por Redacción NewsDigitales
La Sociedad Rural de Rosario salió a cuestionar el costo de las tasas para el mantenimiento de caminos rurales que cobran municipios y comunas, y reclamó mayor transparencia sobre el destino de los fondos. Bajo la consigna "El campo exige transparencia y servicios", la entidad denunció que los productores pagan montos cada vez más elevados sin recibir una contraprestación acorde.
El planteo apunta tanto al estado de la red vial rural como a los mecanismos utilizados para calcular y actualizar los tributos. "No alcanza con cobrar. Hay que demostrar qué se recauda, cómo se gasta y qué servicio se presta", sintetizaron desde la institución, en paralelo a las discusiones que se dan en la provincia de Buenos Aires.
La entidad recordó que, por definición legal, una tasa debe estar vinculada a un servicio efectivamente prestado y comprobable. En ese sentido, advirtió que las deficiencias en el mantenimiento de los caminos afectan la actividad productiva, especialmente durante las cosechas y los períodos de lluvias, pero también la vida cotidiana de las familias que viven en las zonas rurales.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al mecanismo de actualización que utilizan algunas administraciones locales, basado en el valor de litros de gasoil por hectárea.
Según la Sociedad Rural de Rosario, el combustible fue uno de los insumos que registró mayores incrementos relativos durante los últimos doce meses. La entidad sostiene que ese sistema de indexación automática genera ingresos para los municipios que superan en un 23% el costo real del servicio.

Por eso, reclamó eliminar el litro de gasoil como referencia y establecer montos vinculados a los costos efectivos de ejecución de las tareas. "El monto de la tasa debe responder al costo real de ejecución del servicio prestado, justificando de manera técnica y financiera el cobro exigido al productor", plantearon.
La falta de información pública es otro de los ejes del pronunciamiento. La entidad sostuvo que los productores tienen derecho a conocer cuánto se recauda, cómo se determina el valor de la tasa, cuáles son los costos del mantenimiento y qué trabajos se ejecutan.
En ese marco, invocó las normas de acceso a la información pública y la Ley Provincial 14.256 de Gobernanza de Datos. Según denunció, las administraciones locales no cumplen con las obligaciones de publicación de presupuestos, contrataciones y balances, mientras que los pedidos de información de los productores suelen quedar sin respuesta.
Frente a ese escenario, propuso que los fondos recaudados por las tasas viales ingresen a una cuenta específica, destinada exclusivamente al mantenimiento de la infraestructura rural. También pidió que los municipios informen públicamente las tareas realizadas y la composición de los gastos.
La Sociedad Rural de Rosario planteó, además, avanzar hacia un esquema de gestión público-privada que permita a los productores participar del seguimiento y control de las tareas, aunque aclaró que esa participación no debe reemplazar las responsabilidades que corresponden al Estado local.
La propuesta incluye mejorar la planificación, capacitar al personal técnico y fortalecer la capacidad operativa de los municipios mediante la incorporación de maquinaria propia.
Finalmente, la entidad convocó a los productores a organizarse y gestionar colectivamente sus reclamos para exigir que los aportes se traduzcan en servicios concretos.
"La conectividad es un derecho fundamental", sostuvieron, y reclamaron que las autoridades comunales rindan cuentas mediante información pública y obras verificables.