Paraguay: cómo se elige al nuevo vicepresidente tras la renuncia de Santiago Peña

La renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay, anunciada este jueves 5 de noviembre de 2026, abrió un procedimiento constitucional que involucra directamente al Congreso Nacional y al vicepresidente Pedro Alliana. Aunque el mandatario comunicó públicamente su decisión de abandonar el cargo, la transición requiere completar determinadas formalidades institucionales antes de considerar concluido el cambio de gobierno. La Constitución establece que Alliana es el sucesor del presidente y deberá completar el mandato hasta el 15 de agosto de 2028. Sin embargo, su llegada al Poder Ejecutivo también dejará vacante la Vicepresidencia, un cargo cuyo reemplazante tendrá que ser designado por el Congreso.

El mecanismo se encuentra regulado principalmente por el artículo 234 de la Constitución Nacional de Paraguay, dedicado a la acefalía del Poder Ejecutivo. La disposición determina que, ante una vacancia definitiva de la Presidencia, el vicepresidente electo debe asumir el cargo y ejercerlo hasta la finalización del período constitucional. Esto significa que la salida de Peña no obliga a convocar una nueva elección presidencial ni habilita al Parlamento a escoger libremente a otro jefe de Estado mientras Alliana pueda ejercer la sucesión. La norma busca asegurar la continuidad institucional y evitar que una crisis política interrumpa el funcionamiento de la administración pública.

Qué debe hacer el Congreso para completar la sucesión presidencial

El primer paso corresponde al Congreso Nacional, que tiene la atribución de aceptar o rechazar la renuncia del presidente, según el artículo 202, inciso 16, de la Constitución. Peña anunció su salida mientras la Cámara de Diputados discutía una acusación de juicio político presentada por 35 legisladores opositores y disidentes oficialistas. El mandatario también formalizó su decisión ante el Poder Legislativo, pero el anuncio y la presentación del documento no equivalen a la aceptación parlamentaria. Hasta la información consultada, no se había confirmado una resolución definitiva del Congreso que aceptara la dimisión ni un acto oficial de toma de posesión de Alliana. Ambos acontecimientos deberán verificarse mediante los registros institucionales correspondientes.

Una vez formalizada la vacancia presidencial, Pedro Alliana debe asumir la Presidencia sin necesidad de una elección popular ni de una votación parlamentaria para escogerlo como sucesor. Su derecho a ocupar el cargo deriva de la fórmula presidencial elegida en los comicios generales de 2023. El artículo 232 establece que el presidente y el vicepresidente toman posesión ante el Congreso mediante juramento o promesa de cumplir sus funciones constitucionales. También contempla que, si el Congreso no alcanza el quorum para reunirse en la fecha señalada, la ceremonia pueda realizarse ante la Corte Suprema de Justicia. El procedimiento permitirá completar institucionalmente la transmisión del mando y establecer una nueva autoridad al frente del Ejecutivo.

El Congreso debe elegir al vicepresidente por mayoría absoluta, sin otra votación popular.

Cómo se elegirá al nuevo vicepresidente de Paraguay

La llegada de Alliana a la Presidencia producirá una segunda vacancia, esta vez en la Vicepresidencia. El artículo 234 distingue dos procedimientos para cubrir ese cargo según el momento del período constitucional. Si la vacancia ocurre durante los primeros tres años, corresponde convocar a elecciones populares. En cambio, si se produce durante los últimos dos años del mandato, la designación queda exclusivamente en manos del Congreso Nacional. Como Peña y Alliana comenzaron su período el 15 de agosto de 2023 y este concluye el 15 de agosto de 2028, una sucesión concretada en noviembre de 2026 encuadra en el segundo supuesto. Por lo tanto, no está prevista una votación ciudadana extraordinaria para elegir al próximo vicepresidente.

La decisión deberá adoptarse mediante una reunión del Congreso Nacional con participación de ambas cámaras. Paraguay cuenta con 45 senadores y 80 diputados, por lo que la mayoría absoluta de sus 125 integrantes equivale a 63 votos. La Constitución exige ese respaldo para designar a quien ejercerá la Vicepresidencia durante el tiempo restante del mandato. El procedimiento obliga a construir un acuerdo parlamentario que puede incluir negociaciones entre el Partido Colorado, sus sectores internos y representantes de la oposición. Aunque el oficialismo conserva una presencia importante en el Legislativo, el resultado de la votación dependerá de la composición efectiva de las mayorías y de los nombres que sean presentados formalmente.

El Congreso debe elegir al vicepresidente por mayoría absoluta, sin otra votación popular.

Entre los dirigentes mencionados en las conversaciones políticas figura el senador Antonio Barrios, integrante del entorno cercano de Horacio Cartes y referente del oficialismo colorado. Su nombre comenzó a circular después de que el expresidente y otros dirigentes partidarios analizaran la sucesión de Peña. Sin embargo, no existe una confirmación oficial de que Barrios haya sido designado vicepresidente, ni corresponde considerar concluida la negociación antes de una resolución del Congreso. La elección del nuevo titular del cargo representa una decisión relevante para el equilibrio del gobierno, porque definirá quién acompañará institucionalmente a Alliana y qué sectores del Partido Colorado tendrán mayor participación en la conducción del Ejecutivo.

El procedimiento tiene antecedentes en la historia política reciente de Paraguay. En junio de 2012, después de la destitución de Fernando Lugo mediante un juicio político, el entonces vicepresidente Federico Franco asumió la Presidencia y el Congreso eligió al senador Óscar Denis para reemplazarlo en la Vicepresidencia. En 2018, tras la renuncia del vicepresidente Juan Afara, los legisladores designaron a Alicia Pucheta, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo. Ambos episodios muestran que la participación del Congreso en la designación de un vicepresidente no constituye una medida excepcional creada para la crisis actual, sino la aplicación de un mecanismo constitucional utilizado anteriormente.

Qué decisiones faltan y cómo continuará el nuevo gobierno

La transición también deberá resolver la situación de las acusaciones parlamentarias presentadas contra las autoridades del Poder Ejecutivo. El 4 de noviembre, un grupo de 35 diputados impulsó dos procedimientos de juicio político, uno contra Santiago Peña y otro contra Pedro Alliana. No obstante, las posiciones de los distintos bloques cambiaron durante las negociaciones y sectores que inicialmente promovían ambas acusaciones comenzaron a respaldar la continuidad institucional del vicepresidente. La oposición y la disidencia colorada no mantienen necesariamente una postura uniforme sobre ambos expedientes. Por ese motivo, el tratamiento de las acusaciones deberá diferenciarse de la aceptación de la renuncia y de la designación del futuro vicepresidente, ya que se trata de decisiones parlamentarias con fundamentos y consecuencias jurídicas diferentes.

Pedro Alliana. 

Los próximos acontecimientos institucionales serán determinantes para cerrar la crisis de sucesión. El Congreso deberá formalizar la aceptación de la renuncia de Peña, recibir el juramento de Pedro Alliana y convocar el procedimiento para elegir al nuevo vicepresidente, cuya designación requerirá mayoría absoluta. También quedará por definirse el tratamiento de los expedientes políticos pendientes y la composición de la administración que completará el período 2023-2028. La Constitución ofrece un mecanismo para garantizar la continuidad del Estado sin elecciones presidenciales anticipadas, pero la estabilidad del próximo gobierno dependerá de que las autoridades cumplan esos pasos y construyan los acuerdos legislativos necesarios. La sucesión permitirá resolver quién ejercerá la Presidencia, mientras que la elección de la Vicepresidencia definirá una parte fundamental del nuevo equilibrio político paraguayo.