El 19 de noviembre de 2026, la Corte Internacional de Justicia declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohingyas. El fallo, aprobado por nueve votos contra seis, determinó que la campaña militar de 2017 en el norte de Rakáin violó la Convención sobre Genocidio. La sentencia definitiva obliga al Estado a reparar a las víctimas.
Por primera vez, la Corte declaró responsable a un Estado por cometer genocidio. La decisión distingue la responsabilidad internacional de la persecución penal individual. En 2017, cientos de miles de rohingyas huyeron a Bangladesh, donde los refugiados registrados sumaban 1,2 millones a mediados de 2026, como documentó NewsDigitales.
El tribunal acreditó asesinatos, violencia sexual y medidas para impedir nacimientos entre los rohingyas. Documentó más de 10.000 muertes y daños graves, físicos y mentales. Para determinar genocidio estableció la intención de destruir una parte sustancial del grupo, una exigencia jurídica diferente de probar desplazamientos o ataques indiscriminados.
Myanmar también incumplió obligaciones de prevenir y sancionar el genocidio. La Corte examinó los crímenes cometidos por individuos junto a las fuerzas de seguridad y la falta de legislación adecuada. El Mecanismo Independiente de Investigación de la ONU aportó testimonios e informes que contribuyeron a reconstruir los hechos.

La resolución exige investigaciones y eventuales juicios contra los responsables. Myanmar deberá adoptar leyes, poner fin a los incumplimientos y ofrecer garantías de no repetición. La CIJ establece obligaciones entre Estados: no impone penas de prisión a individuos, que deben ser juzgados por tribunales con competencia penal.

Los rohingyas desplazados tienen derecho a reparaciones y a un retorno seguro, voluntario y digno. El fallo contempla restitución de derechos y reunificación familiar. No ordena traslados inmediatos desde Bangladesh ni certifica condiciones para regresar; esas garantías dependen de la seguridad efectiva dentro de Myanmar.
Las compensaciones económicas aún no tienen montos fijados. La sentencia obliga a Myanmar a indemnizar los daños que la restitución no pueda reparar, pero sus cuantías y modalidades se definirán en una fase posterior. La responsabilidad ya está establecida; el cálculo de las reparaciones permanece abierto.
La Corte también encontró que Myanmar incumplió una orden cautelar emitida en enero de 2020. Debía preservar pruebas del genocidio y evitar su destrucción. Sin embargo, los jueces no consideraron probado que el Estado hubiera incitado directa y públicamente a particulares a cometer genocidio, una distinción fundamental del fallo.
Gambia inició el proceso el 11 de noviembre de 2019. Myanmar cuestionó la competencia de la Corte, que fue confirmada en 2022. Las audiencias de fondo se celebraron en enero de 2026 y once Estados intervinieron en la interpretación de la Convención sin convertirse en demandantes.
El siguiente plazo judicial vence el 19 de noviembre de 2028. Myanmar deberá presentar un informe sobre restituciones y compensaciones propuestas. Aunque la sentencia es definitiva e inapelable, la Corte carece de ejecución propia. Su impacto dependerá del cumplimiento efectivo y de cambios concretos para las comunidades afectadas.