25/10/2026 - Edición Nº1356

Internacionales

POLÉMICA JUDICIAL

Transporte colapsado y urnas abiertas más tiempo: así se alteró la elección en Brasil

25/10/2026 | El ministro Cristiano Zanin, antiguo abogado personal del presidente brasileño, ordenó extender el sufragio hasta las 19:00 tras una reclamación de su campaña.



La segunda vuelta presidencial de Brasil registró este domingo 25 de octubre una controversia judicial que alteró el desarrollo previsto de las elecciones entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El ministro Cristiano Zanin, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó prolongar la recepción de votos hasta las 19:00 en todas las secciones electorales del país, cuando el calendario oficial establecía el cierre a las 17:00, hora de Brasilia. La resolución respondió a una reclamación presentada por la coalición del presidente Lula, que denunció dificultades de transporte público en distintas ciudades. La modificación nacional, conocida prácticamente al finalizar el horario originalmente establecido, abrió interrogantes sobre los criterios utilizados para extender una medida excepcional a regiones donde no se habían acreditado públicamente problemas equivalentes.

El cuestionamiento central surge de la diferencia entre los incidentes denunciados y el alcance territorial de la resolución. La coalición Brasil Pronto Pra Mais, vinculada al Partido de los Trabajadores (PT), presentó inicialmente reclamaciones relacionadas con la insuficiencia del transporte público en localidades de Bahía y posteriormente amplió sus solicitudes a otros estados. También recurrió al Supremo para pedir una extensión nacional. La intervención de Zanin respondió a esta última vía judicial y ordenó al Tribunal Superior Electoral (TSE) ejecutar la ampliación. No obstante, la reclamación constitucional que fundamentó la resolución se dirigía específicamente contra tres municipios: Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas. La amplitud de la decisión plantea una cuestión jurídica concreta: qué elementos justificaban modificar el horario en todas las secciones del país cuando los hechos individualizados en aquel procedimiento estaban geográficamente delimitados.

 


Brasil es un vasto país de Sudamérica que se extiende desde la Cuenca del Amazonas en el norte hasta los viñedos y las enormes cataratas del Iguazú en el sur. 

El PT llevó al Supremo una reclamación que terminó modificando el horario nacional

La estrategia judicial de la campaña de Lula se desarrolló en varias etapas durante la jornada electoral. Primero solicitó medidas para municipios de Bahía, después incorporó localidades de Piauí, Paraíba, Paraná, Pará, Río de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Pernambuco y Roraima, y finalmente pidió al Supremo que la ampliación alcanzara todo el territorio brasileño. Entre sus argumentos figuraban denuncias sobre una reducción de las frecuencias del transporte colectivo, retrasos en la circulación de autobuses y dificultades para llegar a los centros de votación. La coalición sostuvo que esas circunstancias podían vulnerar el derecho al sufragio y solicitó también mantener el transporte gratuito durante dos horas después del eventual cierre extraordinario. La argumentación electoral del PT se apoyó en la necesidad de garantizar el acceso a las urnas, pero su pretensión nacional excedió las localidades inicialmente identificadas en las reclamaciones.

Los problemas de transporte no fueron únicamente denuncias partidarias. El Tribunal Regional Electoral de Bahía había verificado que, en Salvador, circulaba menos de la mitad de los autobuses previstos para una jornada laboral, circunstancia que proporcionaba un fundamento concreto para examinar medidas correctivas en los municipios afectados. Sin embargo, reconocer la existencia de obstáculos reales no resuelve automáticamente la proporcionalidad de una prórroga nacional. Para establecer esa relación sería necesario conocer cuántas secciones electorales resultaron perjudicadas, durante cuánto tiempo se mantuvieron las dificultades, cuántos votantes estuvieron efectivamente imposibilitados de desplazarse y qué alternativas operativas podían aplicarse. Esas preguntas resultan especialmente relevantes porque la Justicia Electoral dispone de mecanismos para permitir votar a quienes permanecen en las filas al llegar la hora de cierre.

Flávio Bolsonaro también pidió una prórroga, pero por problemas climáticos localizados

La campaña de Flávio Bolsonaro, representante del Partido Liberal (PL), también presentó solicitudes para extender la votación hasta las 19:00, aunque con una fundamentación y una extensión diferentes. Sus abogados señalaron lluvias intensas, inundaciones, bloqueos de carreteras y dificultades de acceso en municipios de estados del sur y sudeste, especialmente São Paulo, Paraná y Santa Catarina, según las reclamaciones divulgadas. La petición buscaba que los electores afectados por esas circunstancias extraordinarias pudieran ejercer su derecho sin quedar excluidos por obstáculos ajenos a su voluntad. Ambas candidaturas, por tanto, coincidieron en admitir que una prórroga podía resultar necesaria ante situaciones concretas. La diferencia fundamental estuvo en que la campaña de Lula terminó solicitando una aplicación nacional, mientras la de Bolsonaro centró sus argumentos en localidades afectadas por incidentes meteorológicos.

La identidad del magistrado que adoptó la resolución añade otra dimensión al escrutinio público. Cristiano Zanin fue abogado de Lula en los procesos vinculados con la Operación Lava Jato, participó en su defensa judicial y fue designado ministro del Supremo Tribunal Federal por el propio presidente en 2023, después de recibir la aprobación del Senado. Esa relación profesional anterior constituye un hecho documentado, aunque no demuestra que su decisión del domingo careciera de independencia ni establece automáticamente una causa legal de recusación. La cuestión institucional consiste en examinar si la resolución siguió criterios jurídicos verificables y si todas las candidaturas tuvieron posibilidades equivalentes de recurrir y obtener respuestas motivadas. En una elección presidencial de elevada competencia, la transparencia sobre esos criterios resulta indispensable para reducir cuestionamientos sobre eventuales tratamientos desiguales.


Lula logró extender la votación en Brasil hasta las 19:00 por decisión del STF.

Una resolución excepcional cuando el cierre de las urnas ya era inminente

La resolución de Zanin, registrada bajo el número 101.673/BA, permite reconstruir el fundamento inmediato de la intervención. El expediente señala que los hechos expuestos por la coalición llegaron al conocimiento del Supremo a las 16:32:49 de este domingo. Al examinar la solicitud, el ministro invocó la gravedad de las circunstancias relatadas y la urgencia de adoptar medidas para proteger el derecho al voto. Su determinación final ordenó prolongar durante dos horas la recepción de sufragios en todas las secciones de Brasil y atribuyó al TSE la responsabilidad de ejecutar esa instrucción. El problema que merece un análisis específico es que la resolución, difundida aproximadamente a las 17:05, llegó cuando el horario ordinario ya había vencido. Ello introdujo exigencias operativas extraordinarias para las autoridades responsables de administrar miles de centros electorales.

Las dificultades de implementación resultan especialmente importantes porque el calendario electoral preveía comenzar a emitir los boletines de urna después de las 17:00. De hecho, las primeras informaciones difundidas por medios brasileños indicaron que el escrutinio había comenzado mientras se conocía la ampliación ordenada por el Supremo. La situación obliga a distinguir entre la decisión jurídica y su cumplimiento material. No basta con establecer que las mesas debían permanecer abiertas hasta las 19:00: también corresponde determinar cuáles habían cerrado antes de recibir la instrucción, si fue posible garantizar la continuidad de la votación, qué comunicaciones recibieron las autoridades regionales y cómo se preservaron los registros electorales. La existencia de resultados parciales durante ese intervalo tampoco demuestra por sí sola una irregularidad en los votos, pero sí plantea la necesidad de explicar públicamente la secuencia de operaciones.

Las acusaciones políticas requieren pruebas y el TSE debe explicar la ejecución

En medio de la controversia, la dirigente y exrepresentante diplomática venezolana María Teresa Belandria expresó públicamente su preocupación por una prórroga aplicada a todo el país cuando los problemas no se habían producido en todas las jurisdicciones. También señaló que las campañas del PT y del PL habían planteado solicitudes por razones distintas. En otra publicación sostuvo que existía una campaña preparada por artistas relacionados con el PT para desacreditar el proceso electoral. Esta última afirmación no está acompañada, hasta el momento, por documentación pública suficiente para demostrar la existencia de una operación organizada de esas características. En consecuencia, debe ser tratada como una denuncia pendiente de comprobación y no como un hecho acreditado. La controversia verificable se concentra en las solicitudes judiciales, la resolución de Zanin y las condiciones de su aplicación.

La jornada deja abierto un debate sobre los límites de la intervención judicial en los procedimientos electorales y la responsabilidad de las campañas cuando solicitan modificaciones extraordinarias. El PT defendió su pedido como una medida para garantizar que ningún ciudadano quedara sin votar por deficiencias del transporte; el PL planteó una solución excepcional para localidades afectadas por condiciones climáticas. La obligación de las autoridades consiste ahora en publicar las razones técnicas y jurídicas que justificaron la extensión nacional, detallar su cumplimiento por municipio y aclarar la coordinación entre el cierre de las mesas y el inicio del escrutinio. No se dispone de pruebas que permitan atribuir a Lula una manipulación de votos o concluir que la prórroga modificó el resultado electoral. Pero la magnitud de la decisión exige una rendición de cuentas igualmente amplia: cuando una regla nacional cambia durante la propia jornada de votación, su legitimidad institucional depende de que las razones, los procedimientos y las consecuencias puedan verificarse con independencia de quién resulte elegido presidente.