António Guterres propuso este miércoles 11 de noviembre en Turquía que los gobiernos cobren impuestos a las ganancias extraordinarias de las petroleras. El secretario general de Naciones Unidas presentó la iniciativa durante su discurso ante la COP31, celebrado en Antalya, como una posible fuente de recursos para países afectados por desastres climáticos. La medida es una propuesta política: todavía no existe un tributo internacional aprobado.
La iniciativa llega cuando las negociaciones climáticas siguen sin resolver cómo financiar la recuperación después de fenómenos extremos. La COP31 se celebra del 9 al 20 de noviembre en el Antalya EXPO Center, bajo presidencia turca y con Australia al frente de las negociaciones. NewsDigitales ya examinó esa discusión; ahora el planteo de Guterres incorpora expresamente las ganancias empresariales.
Guterres comparó los beneficios empresariales con el dinero disponible para atender daños climáticos. En su intervención señaló que nueve grandes petroleras acumularon USD 95.000 millones en ganancias durante el último trimestre, mientras el Fondo para Pérdidas y Daños había recibido alrededor de USD 600 millones. Esa diferencia equivale, en su comparación, a unas catorce horas de beneficios de las compañías. La cifra no representa una recaudación tributaria acordada.
El mecanismo planteado apunta a las ganancias extraordinarias, no a imponer automáticamente una tasa sobre cada litro de combustible. Un gravamen de ese tipo requeriría que los gobiernos definieran qué parte del beneficio se considera excepcional, qué sociedades quedarían alcanzadas y cómo se transferiría la recaudación. Guterres no anunció una alícuota, un calendario fiscal ni una lista cerrada de empresas obligadas a pagar.

Los posibles destinatarios serían países en desarrollo particularmente expuestos a inundaciones, sequías y al aumento del nivel del mar. Entre ellos se encuentran pequeños Estados insulares y naciones con menores recursos para reconstruir viviendas, infraestructura o servicios esenciales. Sin embargo, todavía no se determinó qué países recibirían aportes de un eventual impuesto petrolero, con qué criterios se distribuirían ni si existiría un acceso directo para las comunidades damnificadas.
También importa distinguir la recuperación de daños de las inversiones destinadas a prevenirlos. El Fondo para Pérdidas y Daños apunta a consecuencias que no pudieron evitarse; la adaptación comprende defensas contra inundaciones, sistemas de alerta y obras para reducir riesgos futuros. El nuevo planteo podría complementar esos mecanismos, pero no implica que la ONU haya creado otra institución ni que haya ingresado dinero adicional a las cuentas existentes.
El reclamo tributario se inserta en una disputa más amplia sobre las responsabilidades financieras de los países. Guterres pidió que las economías desarrolladas movilicen al menos USD 300.000 millones anuales hacia 2035 y que la aspiración de USD 1,3 billones llegue efectivamente a las naciones en desarrollo. Esas metas son distintas del impuesto propuesto. La experiencia con fondos forestales muestra otra vía de movilización de capital.
Transformar el llamado de Guterres en obligaciones concretas exige decisiones que todavía no se tomaron. Los Estados tendrían que acordar o legislar bases imponibles, evitar dobles gravámenes y establecer mecanismos de supervisión. También habría que evaluar si el costo termina trasladándose a consumidores o inversiones y cómo impedir que la recaudación sustituya compromisos financieros ya existentes. La conferencia puede impulsar consensos, pero no recauda impuestos por sí misma.

La propuesta llega además en un contexto de desigualdad en el acceso al financiamiento energético. Guterres recordó que las economías emergentes y en desarrollo, excluida China, concentran casi dos tercios de la población mundial, pero reciben menos de una quinta parte de la inversión en energía limpia. Para muchas de ellas, endeudarse cuesta entre dos y tres veces más. Esa brecha dificulta invertir en renovables y protección climática simultáneamente.
El próximo examen será comprobar si los gobiernos incorporan el impuesto petrolero a una negociación formal. La cumbre de líderes continúa el 12 de noviembre y las conversaciones de la COP31 están previstas hasta el día 20. Un resultado concreto requeriría identificar quién recauda, cuánto aportaría y cómo llegarían los recursos a los afectados. Por ahora, lo confirmado es el pedido de Guterres, no un acuerdo fiscal ni transferencias nuevas.