A partir del 1° de enero de 2027, la carne vacuna argentina -junto a soja y sus derivados y forestales- deberán demostrar que no provienen de establecimientos vinculados con la deforestación posterior al 31 de diciembre de 2020. Esta exigencia se conoció a través de la Resolución 1115/25 y si bien ya sufrió postergaciones, todo indica que desde el próximo año ya entrará en vigencia.
Cuando se conoció esta normativa, la agroindustria argentina creó la plataforma VISEC (Visión Sectorial del Gran Chaco), con el fin de reunir y sistematizar información sobre la cadena sojera. Posteriormente, se creó VISEC Carne, que apunta a generar datos sobre el origen de los animales, la geolocalización de los establecimientos y la trazabilidad de la hacienda.
Pero mientras en soja y forestal no hay problemas con las certificaciones, en el seno de la cadena de ganados y carnes existen ciertas resistencias a su implementación y hay dos bandos bien diferenciados. El mercado europeo tiene su peso para la industria frigorífica exportadora vacuna y de acuerdo a datos públicos, el año pasado se embarcaron a ese destino un 8,9% del volumen total de ventas (unas 60.900 toneladas) que generaron divisas por USD 746 millones, un 19,8% del total facturado.
Por un lado entidades como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), un grupo de sociedades rurales y de productores cuestionaron que se impulse la adhesión a una plataforma privada como condición para sostener los negocios con Europa.
En concreto, rurales de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos denunciaron presiones de frigoríficos y exportadoras para que los ganaderos se incorporen al sistema, incluso mediante incentivos económicos y exigencias de documentación. En paralelo, cuestionaron que se pretenda instalar a VISEC como una herramienta excluyente, cuando consideran que la normativa europea no establece la obligatoriedad de utilizar una plataforma determinada y que existen alternativas para reunir la información requerida.
Incluso, CRA llegó a reclamar explicaciones al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) sobre supuestos descuentos en el precio de la hacienda por no estar inscripta en VISEC.
Desde la industria exportadora defendieron el funcionamiento del sistema y rechazaron que se trate de una certificación obligatoria. Fernando Herrera, vicepresidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), explicó a NewsDigitales que en la reciente SIAL Paris 2026, mantuvieron reuniones con importadores para que se interioricen sobre el funcionamiento de la plataforma VISEC.
"No creo que haya prórroga en la implementación, o sea, que a partir del 1° de enero 2027 va a entrar en funcionamiento"; consideró el directivo. Como se recordará, esta normativa tuvo dos aplazamientos desde su producción.
En este punto, Herrera reconoció que aunque la medida se ponga en marcha el próximo año, "podría haber un periodo de seis meses de observación del sistema y la auditoría, pero sin sanciones, como para que todo el mundo se vaya acomodando".
Consultado por las resistencias que genera la implementación del VISEC, el directivo de APEA sostuvo que "más allá de los ruidos que ha habido de algunas organizaciones invitando a los productores a no sumarse, creo que el mismo mercado lo va a alinear".
Y agregó: "Cuando un productor quiera vender una jaula de novillos y no tenga habilitación con VISEC o con otra plataforma para entrar a Europa, posiblemente eso valga menos. Y cuando le expliquen el motivo, seguramente se irán sumando".
Desde APEA señalaron que VISEC no certifica, sino que recopila información para que los importadores europeos puedan presentarla ante las autoridades comunitarias y cumplir con sus obligaciones.
Esta semana, la Comisión de Carnes de CRA mantuvo una reunión con Gastón Funes, agregado agrícola de Argentina ante la Unión Europea, en donde expresaron su preocupación por la entrada en vigencia de la Resolución 1115/23.
Durante el encuentro, se puso de manifiesto la creciente preocupación y alarma de los productores ganaderos de cría del norte argentino frente a las exigencias de esta normativa y las dificultades que puede generar su implementación.
"La situación plantea interrogantes sobre el impacto en los sistemas productivos de la región, por lo que resulta fundamental contar con información clara, criterios de aplicación definidos y herramientas que permitan cumplir con los requisitos sin perjudicar la actividad ganadera", concluyeron los confederados.