Israel vota este 27 de octubre de 2026 con Benjamin Netanyahu todavía sometido a juicio penal. En tres expedientes afronta acusaciones de fraude y abuso de confianza, y en uno también de soborno. Tras sus declaraciones continúa la prueba de la defensa. Los electores definirán el Parlamento, pero no podrán absolverlo, condenarlo ni archivar las causas.
La Ley Básica del Gobierno distingue la continuidad política de la responsabilidad penal. Su artículo 18 prevé efectos sobre el cargo ante condenas por delitos con deshonra moral. El juicio comenzó en mayo de 2020 ante tres jueces en Jerusalén. La cobertura electoral de NewsDigitales explica las negociaciones posteriores al voto, que no reemplazan una sentencia.
El expediente 1000 investiga obsequios de lujo entregados a Netanyahu por Arnon Milchan y James Packer. La Fiscalía afirma que recibió cigarros y champán mientras intervenía en asuntos de Milchan. Su defensa invoca la amistad, rechaza cualquier contraprestación ilegal y cuestiona la interpretación acusatoria. El cargo es fraude y abuso de confianza; los regalos alegados no constituyen por sí solos una condena.
El expediente 2000 analiza conversaciones con Arnon Mozes, propietario del diario Yedioth Ahronoth. La acusación vincula una cobertura más favorable con restricciones proyectadas contra el competidor Israel Hayom. Netanyahu sostiene que nunca pretendió ejecutar el presunto acuerdo y niega el delito. En este caso responde por fraude y abuso de confianza, no por soborno; tampoco existe una decisión judicial definitiva.
El expediente 4000 incluye la acusación de soborno, además de fraude y abuso de confianza. La Fiscalía plantea que Netanyahu favoreció con medidas regulatorias a Bezeq, vinculada a Shaul Elovitch, a cambio de cobertura favorable en Walla. Él niega ese intercambio. Los magistrados advirtieron dificultades para probar el soborno, pero la Fiscalía no retiró el cargo y todavía no existe sentencia.

Netanyahu terminó su testimonio en junio, tras 98 audiencias, sin que concluyera la fase probatoria. Este 26 de octubre compareció como testigo de la defensa el exfiscal general Avichai Mandelblit. Su interrogatorio abordó las autorizaciones concedidas a investigadores. Reconoció discrepancias en ciertas diligencias, aunque defendió la apertura de las investigaciones. Eso no equivale a una resolución que anule el proceso.
La defensa denuncia irregularidades y cuestiona el origen de las investigaciones. También atribuye motivaciones políticas a la Fiscalía, argumento que no ha sido establecido judicialmente como hecho probado. Los jueces propusieron reconsiderar el cargo de soborno, no absolver a Netanyahu. Faltan testimonios, alegatos y veredicto, sin fecha final confirmada. Durante todo el procedimiento rige la presunción de inocencia.
En marzo de 2025, la Knéset aprobó modificar el mecanismo de selección de jueces. La reforma sustituye representantes del Colegio de Abogados por personas elegidas por bloques parlamentarios, pero comenzará a regir al constituirse la nueva Knéset. La norma enfrenta impugnaciones. La votación puede alterar futuras designaciones, no las pruebas ni la integración del tribunal que juzga actualmente al primer ministro.
Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara Netanyahu voted at a Jerusalem polling station: "Go out and vote!" https://t.co/rB0UofkG32
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 27, 2026
Una reforma distinta, aprobada en julio de 2026, afecta a la Fiscalía General desde enero de 2027. Permitirá al Ejecutivo apartarse de determinadas opiniones jurídicas, excepto en materia penal. Separadamente, una propuesta para modificar autorizaciones de investigaciones a altos funcionarios recibió solamente aprobación en primera lectura. Ni una ley aún no vigente ni un proyecto inconcluso borran automáticamente acusaciones ya presentadas.
El resultado electoral tampoco resuelve las vías de clemencia ni la causa internacional. Netanyahu solicitó indulto en 2025, sin concesión verificada; la Presidencia normalmente examina esos pedidos tras concluir los procesos. La Corte Penal Internacional mantiene una orden de detención por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad, impugnada por Israel, sin condena. El nuevo Parlamento definirá gobiernos y reformas, no responsabilidades penales.