La Misión de Observación Electoral de la OEA respaldó el 27 de octubre la integridad de los resultados presidenciales de Brasil. En su informe preliminar, 88 observadores contrastaron cifras oficiales con registros de campo y visitaron 977 secciones de 388 centros. El escrutinio atribuyó 51,79% a Luiz Inácio Lula da Silva y 48,21% a Flávio Bolsonaro. Esta observación no equivale a una auditoría individual de cada urna.
La validación de los números no cerró el examen de las reglas que organizaron la campaña. La OEA registró 1.071 representaciones y pedidos de derecho de respuesta entre el 20 de julio y el 16 de octubre, casi 75% más que en 2022. Estas disputas afectan qué anuncios circulan, cuáles se retiran y cuándo puede replicar un candidato. Los debates presidenciales del 18 y el 23 de octubre permitieron contrastar propuestas fuera de las redes.
Una resolución urgente puede proteger al elector de un contenido ilícito y, al mismo tiempo, limitar una expresión legítima. La misión cuestionó que ciertas medidas individuales sobre publicaciones o canales pudieran prolongarse sin revisión inmediata del pleno del TSE. El tribunal ya había dispuesto el 7 de octubre revisión colegiada inmediata de cautelares y decisiones sobre derechos de respuesta en hasta 72 horas. La OEA pide reglas estables y límites claros para la intervención del Supremo Tribunal Federal.
El caso de los canales de WhatsApp mostró consecuencias concretas de esas diferencias de criterio. El espacio Exército do Lula, con más de cuatro millones de seguidores, fue suspendido el 11 de octubre y recibió otra orden de retiro el día 13, antes de ser habilitado tras su registro. La campaña rival también cuestionó canales digitales. La OEA recomendó privilegiar restricciones sobre contenidos específicos antes que bloqueos integrales, con fundamentos claros, duración definida y recursos para quienes resulten afectados.

La discusión también alcanzó la publicidad política y los algoritmos de las plataformas. Tras una orden del TSE contra anuncios electorales no autorizados, Meta restringió temporalmente la promoción pagada de organizaciones civiles y medios sobre temas sociales, aunque las publicaciones orgánicas siguieron disponibles. La OEA examinó denuncias de trato desigual y la respuesta de la empresa sin establecer favoritismo. El expediente sobre Meta y X es distinto de la verificación del escrutinio.

El próximo debate será cómo garantizar información plural sin desproteger la integridad electoral. La OEA propuso una ley discutida con la sociedad civil, órdenes de retiro precisas, recursos efectivos e informes públicos sobre moderación y recomendación algorítmica. También recomendó conservar registros de anuncios y armonizar criterios sobre inteligencia artificial. Son propuestas para futuros comicios, no reformas vigentes ni pruebas de fraude en 2026. Su discusión corresponde a Brasil, mientras la misión prepara su evaluación definitiva.