Golpe regional
08/11/2026 - Edición Nº1370
Internacionales
Estados Unidos
Hegseth rechaza el juicio político y exige USD 350.000 millones al Congreso
08/11/2026 | La guerra con Irán y la derrota republicana agravan la presión sobre el secretario de Defensa estadounidense.
Pete Hegseth.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, rechazó el jueves 5 de noviembre las presiones para apartarlo del cargo. En un mensaje difundido por la Casa Blanca, defendió su gestión y reclamó al Congreso una ley que permita destinar al menos USD 350.000 millones adicionales al presupuesto militar ordinario. La solicitud constituye una posición del Ejecutivo, no una autorización legislativa ni una transferencia de fondos ya ejecutada.
La intervención se produjo dos días después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Las pérdidas republicanas agravaron la discusión sobre el costo político de la guerra con Irán y el margen de maniobra del presidente Donald Trump. Ese escenario ya había sido abordado por News Digitales en su cobertura del avance demócrata. La nueva declaración traslada el conflicto electoral hacia la permanencia de Hegseth y las prioridades presupuestarias del Pentágono.
El Pentágono está ubicado en Arlington, Virginia, frente a Washington D. C. Coordenadas GPS: 38.871857, -77.056267.
Cómo se compone el pedido de USD 350.000 millones
La cifra reclamada por Hegseth corresponde a un componente de la propuesta de defensa para el año fiscal 2027. La documentación presupuestaria de la Casa Blanca contempla aproximadamente USD 1,15 billones de financiamiento ordinario y otros USD 350.000 millones mediante legislación específica. El conjunto supera USD 1,5 billones. Los USD 350.000 millones no deben sumarse nuevamente a ese total, porque ya forman parte de la propuesta global.
El mecanismo propuesto es una ley de conciliación presupuestaria que requiere intervención del Congreso. Este procedimiento permite tramitar determinadas medidas fiscales bajo reglas particulares en el Senado, pero no elimina la necesidad de aprobación legislativa. Entre las prioridades militares identificadas por el Pentágono figuran las municiones, la capacidad industrial de defensa, los sistemas antimisiles y las tecnologías no tripuladas. El detalle final de asignaciones dependerá del texto que avance en el Poder Legislativo.
Pete Hegseth durante una comparecencia oficial en el Pentágono. Imagen de archivo de mayo de 2026.
La presión para destituirlo y el escenario político
La disputa presupuestaria coincide con una ofensiva legislativa contra el titular de Defensa. El congresista republicano Thomas Massie presentó en septiembre ocho artículos de juicio político contra Hegseth. Entre los cuestionamientos figura la actuación militar estadounidense contra Irán sin la autorización legislativa que el impulsor considera necesaria. Se trata de acusaciones políticas formuladas en el Congreso, no de responsabilidades judiciales establecidas ni de una resolución que ordene su salida.
Vista aérea del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en Arlington. Fotografía oficial de archivo.
La presentación de artículos de juicio político no produce automáticamente la destitución de un funcionario. La Cámara de Representantes debe aprobar las acusaciones y el Senado necesita una mayoría de dos tercios para condenarlo y removerlo. Hasta la declaración del 5 de noviembre no existía una decisión legislativa que hubiera apartado a Hegseth. La continuidad del secretario y el financiamiento solicitado dependen, además, de procedimientos distintos.
Hegseth utilizó su respuesta pública para ratificar su alineamiento con Donald Trump. Defendió la política militar aplicada frente a Irán y presentó la solicitud de fondos como una necesidad para reforzar las capacidades estadounidenses. Su intervención también buscó desactivar las presiones políticas sobre su conducción del Pentágono. Sin embargo, el respaldo presidencial no sustituye las facultades constitucionales que posee el Congreso para controlar al Ejecutivo y examinar sus gastos.
Las elecciones legislativas agregan incertidumbre a las futuras negociaciones presupuestarias. El avance demócrata modifica las perspectivas de control del Congreso, aunque la renovación institucional sigue su calendario y los resultados electorales requieren sus respectivos procedimientos de certificación. La composición de las cámaras será relevante tanto para examinar nuevas partidas militares como para impulsar investigaciones. No obstante, un cambio de mayorías no implica que cualquier solicitud presidencial quede automáticamente rechazada.
El monto reclamado tampoco equivale al costo comprobado de la guerra con Irán. La propuesta de USD 350.000 millones abarca necesidades militares más amplias, y no exclusivamente las operaciones vinculadas con ese conflicto. Confundir ambos conceptos distorsionaría el alcance del pedido. Para determinar cuánto dinero se destina efectivamente a cada programa será necesario examinar las asignaciones aprobadas, su ejecución y los informes que las autoridades presenten al Congreso.
El próximo paso será comprobar si las iniciativas legislativas avanzan hacia votaciones concretas. El Congreso deberá discutir el financiamiento planteado por Hegseth, mientras sus críticos pueden intentar dar curso al juicio político por una vía separada. Hasta que se produzcan esas decisiones, el secretario continúa en funciones y los USD 350.000 millones siguen siendo una solicitud. La controversia combina la conducción de la guerra, la supervisión parlamentaria y el costo político de las decisiones del Gobierno.
