El Gobierno de Paraguay anunció el 15 de octubre de 2026 que iniciará el proceso para sumarse a la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. El canciller Rubén Ramírez Lezcano presentó la decisión en una reunión organizada por la IHRA en la Embajada argentina en Washington. El trámite apunta inicialmente a la categoría de observador y expresa un compromiso de cooperación sobre memoria histórica, educación y prevención del antisemitismo, pero todavía no constituye una membresía plena.
El anuncio diplomático tiene un antecedente institucional que permite comprender su alcance. El 3 de diciembre de 2025, la Cámara de Diputados paraguaya aprobó una resolución para adoptar la definición de antisemitismo de la IHRA, creada en 2016. Esa decisión estableció criterios orientadores para las actividades legislativas y solicitó al Poder Ejecutivo avanzar en el mismo sentido. Por lo tanto, la iniciativa internacional de octubre amplía un trabajo iniciado meses antes, aunque ambos procedimientos tienen efectos diferentes.
La IHRA aprobó su definición práctica de antisemitismo el 26 de mayo de 2016. El documento, disponible en la página oficial de la organización, tiene carácter jurídicamente no vinculante y permite identificar manifestaciones de hostilidad hacia personas judías, sus instituciones y lugares de culto. Sus ejemplos incluyen estereotipos conspirativos, negación del Holocausto y atribución de responsabilidades colectivas. También distingue entre expresiones antisemitas y críticas a Israel comparables con las dirigidas a cualquier otro Estado.
En Paraguay, la adopción parlamentaria estableció un marco interpretativo para orientar determinadas actuaciones institucionales. La resolución de la Cámara de Diputados contempla actividades de capacitación, análisis de discursos y prevención de la discriminación. También insta al Ejecutivo a aplicar la definición. Sin embargo, no se identificó una disposición presidencial equivalente que permita confirmar su incorporación obligatoria en toda la administración pública. Adoptar criterios de interpretación no significa crear nuevos delitos ni modificar automáticamente la legislación penal.

Adoptar una definición y convertirse en integrante de la IHRA son procedimientos diferentes. La organización cuenta con 35 Estados miembros plenos y contempla las categorías de observador y país de enlace. La incorporación exige procedimientos de solicitud y aprobación internacional. En el listado institucional consultado el 23 de octubre, Uruguay figura como observador, mientras Paraguay todavía no aparece en esa categoría. Por esa razón, la comunicación paraguaya debe entenderse como el inicio de una candidatura, no como una admisión ya concluida.
La expansión de la definición de antisemitismo refleja una tendencia de cooperación entre gobiernos latinoamericanos. Argentina, Uruguay, Guatemala, Colombia, Panamá, Costa Rica y República Dominicana integran el recuento regional de países que han respaldado su adopción, al que ahora se suma el anuncio paraguayo. No obstante, esos compromisos presentan diferencias jurídicas e institucionales. Algunos corresponden a decisiones gubernamentales y otros a resoluciones específicas. Argentina continúa siendo el único país latinoamericano con membresía plena, condición que mantiene desde 2002.
La iniciativa coincide con una orientación diplomática sostenida por el Gobierno de Santiago Peña hacia Israel. Paraguay trasladó su embajada a Jerusalén y fortaleció su cooperación bilateral, mientras el canciller vinculó el acercamiento a la IHRA con la defensa de la memoria histórica. La visita oficial del vicepresidente Pedro Alliana a Israel también forma parte de esa agenda. Este posicionamiento se relaciona con el respaldo regional a Israel analizado anteriormente por NewsDigitales.
La eficacia de estos compromisos dependerá de su aplicación dentro de las instituciones paraguayas. La capacitación docente, la documentación de incidentes antisemitas y los protocolos de actuación podrían contribuir a prevenir agresiones y discriminación. Sin embargo, todavía no se identificó un programa nacional específico con presupuesto, cronograma y metas verificables asociado al anuncio. Sin instrumentos de seguimiento será difícil establecer cuánto contribuyen las declaraciones diplomáticas a mejorar la seguridad de las comunidades judías y la calidad de la educación histórica.
La implementación también requiere distinguir la prevención del odio de las restricciones indebidas a la libertad de expresión. Los ejemplos de la IHRA deben interpretarse atendiendo al contexto y no convierten automáticamente las críticas políticas a un gobierno en expresiones antisemitas. Las responsabilidades penales continúan dependiendo de la legislación nacional, las pruebas y las garantías del debido proceso. Esta precisión permite abordar la discriminación religiosa sin convertir una herramienta educativa internacional en una facultad sancionadora carente de fundamento jurídico.
El próximo avance verificable será la presentación formal de la candidatura paraguaya y su eventual aceptación como país observador. Ese cambio tendrá que reflejarse en los registros oficiales de la IHRA antes de considerarse concluido. Por ahora, Paraguay cuenta con una resolución legislativa de 2025 y un anuncio diplomático realizado en octubre de 2026. La continuidad del proceso determinará si ambos compromisos se traducen en participación internacional, cooperación educativa y nuevas políticas públicas con resultados concretos contra el antisemitismo.