Los primeros datos que arroja el proyecto de Presupuesto 2027 en la provincia de Buenos Aires permiten esbozar qué lugar le asignará Axel Kicillof al campo durante su último año de gestión. El ministerio de Desarrollo Agrario tendrá asignados poco más de $54.400 millones, una partida acotada dentro de una masa total de recursos estimada en $58,65 billones. Sin embargo, las políticas que involucran al sector agropecuario también están distribuidas en otras áreas sensibles del Estado provincial a las que conviene prestar atención.
El texto enviado a la Legislatura permite identificar algunas de las principales previsiones para el próximo ejercicio. Por fuera de los gastos corrientes, que concentran buena parte del presupuesto de la cartera que conduce Javier Rodríguez, se destacan la continuidad de los programas de caminos rurales y frigoríficos municipales.
También hay fondos previstos para obras que exceden la órbita de Desarrollo Agrario, como el esperado Tramo V de la cuenca del Río Salado. A eso se suman proyectos de infraestructura eléctrica y vial que tienen incidencia sobre distintas regiones productivas.
El ministerio de Desarrollo Agrario tendrá un crédito asignado de $54.415.942.000. De ese total, unos $5.662 millones están comprendidos dentro del Presupuesto con Perspectiva de Género.
La distribución interna muestra que el 73,44% de los recursos corresponde a gastos corrientes, mientras que el 26,56% restante está destinado a gastos de capital
Dentro de los gastos corrientes, el principal componente son las remuneraciones del personal, con $28.652 millones. Esa partida representa el 71,7% de los gastos corrientes y el 52,66% del presupuesto total del ministerio.
Otros $7.316 millones corresponden a bienes y servicios, necesarios para el funcionamiento operativo de la cartera, mientras que las transferencias corrientes alcanzan los $3.991 millones. Estas últimas se distribuyen entre el sector privado y el público.
En los gastos de capital aparece otro dato relevante: $12.950 millones corresponden a transferencias de capital, casi el 90% de esa categoría. De ese monto, aproximadamente $9.220 millones tienen como destino el sector público y otros $3.729 millones, el sector privado.
La inversión real directa, es decir, aquella que ejecuta directamente el organismo para la formación de capital, asciende a $1.504 millones.
Entre las principales políticas productivas contempladas para el próximo ejercicio aparece la continuidad del Plan de Mejora de Caminos Rurales, una herramienta destinada a mejorar la conectividad de los establecimientos agropecuarios, escuelas, tambos y parajes del interior bonaerense.
Según los datos incorporados al proyecto, ya se intervinieron unos 5.500 kilómetros en 110 municipios, mediante 455 obras. Para 2027, la Provincia proyecta alcanzar las 600 obras y asistencias, realizar cuatro ciclos de capacitación en manejo de maquinaria y finalizar diez planes rectores elaborados junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), universidades y municipios.
Otra de las líneas previstas es el Programa de Construcción, Habilitación y Puesta en Marcha de Frigoríficos Municipales. La Provincia informa que ya financió 18 establecimientos, diez de ellos inaugurados y los restantes en ejecución, y prevé continuar con las obras durante el próximo año.
Frigorífico municipal de LapridaEl objetivo es ampliar la capacidad de faena local, reducir costos logísticos y facilitar el acceso a circuitos comerciales formales bajo condiciones sanitarias adecuadas. Para los municipios con actividad ganadera, se trata de una herramienta que busca fortalecer las economías regionales y agregar valor en origen.
También aparece entre las prioridades Mercados Bonaerenses, el programa que promueve la comercialización directa entre productores y consumidores mediante ferias, tiendas móviles y espacios fijos.
La iniciativa alcanza actualmente a 125 municipios y registra más de 50.218 ferias realizadas. Para 2027, la meta es llegar a 70.000 ferias, extender la cobertura a 130 distritos y poner en funcionamiento 15 mercados fijos de alimentos.
En paralelo, se proyecta continuar con los mercados mayoristas concentradores. Los establecimientos de Coronel Suárez y Pehuajó ya están operativos, mientras que los de Castelli y Roque Pérez se encuentran en ejecución.
La infraestructura hídrica constituye otro de los capítulos del presupuesto con impacto sobre la producción agropecuaria. Aunque estas inversiones dependen principalmente del Ministerio de Infraestructura y sus organismos, tienen incidencia directa sobre las zonas rurales, especialmente en regiones expuestas a inundaciones y anegamientos.
Entre las principales intervenciones aparece la continuidad del Plan Maestro del Río Salado, con las etapas 1 y 2 del Tramo V, que comprenden trabajos en la región de Bragado, Alberti y Chacabuco. El proyecto apunta a ampliar la capacidad de escurrimiento, reducir el impacto de las crecidas y recuperar hectáreas productivas. Se trata de una obra largamente esperada en la región, cuyo avance también es seguido con atención ante las preocupaciones por el fenómeno de El Niño.
Las dos primeras etapas abarcan unos 60 kilómetros e incluyen la construcción de siete puentes. La obra cuenta con financiamiento mixto del Banco Europeo de Inversiones y el Tesoro provincial. Sin embargo, su avance también está condicionado por la situación del Tramo IV, que depende de la finalización de los trabajos a cargo de Nación y de las gestiones para extender el financiamiento internacional.
La agenda hídrica contempla además la continuidad de las intervenciones en la cuenca del Río Luján, a través del COMILU, y en el río Areco, junto con el inicio de la presa de regulación del arroyo Pergamino.
También aparecen obras de desagües y adecuación de cauces en distintas regiones, además de la reconstrucción de infraestructura en Bahía Blanca, luego de la inundación de marzo de 2025.
En este esquema tienen participación organismos como la Autoridad del Agua (ADA) y los comités de cuenca, encargados de intervenir en la planificación, administración y gestión de los recursos hídricos.
Las previsiones climáticas también atraviesan la planificación de las obras provinciales. Ante la posibilidad de un escenario condicionado por el fenómeno de El Niño, la capacidad de respuesta frente a lluvias intensas y excedentes hídricos adquiere especial relevancia para las regiones productivas.
Dentro del Presupuesto con Perspectiva Ambiental, el objetivo de prevención y respuesta ante condiciones climáticas adversas concentra, según el desglose presupuestario, $422.138 millones distribuidos en 175 iniciativas y obras.
En paralelo, el Ministerio de Infraestructura lleva adelante un Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático que reúne obras estructurales, acciones preventivas, monitoreo hidrometeorológico y coordinación entre organismos. La Provincia informó que el plan contempla 139 obras y proyectos y siete estudios, con una inversión estimada de $1,7 billones.
Entre las intervenciones se encuentran trabajos en las cuencas del Luján y Areco, la ampliación del Río Salado y distintas obras de drenaje y adecuación de cauces. Se trata de iniciativas orientadas a reducir la vulnerabilidad de las ciudades y proteger los sistemas productivos frente a eventos extremos.
La infraestructura necesaria para el desarrollo agropecuario también aparece en otras jurisdicciones del Estado bonaerense.
En materia vial, uno de los proyectos destacados es la Ruta del Cereal, particularmente el camino provincial 107-08, que conecta Salazar con la Ruta Nacional 33 y atraviesa los partidos de Trenque Lauquen, Daireaux y Guaminí. Su finalización podría representar una mejora estratégica para el transporte de granos y la conectividad de una amplia zona productiva.
En el plano energético, se contemplan obras de transporte y subtransmisión eléctrica para acompañar el crecimiento de la demanda. Entre ellas figura la estación transformadora de Guaminí y una línea de alta tensión de 63 kilómetros hacia Coronel Suárez, que beneficiará a distintos distritos de la región.
La seguridad rural también aparece en el Presupuesto 2027, a través de acciones de prevención, patrullaje y combate del delito en zonas agropecuarias.
A esto se agregan las tareas de fiscalización laboral y los controles sobre las condiciones de trabajo en establecimientos productivos, que involucran a otras áreas de la administración provincial.
Por último, la infraestructura educativa y los servicios en comunidades rurales están comprendidos en las partidas generales de educación y obra pública, que incluyen mejoras edilicias, reparaciones y equipamiento de establecimientos educativos.
Presupuesto 2027: qué proyecta Axel Kicillof para el campo en su último año de gestiónDesarrollo Agrario concentra los programas específicamente productivos, pero las condiciones para producir y vivir en el interior también dependen de las inversiones en caminos, energía, infraestructura hidráulica, seguridad y educación. Por eso, una parte de las previsiones que tienen impacto sobre el sector debe buscarse en partidas de otras jurisdicciones y organismos provinciales.
El proyecto, presentado en un contexto de continuidad de la emergencia económica provincial, contempla un gasto total de $58,65 billones y un pedido de autorización de endeudamiento por el equivalente a US$1.000 millones.
El debate legislativo y el análisis más profundo de las planillas presupuestarias permitirán conocer con mayor precisión las asignaciones destinadas a cada programa y obra, así como las previsiones de ejecución para el próximo año.