La emergencia hídrica y los caminos rurales en PBA: ¿una solución a costa de otra?

La amenaza de El Niño puso a la infraestructura hídrica en el centro de la agenda bonaerense, pero la respuesta legislativa abrió otro frente de conflicto con el campo: por amplia mayoría, la Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que autoriza a los 135 municipios a utilizar hasta el 100% de los fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural, destinados al mantenimiento de los caminos, para ejecutar obras hídricas durante 180 días.

La norma, impulsada por Unión y Libertad – libertarios díscolos- habilita a financiar trabajos de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación de alcantarillas, obras de defensa y compra de equipamiento. La adhesión es optativa y cada intendente podrá decidir si utiliza la herramienta según las necesidades de su distrito.

El objetivo, según su impulsor, el senador Sergio Vargas, es darles margen de maniobra a los gobiernos locales frente a un escenario climático que podría complicar a buena parte de la provincia. Sin embargo, la medida abrió una discusión sobre cómo y con qué recursos financiar las obras para prevenir inundaciones sin aumentar el deterioro de la red vial rural.

Una ley que llegó al recinto sin debate en comisiones

La polémica no se limita al contenido de la norma. En Diputados, el proyecto llegó con moción de preferencia y despacho de Legislación, lo que permitió tratarlo sobre tablas sin pasar por el recorrido habitual de las comisiones. Para habilitar ese procedimiento se necesitó una mayoría de dos tercios.

La decisión generó críticas de las entidades rurales, que cuestionaron tanto la rapidez del tratamiento como la falta de consulta a los productores. CARBAP resumió su rechazo con una frase: “Cuando hay que resolver, no sesionan; cuando hay que sacarle fondos al campo, sí”.

Durante el debate, el único orador fue Alejandro Acerbo, de Fuerza Patria, intendente de Daireaux en uso de licencia y alineado con el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof. El legislador defendió la herramienta pero apuntó contra el Gobierno nacional por la subejecución de los recursos destinados a infraestructura hídrica.

Entre los rechazos, la diputada Silvina Vaccarezza, de UCR + Cambio Federal, cuestionó que se habilite el uso de recursos destinados a los caminos rurales para otros fines. “Se permite que recursos que deben volver al campo para garantizar caminos transitables tengan otro destino”, advirtió tras la sanción. También denunció que la Legislatura avanzó sin consultar a los productores ni a las entidades rurales: “Es grave que un proyecto de esta magnitud haya llegado al recinto sin pasar por comisión, sin debate y sin escuchar al sector”.

Hoy la Legislatura sancionó una ley que habilita a los municipios a utilizar hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural destinados al mantenimiento de los caminos rurales para financiar obras hídricas. En otras palabras, se permite que recursos que deben volver al campo para garantizar caminos transitables tengan otro destino. Por eso, dejé sentado mi rechazo a esta iniciativa. Se trata de un nuevo avasallamiento al sector agropecuario: se toman decisiones de espaldas a los productores y a las entidades rurales, sin consultarlos ni darles participación en una discusión que los afecta directamente. Es grave que un proyecto de esta magnitud haya llegado al recinto sin pasar por comisión, sin debate y sin escuchar al sector. No se puede hablar de defender la producción y después habilitar que se utilicen para otros fines recursos que tienen un destino específico.

— Silvina Vaccarezza (@SilVaccarezza) October 20, 2026

Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica, puso el foco en los alcances de la autorización. Si bien reconoció la necesidad de ejecutar obras hidráulicas, advirtió que la herramienta puede resultar contraproducente si compromete los recursos para el mantenimiento vial. En los fundamentos de su rechazo, cuestionó que no se exija acreditar una emergencia hídrica concreta en cada distrito ni se establezcan criterios específicos de priorización y fiscalización.

Bugallo también planteó que no se prevé cómo recomponer los fondos que los municipios dejen de destinar a los caminos. Su objeción apunta a un problema que la ley no termina de resolver: cómo atender la emergencia hídrica sin debilitar otra infraestructura esencial y qué mecanismos permitirán controlar las decisiones de cada intendente. En otras palabras, si esta potestad no permitirá a los intendentes 'blanquear' el uso de recursos bajo un ítem tan genérico como obras hídricas. 

Los caminos rurales, otra vez en discusión

La Sociedad Rural Argentina y CARBAP rechazaron la posibilidad de utilizar fondos viales para otros fines sin garantías concretas de reposición. El planteo tiene un trasfondo conocido: los caminos rurales son indispensables para sacar la producción, trasladar hacienda y garantizar el acceso a escuelas y centros de salud, pero su mantenimiento arrastra reclamos históricos en distintos distritos.

En algunos municipios, las controversias por el estado de la red vial y el destino de las tasas que pagan los productores llegaron incluso a la Justicia, mediante pedidos de acceso a la información pública y planteos por la falta de contraprestación.

Desde la Sociedad Rural Argentina manifestamos nuestro rechazo a la aprobación del proyecto que habilita en la provincia de Buenos Aires, durante 180 días, a utilizar hasta el 100% de los fondos destinados a caminos rurales para la ejecución de obras hidráulicas. Entendemos la necesidad de avanzar con obras que den respuesta a los problemas hídricos, pero no se puede resolver una emergencia comprometiendo otra infraestructura esencial para la producción y las comunidades rurales. Los caminos rurales son fundamentales para sacar la producción, garantizar el acceso a las escuelas y los servicios de salud, y sostener la vida en el interior. Desviar sus recursos, sin garantías concretas de reposición, pone en riesgo el mantenimiento y la transitabilidad de una red indispensable. Por eso, reclamamos planificación, financiamiento específico y una política de infraestructura que contemple las necesidades del sector productivo.

— Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) October 20, 2026

La nueva ley agrega otra incertidumbre. Aunque la autorización tiene un plazo de seis meses y no obliga a reasignar los recursos, permite utilizar hasta la totalidad de los fondos coparticipados del Inmobiliario Rural. Además, alcanza a los 135 municipios por igual, sin establecer criterios específicos para distinguir entre distritos con necesidades hídricas urgentes y otros que podrían enfrentar riesgos diferentes.

Las obras previstas pueden resultar indispensables para evitar inundaciones, incluso en cascos urbanos. Pero la urgencia no despeja las preguntas sobre qué trabajos tendrán prioridad, cómo se controlará el uso del dinero y qué ocurrirá con los recursos necesarios para recuperar la transitabilidad de los caminos.

El problema tampoco se resuelve atribuyendo todas las dificultades a la falta de financiamiento. La situación de la red vial también pone bajo la lupa las decisiones de administración y las prioridades de cada gobierno local. Por eso, la reasignación de partidas exige mecanismos de información pública y rendición de cuentas que permitan conocer qué se hizo con los fondos.

La responsabilidad de Nación y el financiamiento que falta

Uno de los principales argumentos a favor de la iniciativa apunta al Gobierno de Javier Milei. Durante el debate, Acerbo cuestionó que Nación recaude el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que incluye recursos destinados al Fondo Hídrico de Infraestructura, sin ejecutar la totalidad del dinero para las obras previstas.

Según los datos expuestos por el legislador en el recinto, frente a una recaudación de $375.000 millones se habían ejecutado apenas $100.000 millones. Acerbo sostuvo que, si esos recursos se destinaran a su finalidad, la Legislatura bonaerense no necesitaría recurrir a una herramienta excepcional para financiar las intervenciones.

La Legislatura habilitó a los municipios a reasignar fondos viales por 180 días y abrió dudas y polémicas

El reclamo se suma a la discusión que la Provincia mantiene con Nación por los fondos para infraestructura. En agosto, el gobierno de Axel Kicillof había presentado un plan de prevención y mitigación con una inversión anunciada superior a los $2,3 billones y cuestionado la falta de recursos nacionales.

Las advertencias sobre El Niño, por lo tanto, no aparecieron de un día para el otro. La pregunta es por qué la respuesta termina dependiendo de una autorización para modificar el destino de partidas que ya tienen una finalidad específica y cuánto de las obras necesarias puede resolverse en los próximos 180 días.

El planteo de Acerbo apunta a una responsabilidad concreta del Gobierno nacional, que recauda el impuesto a los combustibles e incluye recursos destinados al Fondo Hídrico de Infraestructura, pero no ejecuta la totalidad del dinero para las obras previstas. En ese punto también queda abierta una pregunta para el sector rural: ¿Por qué el reclamo por la utilización de fondos con un destino específico no tiene la misma contundencia frente a la subejecución nacional que ante una decisión de la Legislatura bonaerense?

A pesar de ello, la subejecución nacional puede agravar las dificultades de la Provincia y los municipios, pero no vuelve incuestionable la solución elegida. Si el argumento es que los recursos públicos deben utilizarse para los fines previstos, ese criterio también abre una discusión sobre los fondos viales que reciben los gobiernos locales.

La controversia no se reduce a una disputa entre el campo y los intendentes. Expone las responsabilidades de Nación, Provincia y municipios frente a dos necesidades que no son excluyentes: prevenir inundaciones y mantener caminos transitables.

La ley busca ofrecer una herramienta temporal, pero deja abiertos interrogantes sobre los criterios de aplicación, los controles y la recuperación de los recursos reasignados. La urgencia climática puede exigir rapidez pero no vuelve innecesaria la rendición de cuentas y el destino específico que tienen los fondos.