Chascomús: el intendente vetó la ordenanza de caminos rurales y hay malestar en el campo

El intendente de Chascomús, Javier Gastón, vetó en su totalidad la ordenanza que buscaba modificar el esquema de administración y asignación de recursos para los caminos rurales.

La decisión del jefe comunal de Fuerza Patria dejó sin efecto, al menos por ahora, el proyecto que había conseguido aprobarse en el Concejo Deliberante por 10 votos contra 5- con votos de la oposición-  y generó un fuerte malestar en la Asociación Rural, que trabajó durante más de un año para impulsar la iniciativa.

Desde la entidad agropecuaria expresaron su decepción y cuestionaron los argumentos del Departamento Ejecutivo. En paralelo y según pudo saber Newsdigitales, el gobierno municipal buscará acercar una propuesta al sector en una reunión prevista para las próximas horas.

La ordenanza Nº 6068 proponía establecer una asignación progresiva de los fondos vinculados a la actividad rural para el mantenimiento de los caminos, institucionalizar la participación de los productores en la toma de decisiones y crear una Dirección de Vialidad Rural. Para la Asociación Rural, el veto posterga una solución a un problema que afecta tanto a la producción como a la vida cotidiana de las comunidades rurales.

En un comunicado, la entidad manifestó: “Desde la Asociación Rural de Chascomús lamentamos la decisión del Departamento Ejecutivo de vetar en su totalidad la ordenanza de caminos rurales, resultado de más de un año de trabajo desde la Mesa de Caminos”.

La Asociación Rural de Chascomús lamentó el veto de la ordenanza

La Rural sostuvo que la propuesta buscaba mejorar “la asignación de recursos, la planificación, la transparencia y la participación de los productores en la gestión de los caminos rurales”. Además, consideró que los fundamentos del veto generan “importantes cuestionamientos sobre el destino de los fondos, las prioridades de gestión y la administración de los recursos”.

Los argumentos del veto: facultades del Concejo y manejo de los recursos

En los fundamentos del veto, el Ejecutivo planteó objeciones jurídicas, presupuestarias y administrativas. El principal argumento es que el Concejo Deliberante no tiene facultades para modificar mediante esa ordenanza el destino de los recursos provenientes de Servicios Rurales, Marcas y Señales y Control de Plagas, ya que implicaría alterar la estructura de ingresos y gastos del municipio.

Según el gobierno local, la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) y la Constitución provincial establecen que las modificaciones de carácter tributario deben tramitarse a través de la ordenanza de presupuesto, con el procedimiento de ordenanza preparatoria y la intervención de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. También sostiene que una reforma de ese alcance debería formar parte de una revisión integral del esquema tributario de Chascomús.

El documento cuestiona, además, la forma en que la ordenanza define los fondos afectados. El Ejecutivo señala que no existe una tasa específica de Control de Plagas, sino una contribución creada en 1985 para conformar un fondo de lucha contra esas amenazas. Sobre Marcas y Señales, defiende su función como instrumento para certificar la legalidad del traslado de hacienda y prevenir el abigeato.

En cuanto a la distribución de los recursos, el municipio argumenta que los tributos vinculados a la actividad rural representan menos del 20% de los ingresos locales, mientras que el casco urbano —que ocupa poco más del 1% del territorio— aporta más del 80% de los ingresos no tributarios. También sostiene que el esquema fiscal vigente permitió mantener el equilibrio de las cuentas municipales y compensar las caídas de recaudación que provocan períodos de sequía o inundaciones.

Por último, el veto cuestiona las atribuciones que la ordenanza le asignaba a la Comisión Vial, como disponer el uso exclusivo de maquinaria municipal para tareas rurales.

El Ejecutivo considera que esas funciones corresponden únicamente a su ámbito de competencia. También objeta la creación de un Director de Vialidad Rural porque, según argumenta, no respeta el escalafón municipal y podría generar dificultades para liquidar el salario del designado. A eso suma que la designación de funcionarios y auxiliares es una atribución propia del intendente y no puede quedar condicionada por la aprobación de una comisión con participación privada.

El gobierno de Chascomús cerró su fundamentación al señalar que el veto no debe interpretarse únicamente como una decisión de conveniencia política, sino como una herramienta de control y equilibrio entre los poderes del Estado municipal.

Qué puede pasar ahora

Con el veto total, la ordenanza vuelve al Concejo Deliberante. Para insistir con su aprobación y dejar sin efecto la decisión del intendente, los concejales necesitarían reunir dos tercios de los votos, una mayoría más exigente que la que permitió sancionar originalmente el proyecto.

La Asociación Rural, por su parte, anticipó que continuará reclamando una solución para los caminos. “Consideramos que esta decisión posterga una solución a la problemática de los caminos rurales, tanto en la asignación de fondos como en su administración”, expresó en su comunicado.

La atención estará puesta ahora en la reunión que el Ejecutivo mantendría con representantes del sector rural para presentar una propuesta alternativa. El encuentro podría abrir una instancia de negociación, aunque la reacción de la entidad muestra que el veto profundizó las diferencias sobre quiénes deben intervenir en las decisiones y cómo deben administrarse los recursos destinados al mantenimiento de la red vial.