por Redacción NewsDigitales
La demora en sancionar una nueva Ley de Biocombustibles genera tensiones dentro de esta cadena de valor. Aunque el proyecto obtuvo media sanción del Senado el pasado 17 de septiembre, con 41 votos afirmativos y 25 negativos, su tratamiento en la Cámara Baja quedó trabado, por las diferencias en torno a su implementación para el biodiésel.
La raíz de este conflicto debe buscarse en la puja entre las pymes regionales, que reclaman mayores garantías para sostener su participación, con las grandes aceiteras y exportadoras, que defienden el esquema aprobado por el Senado.
Mientras las pequeñas y medianas empresas advirtieron que la reducción progresiva de sus cupos podría provocar cierres de plantas y pérdida de empleos, desde la industria exportadora sostuvieron que la reforma permitirá abrir el mercado, generar inversiones y mejorar la competitividad.
La falta de acuerdo también expuso diferencias dentro de los bloques que acompañaron al oficialismo. En los pasillos de Diputados, legisladores del PRO, la UCR y espacios provinciales reclamaron modificaciones, mientras que el Gobierno sostiene que no hay margen para nuevos cambios.
Además, circula una propuesta alternativa impulsada por Cristian Ritondo -je que plantea elevar el corte de biodiésel al 11% y ampliar la participación de las empresas integradas. El calendario legislativo mete presión: si no se sanciona antes de finalizar diciembre, el proyecto perderá estado parlamentario.
En una entrevista reciente con NewsDigitales, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, advirtió sobre el riesgo de que la iniciativa quede congelada por el proceso electoral de 2027.
En este contexto, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) elevó una nota a la Cámara de Diputados, en donde solicitaron “con carácter de urgencia, el dictamen y la aprobación del proyecto de ley de biocombustibles que ya cuenta con la aprobación del Senado”.
Para el CAA, un espacio que nuclea a 63 cámaras y entidades del sector, este proyecto de ley es una herramienta que se generó a partir de un amplio consenso entre gobernadores, senadores, productores, entidades, industria de biocombustibles y representantes de la industria petrolera y automotriz.
“Esta ley permitirá que el productor agrícola acceda a nuevas y genuinas oportunidades de mejora y crecimiento, dinamizando la economía de nuestras provincias”, señalaron. Y agregaron: “la sanción de esta ley nos permitirá fortalecer nuestra soberanía energética frente a un escenario internacional cada vez más complejo y volátil”, destacaron
En el documento, el CAA también puso a los consumidores de combustibles en el centro del reclamo. “El usuario que carga combustible para el transporte terrestre en todo el país merece acceder a una energía más eficiente, sostenible y competitiva”.
Con pocas semanas en el calendario legislativo de 2026, la cadena de valor de biocombustibles busca superar los últimos escollos que se generaron en Diputados y cerrar una nueva ley, antes que pierda estado parlamentario.