Santiago Peña fue destituido este viernes 6 de noviembre de la Presidencia de Paraguay, después de que el Senado aprobara su remoción por mal desempeño de sus funciones, en medio del escándalo por el colapso de Ueno Bank. La decisión reunió 44 votos favorables, sin oposición entre los legisladores presentes, y dejó al mandatario fuera del poder y sin acceso a la senaduría vitalicia. Pedro Alliana quedó habilitado para sucederlo, mientras Horacio Cartes conserva la conducción del Partido Colorado, que mantiene el control del Ejecutivo.
El desenlace llegó apenas un día después de que Peña presentara su renuncia para intentar cerrar anticipadamente la crisis. Sin embargo, el Congreso no consiguió tratar su dimisión por falta de quórum y el juicio político continuó hasta la votación definitiva. La Cámara de Diputados había aprobado la acusación con 78 votos favorables y ninguno en contra, incluidos legisladores del oficialismo que hasta entonces habían sostenido al presidente.
En el Senado, los 44 legisladores presentes votaron por la destitución. El único ausente fue Enrique Riera, quien había abandonado el ministerio del Interior para regresar a su banca. La votación confirmó el derrumbe del respaldo parlamentario de Peña, que había llegado al Palacio de López en agosto de 2023 con el apoyo de Horacio Cartes y una mayoría colorada en el Congreso.
Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal. Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas. Es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes están siendo afectados. Que Dios bendiga al Paraguay.
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026
El juicio político se desarrolló sin la presencia del mandatario, representado por sus abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro. La defensa había solicitado una prórroga de 72 horas para preparar sus argumentos, pero el Senado rechazó el pedido. Los letrados cuestionaron las pruebas presentadas y denunciaron irregularidades en el procedimiento, además de sostener que la renuncia debía ser aceptada antes de continuar con el juzgamiento.
La diferencia entre una renuncia aceptada y una destitución tiene consecuencias directas sobre el futuro de Peña. El artículo 189 de la Constitución paraguaya reconoce la condición de senador vitalicio a los expresidentes elegidos democráticamente, pero excluye a quienes hayan sido declarados culpables en juicio político.
Peña perdió así la posibilidad de acceder a esa banca y a las inmunidades parlamentarias asociadas, mientras la Fiscalía avanza con investigaciones relacionadas con Ueno Bank, sus antiguos vínculos societarios y el manejo de fondos públicos. El Ministerio Público abrió una causa contra el expresidente por presunta lesión de confianza y otras investigaciones vinculadas con las decisiones de supervisión y administración de la entidad financiera.
La acusación parlamentaria incluyó presuntos conflictos de intereses por la participación anterior de Peña en Ueno Holding, cuestionamientos sobre colocaciones millonarias de organismos estatales y decisiones vinculadas con la supervisión bancaria. Los legisladores también señalaron la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central del Paraguay, por sus antecedentes en la estructura empresarial relacionada con Ueno.
La crisis bancaria dejó a millones de clientes con restricciones para acceder a sus ahorros y provocó manifestaciones frente al Congreso, mientras avanzaban investigaciones contra directivos y funcionarios. Peña negó haber cometido irregularidades y sostuvo que su renuncia buscaba preservar la estabilidad institucional y facilitar las soluciones para los ahorristas.
🎞️📽️ CINE: Mientras suena el Himno Nacional 🎵 en el Congreso, la Policía llegó a la casa de Santiago Peña, expresidente de Paraguay 🇵🇾, para detenerlo. https://t.co/P3BXRjEPrt
— Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) November 6, 2026
Pero la crisis también expuso la ruptura política entre el mandatario destituido y Horacio Cartes. El expresidente, titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y principal impulsor de la candidatura de Peña, terminó respaldando el juicio político cuando el jefe de Estado había perdido buena parte de su apoyo interno.
Cartes había intentado facilitar la transición hacia Alliana mediante la aceptación de la renuncia de Peña, pero la resistencia de sectores opositores y colorados disidentes impidió concretar esa alternativa. La destitución terminó imponiéndose sobre el esquema de salida que promovía la conducción partidaria.
El Partido Colorado logró, sin embargo, preservar al vicepresidente. La Cámara de Diputados rechazó el juicio político contra Pedro Alliana por 48 votos contra 30, pese a que también había sido incluido en las acusaciones vinculadas con Ueno Bank. Esa decisión despejó la sucesión constitucional y evitó que la crisis provocara la salida simultánea de las dos principales autoridades del Ejecutivo.
Alliana deberá completar el mandato presidencial previsto hasta el 15 de agosto de 2028. Su llegada a la jefatura del Estado también abrirá una vacante en la Vicepresidencia, cuyo reemplazante deberá ser elegido por el Congreso, conforme al artículo 234 de la Constitución.
En esa negociación apareció Antonio Barrios, senador, exministro de Salud y médico personal de Cartes. La conducción colorada impulsa su candidatura para acompañar a Alliana, en una decisión que permitiría incorporar al Ejecutivo a uno de los dirigentes más cercanos al expresidente. Su designación depende de la votación parlamentaria.

La destitución convierte a Santiago Peña en el segundo presidente paraguayo removido mediante juicio político desde el retorno de la democracia en 1989, después de Fernando Lugo, expulsado del cargo el 22 de junio de 2012. A diferencia de aquel episodio, la caída de Peña contó con el acompañamiento de un Congreso en el que su propio partido tenía mayoría.
La salida del mandatario modifica el equilibrio interno del coloradismo, pero no desplaza a la estructura política que lo llevó al gobierno. Cartes continúa al frente de la ANR y Alliana queda como sucesor constitucional, mientras la Justicia investiga las responsabilidades por la crisis bancaria. El Partido Colorado conserva la Presidencia y deberá administrar las consecuencias políticas y judiciales de un escándalo que terminó derribando a uno de sus propios dirigentes.