Miami, 19 de noviembre de 2026. La Justicia de Estados Unidos declaró culpable al médico y pastor haitiano-estadounidense Christian Emmanuel Sanon, de 68 años, por su participación en la conspiración que terminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio de 2021. El veredicto fue emitido por un jurado federal de Miami después de casi ocho semanas de juicio y representa un nuevo avance en la investigación internacional sobre uno de los magnicidios más importantes de la historia reciente del Caribe.
Sanon fue hallado culpable de los ocho cargos presentados en su contra, entre ellos conspiración para secuestrar o asesinar a una persona fuera del territorio estadounidense. La resolución judicial establece su responsabilidad penal en el complot, aunque todavía no determina la pena que deberá cumplir. La audiencia de sentencia está prevista para el 10 de febrero de 2027 y el condenado podría recibir cadena perpetua.
Según la acusación federal, Sanon no era solamente un colaborador circunstancial de los conspiradores. Los fiscales sostuvieron que inicialmente había sido seleccionado para reemplazar a Moïse en la Presidencia de Haití y que participó en la búsqueda de financiamiento y en la organización de viajes y alojamientos vinculados con la operación. La investigación identificó al sur de Florida como uno de los principales centros de planificación del complot.
La conspiración involucró a empresarios, intermediarios financieros y antiguos militares colombianos contratados mediante empresas de seguridad privadas. De acuerdo con los investigadores estadounidenses, algunos participantes pretendían presentar la operación como una intervención de agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). El objetivo inicial de desplazar al mandatario terminó desembocando en una operación armada que provocó su muerte.

El 7 de julio de 2021, un grupo armado irrumpió durante la madrugada en la residencia privada de Jovenel Moïse, ubicada en las afueras de Puerto Príncipe. El presidente, de 53 años, recibió múltiples disparos y murió dentro de la vivienda. Su esposa, Martine Moïse, resultó herida y posteriormente fue trasladada a Estados Unidos para recibir atención médica. El ataque abrió una crisis institucional que continúa condicionando la política haitiana más de cinco años después.
Las investigaciones posteriores revelaron una compleja red internacional de participantes. Entre los implicados aparecieron ciudadanos haitianos, estadounidenses y colombianos, así como empresas establecidas en Florida que habían intervenido en la contratación y financiación de personal armado. El Departamento de Justicia estadounidense también investigó el presunto uso de recursos procedentes de programas de asistencia económica creados durante la pandemia de COVID-19 para financiar actividades relacionadas con el complot.
Durante el juicio, Christian Emmanuel Sanon reconoció haber mantenido contacto con personas interesadas en sustituir al entonces presidente haitiano, pero negó conocer cualquier planificación destinada a asesinarlo. También aseguró que los integrantes del grupo habían abandonado la idea de instalarlo en el poder antes de que ocurriera el crimen. Su defensa sostuvo que las pruebas no demostraban la responsabilidad que le atribuían los fiscales.
Sin embargo, los argumentos de Sanon no convencieron al jurado federal. Tras conocerse el veredicto, su abogada, Zeljka Bozanic, manifestó su desacuerdo con la decisión y anunció que presentará una apelación. El pastor permanece bajo custodia federal mientras espera la audiencia de sentencia, en la que la jueza deberá determinar la condena correspondiente.

El proceso contra Sanon forma parte de una investigación mucho más amplia que involucra a más de 40 acusados por delitos relacionados con el magnicidio. Aproximadamente una docena de personas han sido condenadas en Estados Unidos, entre ellas cinco que cumplen penas de prisión perpetua. En septiembre de 2026, las autoridades estadounidenses trasladaron a otros 18 acusados desde Haití hasta Miami para enfrentar nuevos procedimientos judiciales, lo que demuestra que la causa todavía está lejos de concluir.
El veredicto llega mientras Haití continúa sin un presidente desde el asesinato de Moïse y enfrenta una prolongada crisis de seguridad, marcada por la expansión de las pandillas armadas y el debilitamiento de las instituciones. Aunque la condena de Sanon representa un avance judicial, no resuelve por sí sola todas las responsabilidades relacionadas con el crimen. La próxima etapa será la imposición de su pena, prevista para febrero de 2027, mientras el país intenta avanzar hacia una nueva elección presidencial.