Conocer qué registró el SEBIN sobre vos: el derecho que Venezuela debe recuperar

La información difundida este 23 de octubre, atribuida a una investigación de David Alandete en ABC, sostiene que Estados Unidos habría accedido a ficheros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Su alcance requiere confirmación oficial: las versiones periodísticas disponibles no acreditan una entrega completa ni un desmantelamiento consumado. Respaldo toda cooperación que contribuya a desmontar la persecución política y considero que esta noticia plantea una exigencia impostergable: los venezolanos debemos conocer qué información se reunió sobre nosotros. Si Washington dispone de esos documentos, debe contribuir a preservarlos y facilitar su apertura. La verdad sobre la represión debe estar al alcance de la sociedad venezolana.

Durante diez años participé en la política venezolana como parte del equipo nacional de Formación de Cuadros de Vente Venezuela. Desde esa experiencia, exijo conocer qué registros existen sobre nuestras actividades, reuniones, recorridos y vínculos familiares. Esta demanda comprende a los jóvenes que comenzaron a organizarse, a los dirigentes de mayor edad que sostuvieron su compromiso y a las familias que acompañaron esa participación. Quiero saber si existen expedientes sobre nosotros, quién ordenó elaborarlos, qué contienen y cómo se utilizaron. Recuperar esa información permitiría esclarecer responsabilidades, identificar posibles falsedades y devolver a cada ciudadano capacidad de respuesta frente a lo que el Estado registró sobre su vida.

Un cambio favorable que debe consolidarse

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el 3 de enero de 2026, alteró de manera decisiva un escenario político enquistado. Mi valoración de ese cambio es positiva: después de años de esfuerzos que no habían conseguido restablecer las libertades, se abrió una oportunidad de alcance extraordinario. Respaldo el enfoque reformista que Estados Unidos impulsa para encauzar la transición por etapas, con transformaciones institucionales y resultados verificables. El esfuerzo acumulado de los venezolanos merece traducirse ahora en justicia independiente, participación política y seguridad jurídica. La rapidez del giro inicial alimenta mi optimismo; consolidarlo exige modificar las estructuras que permitieron al autoritarismo reproducirse.

Los avances deben evaluarse con rigor. En septiembre, la misión de la ONU reconoció una disminución de las detenciones prolongadas, excarcelaciones de cientos de personas y mayores espacios de participación, pero advirtió que persistían estructuras represivas y documentó nuevas torturas. El 22 de octubre, el Departamento de Estado destacó un acuerdo para trabajar en la revisión de leyes represivas dentro del diálogo venezolano. Ese compromiso todavía debe convertirse en cambios efectivos. Para quienes apoyamos la nueva etapa, estas evidencias fijan una tarea concreta: convertir las mejoras iniciales en garantías duraderas. La apertura de los archivos ayudaría a comprobar responsabilidades y a identificar prácticas que todavía requieren ser desmanteladas.

Abrir los archivos del SEBIN es una deuda con las víctimas y un deber para una democracia.

La lección de los archivos del bloque soviético

El derrumbe del bloque soviético ofrece una referencia valiosa, siempre que se distingan sus procesos. La apertura de determinados archivos soviéticos permitió revelar documentos antes secretos, algunos expuestos por la Biblioteca del Congreso estadounidense en 1992. El modelo más preciso para el acceso ciudadano es el de la Stasi, la policía política de la antigua Alemania oriental: desde 1992, las personas pueden solicitar los expedientes reunidos sobre ellas. Esa experiencia convirtió la recuperación de la memoria en un procedimiento institucional. Venezuela necesita una garantía semejante, establecida por ley y administrada con independencia, para que conocer lo ocurrido sea un derecho efectivo y duradero.

La experiencia alemana también enseña que preservar las pruebas es urgente. Durante el derrumbe de la Stasi, sus funcionarios destruyeron documentación; quedaron aproximadamente 16.000 bolsas con papeles rotos que dieron lugar a trabajos de reconstrucción. Venezuela debe actuar antes de perder material irrecuperable: asegurar expedientes físicos, servidores, respaldos y registros de acceso, además de documentar cualquier traslado o entrega de copias. Propongo un inventario público de los fondos del SEBIN, la DGCIM y otros organismos involucrados, bajo custodia verificable. Quienes participen en la cooperación internacional deberían informar qué documentación recibieron, de dónde procede y qué garantías existen para conservarla íntegra y ponerla a disposición de la justicia.

La historia de la Stasi confirma que abrir los archivos ayuda a reconstruir la democracia.

Archivos públicos, víctimas y familias protegidas

La exigencia tiene una base venezolana: el artículo 28 de la Constitución reconoce el acceso a los datos personales contenidos en registros, el conocimiento de su uso y finalidad y la posibilidad de solicitar judicialmente su rectificación. Ese derecho debe traducirse en un mecanismo accesible, también para quienes vivimos fuera del país, con entrega de copias, plazos de respuesta y revisión independiente de las negativas. Propongo una autoridad civil de archivo, separada de los organismos investigados, con especialistas y representación de las víctimas. Junto al acceso individual, debe establecerse un calendario público de desclasificación y consulta para investigadores, periodistas y organizaciones de derechos humanos.

La apertura pública debe abarcar órdenes de vigilancia, cadenas de mando, criterios de persecución, recursos utilizados y responsabilidades documentadas. Los datos íntimos de víctimas, menores y familiares requieren protección específica mediante versiones públicas que oculten únicamente lo necesario. La Relatoría Especial de la CIDH sostiene que la seguridad nacional no justifica esconder graves violaciones de derechos humanos y exige compatibilizar la divulgación con los derechos de los afectados. Además, cada anotación de inteligencia debe someterse a contraste: un expediente puede contener rumores, falsedades o declaraciones obtenidas bajo coacción. Los ciudadanos deben poder impugnar esos contenidos, mientras se conserva la evidencia necesaria para investigar cómo se produjeron y utilizaron.

Venezuela reclama calma, estrategia e instituciones firmes para consolidar su nueva etapa.

Inteligencia, estrategia y «calma y cordura»

Mantengo una visión optimista del futuro y considero determinante el impulso estadounidense. El regreso seguro de María Corina Machado, la libertad de quienes siguen presos por motivos políticos, el fortalecimiento de la justicia y la construcción de una autoridad electoral confiable deben formar parte de una misma agenda democrática. El método reformista necesita objetivos públicos, responsables identificables y plazos que permitan evaluar sus resultados. La apertura de los archivos sería una medida concreta para generar confianza y demostrar que las instituciones comienzan a responder ante los ciudadanos. Apoyar el cambio exige trabajar para que la estabilidad se sostenga en derechos y en una participación política verdaderamente libre.

En esta hora conviene recuperar las palabras «calma y cordura», asociadas a Eleazar López Contreras durante la transición abierta tras la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935. Las entiendo hoy como una invitación a combinar inteligencia, estrategia y serenidad con exigencias democráticas precisas. Venezuela necesita capacidad para reconocer las oportunidades, perseverancia para consolidar los avances y firmeza para reclamar verdad. Mi confianza en el futuro es profunda, y por eso exijo que los archivos de la represión se preserven, se abran y permitan a los afectados conocer su historia. La transformación que respaldo alcanzará su mayor valor cuando cada venezolano pueda ejercer sus derechos sin temor.