De la renuncia al combate: Santiago Peña prepara su defensa y desafía el juicio político

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pasó en menos de 24 horas de anunciar su renuncia a preparar una defensa política y jurídica frente al Senado, en un giro que modifica el desarrollo de la crisis institucional desatada por la intervención de Ueno Bank. Este viernes 6 de noviembre, el mandatario difundió una fotografía junto a sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, y confirmó que espera una respuesta favorable a su solicitud de prórroga para ejercer sus derechos constitucionales. La imagen representa una nueva etapa del enfrentamiento: el dirigente que el jueves había ofrecido abandonar la Presidencia ahora organiza sus argumentos para responder a las acusaciones que podrían terminar con su destitución.

El cambio de actitud no significa que Peña haya retirado formalmente su renuncia, sino que decidió afrontar el procedimiento que el Congreso mantiene abierto en su contra. El jueves 5 de noviembre, el jefe de Estado había comunicado su intención de dejar el cargo con el argumento de preservar la estabilidad nacional, reducir la tensión social y facilitar una transición institucional. Sin embargo, la falta de quorum en la sesión conjunta convocada para considerar su dimisión impidió completar ese procedimiento. La Cámara de Diputados ya había aprobado la acusación para someterlo a juicio político y el Senado continuó con el juzgamiento. Ante ese escenario, Peña abandonó el discurso centrado exclusivamente en su salida y comenzó a defender públicamente su derecho a responder.

De la crisis de Ueno Bank a la ruptura con el Partido Colorado

La crisis tuvo su origen inmediato en la decisión del Banco Central del Paraguay, cuyo directorio resolvió el 2 de noviembre iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, comunicado oficialmente al día siguiente. La autoridad monetaria informó que la entidad presentaba un índice de solvencia inferior al 50% del mínimo exigido, una situación que provocó restricciones sobre los depósitos y una creciente incertidumbre entre sus clientes. El banco contaba con aproximadamente 2,9 millones de usuarios y había recibido importantes colocaciones de recursos públicos. La situación adquirió dimensión política por los antiguos vínculos empresariales de Peña con el grupo propietario de la entidad, las decisiones regulatorias adoptadas durante su administración y las preguntas sobre la responsabilidad de los organismos estatales de supervisión. Las irregularidades detectadas en el banco, sin embargo, no constituyen por sí mismas una prueba de responsabilidad personal del presidente.

El aislamiento político del mandatario se profundizó el jueves, cuando Horacio Cartes, expresidente y líder del Partido Colorado, anunció que respaldaría el juicio político contra quien había sido su principal apuesta presidencial. La decisión modificó la correlación de fuerzas dentro del oficialismo y permitió que la Cámara de Diputados aprobara la acusación con 78 votos favorables. El documento atribuye a Peña presunto mal desempeño de sus funciones, conflictos de intereses y actuaciones cuestionadas relacionadas con Ueno Bank, los mecanismos regulatorios y los depósitos del Instituto de Previsión Social. También menciona la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central y sus antecedentes en el sector financiero vinculado al banco. Son acusaciones políticas que deben examinarse durante el procedimiento y que no equivalen a una sentencia judicial.

He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso. Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles.

— Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026

La renuncia que no se concretó y el regreso de Peña a la confrontación

Frente a la pérdida de respaldo parlamentario, Peña anunció el jueves su renuncia mediante un mensaje dirigido a la ciudadanía. Aseguró que su prioridad era la tranquilidad de los ahorristas y sostuvo que ningún cargo debía situarse por encima de la estabilidad de Paraguay. La dimisión, presentada formalmente ante el Congreso, habría abierto el procedimiento de sucesión constitucional para que el vicepresidente Pedro Alliana asumiera la jefatura del Estado. Sin embargo, el anuncio también abrió una controversia sobre las consecuencias jurídicas de una salida voluntaria frente a una eventual destitución. Sectores parlamentarios defendían la necesidad de continuar el juicio político para establecer responsabilidades institucionales, mientras otros consideraban que aceptar la renuncia permitiría resolver más rápidamente la crisis presidencial.

La sesión conjunta convocada para tratar la dimisión terminó sin quorum después de que legisladores oficialistas abandonaran el recinto. Por esa razón, la renuncia no llegó a ser formalmente aceptada y Peña continuó ejerciendo la Presidencia, pese a haber manifestado su voluntad de dejar el cargo. La situación cambió por completo el escenario de negociación: el mandatario ya no podía dar por terminada su participación en el Ejecutivo mediante una decisión unilateral y debía enfrentar la acusación aprobada por los diputados. Una de las controversias centrales gira alrededor del eventual acceso a la condición de senador vitalicio, prevista constitucionalmente para los expresidentes, y de sus implicaciones para futuros procedimientos judiciales. No obstante, la aceptación de una renuncia, la separación del cargo y las posibles responsabilidades penales corresponden a mecanismos jurídicos diferentes.

Del mensaje de despedida a la defensa constitucional

La primera señal pública del cambio de estrategia apareció durante la noche del jueves, cuando Peña anunció que se presentaría ante el Senado para defenderse con argumentos y pruebas. El mandatario sostuvo que cumpliría con los mecanismos constitucionales aun cuando considerara que algunos sectores políticos ya habían tomado una decisión sobre su futuro. Su nueva posición introdujo una diferencia fundamental respecto del mensaje de renuncia: ya no se limitaba a explicar las razones para abandonar el poder, sino que reclamaba la oportunidad de cuestionar las acusaciones y dejar constancia de su versión de los acontecimientos. Este movimiento puede interpretarse como una estrategia para preservar su defensa institucional y su posición frente a eventuales investigaciones posteriores, aunque todavía no permite afirmar que pretenda permanecer definitivamente en el cargo.

"NO LE PODES DAR 12 HORAS A NADIE" 🔴 ➡️ La senadora Celeste Amarilla manifestó que votará a favor de la prórroga de 72 horas de la defensa del presidente Santiago Peña. #Unicanal #JuicioPolitico https://t.co/UdRtboWnMn

— Unicanal (@Unicanal) November 6, 2026

La siguiente decisión llegó durante la mañana del viernes, cuando solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su comparecencia ante el Senado. Peña explicó que había recibido la notificación formal a las 22:15 del jueves, acompañada de un libelo acusatorio de 15 páginas y aproximadamente 300 fojas de documentación. Según su planteo, disponer de menos de 12 horas para estudiar esos antecedentes, preparar pruebas y organizar la representación legal resultaba insuficiente para garantizar el debido proceso. El presidente sostuvo que expondría su versión de los hechos ante la ciudadanía, incluso si sus explicaciones resultaban incómodas para determinados actores políticos. La petición trasladó al Senado una cuestión procesal sensible: cómo avanzar con el juicio sin afectar el derecho de defensa.

La fotografía publicada este viernes junto a los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda confirmó que Peña trabaja en una estrategia legal organizada. En su mensaje, el mandatario sostuvo que ambos profesionales estaban esperando que el Senado concediera la ampliación del plazo solicitado. La aparición de sus defensores también tiene una dimensión política: después de una renuncia anunciada en términos conciliadores, Peña vuelve a presentarse como un dirigente dispuesto a disputar el resultado del procedimiento parlamentario. El nuevo discurso incorpora referencias a garantías constitucionales, tiempos procesales y derechos de defensa, aspectos que podrían adquirir relevancia si posteriormente se cuestionara la regularidad del juicio. Hasta el momento de esta actualización, la solicitud de prórroga no podía considerarse aprobada.

El desenlace depende ahora de las decisiones del Senado y de la evolución de la fractura política dentro del Partido Colorado. El artículo 225 de la Constitución paraguaya establece que la Cámara Alta juzga las acusaciones formuladas por Diputados y necesita una mayoría de dos tercios de sus integrantes, equivalente a 30 de los 45 senadores, para destituir al presidente. En paralelo, permanece abierta la posibilidad de que el Congreso vuelva a considerar su renuncia. La evolución de Peña, desde el ofrecimiento de abandonar la Presidencia hasta la preparación de una defensa con abogados y documentos, revela que la crisis ha dejado de limitarse a la continuidad de un gobierno: ahora también se disputa el modo en que el poder político exige responsabilidades a un jefe de Estado. La renuncia fue su primera respuesta; el combate constitucional se ha convertido en su nueva estrategia.