Productores de la localidad de Colón se sumaron a la discusión por la tasa vial que el campo de la provincia de Buenos Aires lleva adelante frente a los municipios por la defectuosa contraprestación en el arreglo y mantenimiento de los caminos rurales.
El planteo tomó fuerza en las últimas semanas, cuando más de 70 productores independientes y otros nucleados en la Sociedad Rural de Colón se reunieron para analizar el estado de la red vial y el costo de la tasa.
Desde entonces, el reclamo avanzó hacia un pedido formal al Municipio que conduce el intendente camporista Waldemar Giordano para conocer cuánto se recauda y cómo se utilizan esos recursos.
Estanislao Villalón, representante de los productores independientes, habló con Newsdigitales y sintetizó el reclamo en una frase: “Hace 25 años que los caminos son un desastre y nosotros queremos caminos, no queremos otra cosa”. Según explicó, el planteo también es compartido por la Sociedad Rural de Colón, cuyo vicepresidente, José Manfredini, participa del reclamo.
El productor advirtió además que el problema excede la discusión tributaria. Ante el escenario de lluvias que podría profundizarse durante los próximos meses, sostuvo que existe preocupación por la posibilidad de que los productores no puedan sacar la cosecha. También señaló que los caminos son utilizados diariamente por familias que viven en el campo y alumnos que concurren a escuelas rurales.
“Hay gente que vive en el campo, que va a escuelas rurales, la verdad que es hasta peligroso circular por los caminos rurales”, afirmó Villalón, quien recordó además un accidente ocurrido recientemente en el partido de Colón a raíz del mal estado de unos tubos.
El primer objetivo de los productores no es judicializar el conflicto, sino acceder a la información que permita determinar qué está ocurriendo con los recursos. Para eso, se encuentran asesorados por el abogado Pablo Abdón y enviaron una carta al Municipio solicitando documentación.
El pedido comprende información sobre la recaudación de la tasa vial, el destino de los fondos y otros recursos vinculados con el mantenimiento de la infraestructura rural. También buscan conocer datos que permitan establecer con precisión cuál es la situación de la red y qué capacidad tiene actualmente el Municipio para atenderla
“Necesitamos esa información para poder hacer un diagnóstico de la situación y generar un plan de acción”, explicó Villalón.
La discusión ya tuvo un primer contacto con el intendente Giordano. Según relató el productor, integrantes del movimiento participaron de una reunión en la que se propuso conformar una comisión para abordar la problemática de los caminos, integrada por dos productores, dos representantes del oficialismo y una persona de Vialidad.
Los productores valoran esa alternativa, pero plantean una condición previa: contar con los números.
“Estamos encantados de armar la comisión, pero siempre y cuando haya un plan de acción y la información que nosotros requerimos sea otorgada”, sostuvo Villalón.
La posición marca una diferencia respecto de otros conflictos por la tasa vial que terminaron directamente en los tribunales. En Colón, la intención inicial es obtener la información y recién después discutir qué modelo de gestión puede aplicarse.
Muy buena reunión con productores rurales en Colon Pcia de Buenos Aires, vamos a acompañarlos para solucionar el tema de los caminos rurales pic.twitter.com/74lDNmqDCB
— ABDON (@AlberdianoArg) August 19, 2026
Entre las alternativas que podrían analizarse aparecen la tercerización de determinados servicios o incluso la conformación de consorcios para administrar y ejecutar trabajos sobre la red vial.
Pero si el Municipio no entrega la documentación solicitada, los productores ya tienen definido el siguiente paso. “De no haber respuesta a la información pública que nosotros estamos pidiendo, vamos a solicitar un amparo”, anticipó Villalón.
El otro punto de conflicto está en la forma en que se calcula la tasa. El Municipio defiende un esquema progresivo, dividido en siete tramos, mediante el cual el valor por hectárea aumenta a medida que crece la superficie del establecimiento.
La gestión de Giordano sostiene que el sistema beneficia a los pequeños y medianos productores y asegura que el 85% de los propietarios rurales de Colón posee campos de hasta 100 hectáreas. También afirma que, para establecimientos de hasta 400 hectáreas, el valor por hectárea resulta inferior al de municipios vecinos como Salto, Pergamino, Arrecifes y Rojas.
El Ejecutivo municipal incluso señaló que el reclamo por modificar el esquema estaría impulsado principalmente por propietarios de grandes extensiones.
Los productores que firman el pedido, sin embargo, consideran que la discusión sobre la progresividad tiene otro enfoque.
Villalón cuestionó que se utilice el concepto de progresividad para justificar el esquema porque la tasa tiene una naturaleza diferente a un impuesto y debe guardar relación con el servicio que presta el Estado.
“Por tratarse de una tasa, primero y principal, la tasa tiene una contraprestación”, planteó. En ese sentido, sostuvo que la tasa vial debería estar vinculada directamente con el costo del servicio: el mantenimiento y reparación de los caminos rurales.
“La progresividad no está avalada constitucionalmente, no es un impuesto”, afirmó el productor, quien marcó una diferencia entre una tasa y tributos como el impuesto a las ganancias.
También cuestionó uno de los componentes utilizados para determinar el valor actual de la tasa. El esquema toma como referencia el precio de medio litro de gasoil y medio kilo de carne por hectárea, con coeficientes vinculados a la superficie.
Para los productores, la relación debería estar dada por los costos concretos de prestación del servicio.
“Deberían considerarse el precio del gasoil, los materiales o el personal pero nada tiene que ver con el precio de la carne”, sostuvo Villalón.
Y agregó un argumento central para el sector: “El hecho que sea progresiva se mete con tu producción y eso no corresponde porque es una tasa para arreglar los caminos” sentenció.
El conflicto adquiere relevancia dentro de una discusión que se repite en distintos municipios bonaerenses: cuánto recauda cada distrito en concepto de tasa vial, cuánto destina efectivamente a los caminos y qué nivel de participación tienen los productores en la administración de esos recursos.
En Colón, el Municipio sostiene que durante 2026 destinó más de $800 millones a la red vial rural, incluyendo combustible, personal, mantenimiento y funcionamiento de maquinaria, materiales y logística. También enumeró trabajos realizados en distintos caminos del partido.
Los productores, por su parte, consideran que antes de discutir esos números públicamente deben acceder a la documentación que permita verificarlos y conocer el conjunto de recursos disponibles.
El planteo se encuentra todavía en una instancia administrativa, pero el antecedente de otros distritos bonaerenses aparece como telón de fondo.

En Azul, la Justicia reconoció el derecho de productores a acceder a documentación vinculada con la determinación, recaudación y destino de la tasa destinada a los caminos rurales. En Henderson, productores también recurrieron a la Justicia para obtener balances y documentación vinculada con esos recursos.
Colón aún está lejos de ese escenario. El reclamo comenzó por la vía administrativa y los productores aseguran que su primera intención es sentarse a trabajar con el Municipio.
La respuesta administrativa será, en ese sentido, el próximo punto de inflexión. Si la información llega, podrá abrirse la mesa de trabajo que proponen los productores. Si no, el reclamo podría trasladarse a la Justicia.
La discusión, además, empieza a abrir una pregunta más amplia para los municipios bonaerenses: si el esquema actual de administración de los caminos rurales alcanza para garantizar la prestación que reclaman los productores o si será necesario avanzar hacia modelos con mayor participación del sector privado.
En otros distritos ya aparecen experiencias en esa dirección. En Cañuelas, Municipio y Sociedad Rural acordaron que productores puedan realizar mejoras y descontar hasta el 75% de esas inversiones de la tasa vial. En Azul se habilitó un esquema para que el sector pueda ejecutar trabajos sobre la red, mientras que en 9 de Julio la entidad rural impulsa una Comisión Vial Rural con autonomía para administrar fondos. En Brandsen, en tanto, quedó trabado un proyecto para crear un consorcio público-privado.
En Colón, por ahora, el primer paso que reclaman los productores es concreto: acceder a la documentación y conocer cuánto se recauda, cuánto se destina efectivamente a los caminos y qué recursos tiene el Municipio para sostener la red vial.
“Tarde o temprano la información va a tener que ser provista”, advirtió Villalón.