La reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, encabezada por el diputado libertario Nicolás Mayoraz, terminó con un dictamen de mayoría que reunió 34 firmas entre los 66 legisladores presentes, además de dos dictámenes de minoría.
La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y el oficialismo pretende llevarla al recinto el próximo miércoles 21 de octubre. Sin embargo, las modificaciones incorporadas durante su paso por Diputados obligarían a devolver el texto a la Cámara alta en caso de obtener su aprobación.
Detrás de la discusión legislativa aparece una pregunta que atraviesa a propietarios, inquilinos y organizaciones sociales: hasta dónde debe llegar la protección de la propiedad privada y qué garantías deben contemplarse para quienes habitan una vivienda.
El proyecto propone revisar los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles, abordar situaciones de ocupación y establecer nuevas condiciones para las expropiaciones. Sus defensores sostienen que permitiría brindar mayor seguridad jurídica, mientras que sus detractores advierten sobre posibles consecuencias para los sectores más vulnerables.
Desalojos y alquileres: el enfrentamiento entre libertarios y oposición
Uno de los puntos que generó mayores controversias fue el tratamiento de los desalojos y la posibilidad de establecer procedimientos judiciales más rápidos para determinados conflictos relacionados con la ocupación de inmuebles o el incumplimiento de contratos.
Desde La Libertad Avanza, el diputado Marcos Patiño Brizuela defendió la propuesta y cuestionó a quienes, según su interpretación, concentran sus críticas exclusivamente en la situación de los ocupantes.
En ese sentido, afirmó que quienes se oponen a las modificaciones "cuentan una mitad, la otra, es la gente que es dueña del alquiler que tiene que peregrinar por tribunales para que le devuelvan su propiedad".
El legislador también sostuvo que "la ley establece un trámite más sumario que las provincias ya lo tienen", al argumentar que la iniciativa busca agilizar mecanismos judiciales existentes.
Respecto de las expropiaciones, Patiño Brizuela consideró que "el pago de las expropiaciones es algo que la Corte ya lo fijó, es de economía procesal".
Desde Unión por la Patria, la diputada Paula Penacca expresó una mirada diferente y remarcó que "la vivienda es un derecho a proteger", al cuestionar los procedimientos de desalojo contemplados en el proyecto.
Su compañera de bloque Lucía Cámpora fue todavía más crítica y definió la iniciativa como "un despojo de la propiedad privada de las grandes mayorías y de blindaje de la propiedad pública con la que se quieren quedar algunos magnates".
Las objeciones también llegaron desde el Frente de Izquierda. Myriam Bregman advirtió que "es una ley muy grave, protege a los grandes inversores y ataca a las comunidades originarias que quedan a merced de los desalojos".
De esta manera, mientras el oficialismo presenta la reforma como una herramienta para fortalecer los derechos de los propietarios y facilitar la resolución de conflictos, los bloques opositores plantean interrogantes sobre el impacto social de los procedimientos propuestos, particularmente en situaciones de vulnerabilidad habitacional.
Ley de Tierras: el giro político que abrió una nueva discusión
Más allá de los desalojos, uno de los movimientos más significativos del debate estuvo relacionado con la Ley de Tierras Rurales, una normativa sancionada en 2011 que establece restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
En ese contexto, el oficialismo aceptó incorporar al dictamen un nuevo capítulo destinado a abordar la vigencia de la Ley 26.737. La decisión surgió de un entendimiento con sectores aliados, en medio de las negociaciones parlamentarias por el futuro del megadecreto presidencial.
El diputado radical Diógenes González celebró el acuerdo y destacó que el nuevo texto "mejora la técnica legislativa en los artículos 23, 27, 28 y 35", además de incorporar un capítulo específico sobre tierras rurales.
Según explicó, "el nuevo capítulo propone dos artículos: el art. 38, que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23; y, el art. 39, que restituye la plena vigencia a la ley 26737".
"La ley de tierras recobra vigencia por ley sin afectar la seguridad jurídica y con sentido de responsabilidad", aseguró González, quien concluyó: "Cuando nos ponemos de acuerdo en las políticas de estado se nota y da resultados".
La incorporación fue interpretada de manera muy diferente por Unión por la Patria.
El diputado Diego Giuliano, quien confirmó que su bloque impulsaría un dictamen propio, ironizó sobre el cambio de posición del oficialismo: "Vuelven a la ley peronista que pone tope de 15% a la compra de tierras a extranjeros".
La discusión también quedó atravesada por el calendario parlamentario. La oposición convocó una sesión especial con el objetivo de avanzar en el rechazo del DNU 70/2023, mientras que el Gobierno busca sostener sus acuerdos con los bloques dialoguistas.
En ese marco, Bregman calificó la incorporación del capítulo sobre tierras como "una maniobra para que mañana no haya quorum en la sesión en la que intentaremos dar de baja el DNU 70/23".
Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, anticipó que su espacio presentaría un dictamen propio y advirtió que el entendimiento alcanzado no termina con la controversia. "La cuestión de fondo con respecto a la ley de tierras no está resuelta, vamos a defenderla", sostuvo.
Qué puede pasar con el proyecto y cuándo se debatirá
El avance en comisiones representa un paso importante para la estrategia legislativa del oficialismo, aunque todavía resta una instancia decisiva: el tratamiento en el recinto.
La Libertad Avanza pretende debatir la iniciativa el próximo 21 de octubre, en una sesión especial que también contempla otros proyectos relacionados con el endeudamiento familiar, la emergencia en discapacidad, la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y modificaciones al Código Penal por vandalismo rural, entre otros asuntos.
Sin embargo, la discusión sobre la propiedad privada difícilmente quede limitada a sus aspectos técnicos. Las intervenciones de los diputados dejaron en evidencia diferencias sobre el papel del Estado, el acceso a la vivienda, la protección de los propietarios y los límites a la adquisición de tierras rurales.
Por ahora, ninguna de las modificaciones propuestas está vigente por efecto de este proyecto. Su alcance definitivo dependerá del texto que finalmente apruebe el Congreso y de las instancias legislativas que todavía debe atravesar.
Así, una iniciativa que el Gobierno presenta como parte de su agenda de seguridad jurídica se convirtió también en un escenario de negociación política, con posiciones enfrentadas sobre qué derechos debe priorizar el Estado y cómo garantizar su protección.
