COP17 en Ereván: Armenia recibe una cumbre decisiva sobre biodiversidad y financiamiento

La cumbre de líderes por la biodiversidad se celebró este viernes 16 de octubre en Ereván, Armenia. El encuentro, realizado en el centro Meridian, antecede a la COP17, prevista del 19 al 30 de octubre. Su principal desafío es revisar el cumplimiento del acuerdo internacional de 2022 y determinar qué decisiones pueden acelerar la conservación de tierras, aguas continentales y océanos.

El primer balance mundial de la biodiversidad muestra más compromisos que resultados comprobables. Casi el 90% de las 196 partes del convenio fijó metas nacionales, cerca del 60% elaboró estrategias y más del 70% presentó informes. Sin embargo, menos de la mitad de los objetivos nacionales evaluados avanza conforme a lo previsto. La revisión distinguirá entre planes anunciados y medidas efectivamente ejecutadas.

La distancia entre la protección prometida y la real

Los compromisos actuales no alcanzan la meta de conservar el 30% de la superficie terrestre y marina. Incluso si todos se cumplieran, para 2030 la cobertura proyectada sería del 26% de los ecosistemas terrestres y del 12% de los marinos. Esas cifras representan escenarios condicionados, no áreas ya protegidas. La diferencia es especialmente pronunciada en los océanos, donde la conservación depende también de acuerdos internacionales.

La expansión de áreas formalmente protegidas demuestra avances, aunque no garantiza conservación efectiva. Desde 2022 se incorporaron aproximadamente 1,3 millones de kilómetros cuadrados terrestres y seis millones de kilómetros cuadrados marinos a sistemas de protección. La regulación de alta mar puede ampliar esa cobertura, pero declarar un área protegida no sustituye la vigilancia, los presupuestos, la conectividad ecológica ni los controles sobre actividades que dañan los hábitats.

Fondos insuficientes y obligaciones fuera de los parques

La financiación disponible está lejos de los USD 200.000 millones anuales fijados como objetivo para 2030. La OCDE estima flujos de entre USD 74.900 y 92.400 millones por año, como promedio de 2023 a 2025. La comparación refleja la distancia entre recursos actuales y una meta futura, no un incumplimiento definitivo. El cálculo reúne aportes públicos, privados, nacionales e internacionales y presenta limitaciones de información.

El acuerdo de biodiversidad también exige revisar incentivos económicos perjudiciales para los ecosistemas. Su objetivo 18 establece reducir o reformar esos apoyos por al menos USD 500.000 millones anuales de aquí a 2030. Los gobiernos deben identificar qué subsidios fomentan prácticas dañinas, incluso en actividades agropecuarias y pesqueras. La revisión debe diferenciar las ayudas que sostienen ingresos legítimos de aquellas que favorecen degradación ambiental.

Las grandes empresas y las entidades financieras tienen responsabilidades dentro de las metas acordadas. El objetivo 15 pide que los Estados impulsen normas para evaluar y divulgar riesgos, dependencias e impactos sobre la biodiversidad, incluidos los de las cadenas de suministro. Conocer la procedencia de materias primas o el uso de agua permite identificar presiones sobre ecosistemas. No existe, sin embargo, una obligación uniforme aplicada automáticamente a todas las compañías del planeta.

Los derechos indígenas forman parte de los criterios con los que debe evaluarse la conservación. El balance oficial indica que apenas el 30% de las partes reconoce esos derechos en sus metas de planificación y gestión territorial. La COP17 discutirá reglas para el órgano dedicado a pueblos indígenas y comunidades locales. Su participación resulta relevante al decidir cómo administrar territorios, utilizar conocimientos tradicionales y distribuir beneficios de los recursos naturales.

“Over one million species now face the risk of extinction, edging us ever closer towards an uninhabitable world. It doesn’t have to be this way.” At #COP17, @antonioguterres calls for more action, speed & will to make peace with nature. https://t.co/GnCQBnbcns https://t.co/EJWQo9X230

— United Nations (@UN) October 16, 2026

La calidad de los datos constituye otra dificultad para determinar si la naturaleza se recupera. Aunque alrededor de la mitad de los informes nacionales describe la extensión de ecosistemas naturales, menos del 1% aporta series temporales que permitan seguir su evolución. Sin mediciones comparables es difícil separar una mejora ecológica de un simple cambio administrativo. Las hectáreas declaradas protegidas necesitan acompañarse de indicadores sobre especies, amenazas y gestión.

Las negociaciones formales de la COP17 comenzarán el 19 de octubre y concluirán el 30. Los gobiernos examinarán el balance colectivo, los mecanismos de financiación y los instrumentos de seguimiento del acuerdo. También deberán abordar las condiciones de participación de comunidades locales y sectores productivos. La próxima revisión global está prevista para 2030: hasta entonces, el progreso deberá medirse mediante presupuestos, protección efectiva y resultados verificables, no solo nuevas promesas.