La Ciudad se presenta ante la Corte Suprema para hacer la denuncia de incumplimiento será el primer paso de la ofensiva para recuperar los fondos que le quitó la Casa Rosada. Avanzarán con denuncias penales contra directivos del Banco Nación.
La Ciudad de Buenos Aires se prepara con un escrito para denunciar este lunes ante la Corte Suprema el incumplimiento del Estado Nacional de la sentencia que ordenó entregarle de manera automática y diaria el 2.95 % de los fondos coparticipables que la Nación le había quitado en la pandemia. La Ciudad entiende que, desde el miércoles pasado, en que fue notificado el fallo, la Nación lleva dos días de mora e incumplimiento de la orden judicial.
Este lunes el Gobierno de la Ciudad presentará un escrito y, por ahora, no pedirá el embargo de las cuentas. Por el lado de Nación se prepara el pedido de revocatoria, ya que decidieron desobedecer y no destinar el dinero a Ciudad. Todo el trámite no se resolverá hasta febrero cuando concluya la feria judicial de verano. Retomando las acciones que tiene planeadas Ciudad, el camino elegido es denunciar a la Corte Suprema el incumplimiento del Banco Nación.
El motivo de denunciar al Banco Nación es porque esta entidad es quien debe activar los giros, sin pedidos por ahora de embargos. Al mismo tiempo, los abogados del gobierno porteño trabajan también en la redacción de una denuncia penal que podría alcanzar al directorio del Banco Nación, responsable según la sentencia de hacer el depósito diario y automático, el ministerio de Economía y la jefatura de Gabinete de ministros.
Esta segunda presentación, se encauzaría por los juzgados federales de primera instancia donde ya hay al menos dos denuncias penales contra el presidente Alberto Fernández, una de la Coalición Cívica y otra de Republicanos Unidos, por la desobediencia a la Corte Suprema y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Este mismo lunes se sumará una tercera de Patricia Bullrich. Lo que el Estado Nacional no le paga, que son unos 1100 millones de pesos diarios.
“Queremos notificar a la Corte el incumplimiento de la sentencia que hoy ya es de dos días y que la Corte se tome el tiempo necesario para actuar; no vamos a pedir por ahora el embargo”, dijo en La Nación un alto funcionario porteño versado en temas legales. En tanto, desde el lado de la Nación los abogados del Estado están trabajando en el recurso de “revocatoria in extremis” que anunció el presidente Alberto Fernández que se iba a presentar para que la propia Corte de vuelta su decisión.
Por otro, esta mañana se analizarán los pasos a partir de esa presentación, aunque está confirmado que denunciarán penalmente a los funcionarios que no cumplan el fallo, empezando por la presidenta del Banco Nación, Silvia Batakis, y todo el directorio de la entidad, responsables de girar los fondos coparticipables a la ciudad. “Vamos a utilizar todas las herramientas legales e institucionales que tenemos para hacer cumplir este fallo.”
“Es una barbaridad institucional lo que está pasando, no lo vamos a permitir”, sostuvo Larreta tras la resolución de Alberto Fernández, apoyada por 14 gobernadores. Y agregó: “Acá está en juego si queremos tener un país democrático y republicano o no. Si queremos tener un país donde se respeten las instituciones o donde el autoritarismo manda. En un país donde no se cumplen las normas, una vez que no se cumple una ya entrás en riesgo de que no se cumpla ninguna”.
“Estamos monitoreando la situación minuto a minuto”, dijo un importante referente porteño, junto a Larreta con su mesa política y de comunicación, participan el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y el procurador general de la ciudad, Gabriel Starloa. También estarán presentes Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface.
El secretario de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana, Federico Di Benedetto; el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario; el secretario de Medios, Christian Coelho, y los diputados nacionales nacional del PRO Omar De Marchi y Silvia Lospennato. “Lo que hizo el Presidente no es muy ortodoxo, es un manotazo de ahogado, pero la Corte espera que presente sus fundamentos y después resolverá”, dijo un miembro del equipo larretista.
Entre las medidas que aún no se instrumentarán están los actos de ejecución forzada, a partir de los cuales el gobierno porteño pedirá que se trabe un embargo de los fondos correspondientes. “Son decisiones que puede tomar la Corte o las podemos pedir nosotros, pero en la reunión terminaremos de definir si agregamos algo o no a la notificación de que el Gobierno no cumplió la sentencia”, afirmó la misma fuente, que destacó: “No tenemos plazos para hacer alguna otra presentación”.
“Todavía no existieron hechos consumados que denoten el no cumplimiento -agregó el referente larretista-, sino que sólo fueron declaraciones públicas del Presidente. No es extraño que se empiece a acatar dentro de dos o tres días. Por eso es importante la presentación judicial efectiva del Gobierno ante la Corte. Hay posibilidades de que el tribunal desestime sus argumentos en forma inmediata”. “El fallo es claro. Ordena al Banco Nación, a través de Silvia Batakis y el directorio, que giren el dinero.”
“Vamos a ver si se bancan decirle que no a la Corte. Pero luego iremos contra el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, que tienen injerencia en las partidas presupuestarias y en su ejecución”, advirtió un importante funcionario de la Ciudad. Aun así, reconoció que “el fallo de la Corte en favor de que el Gobierno le devuelva a la provincia de San Luis 15.000 millones de pesos en fondos coparticipables tardó como 20 días hábiles en ejecutarse porque el Estado Nacional necesita tiempo para adecuarse, más allá de la pirotecnia verbal”.
Para el gobierno porteño, “no hay manera” de que Alberto Fernández sostenga su decisión de no acatar el fallo de la Corte. “Salió a tensar la cuerda y abrió una grieta más profunda. Así como Pedro Castillo invalidó al Congreso en Perú, el Presidente invalidó a la Corte”, juzgó un larretista y agregó: “todo lo que emite el Banco Central es jurisdicción nacional y los bonos del Estado que se compraron y que sus poseedores quieren ejecutar pueden estar sujetos al capricho del Gobierno.”
“Si no, ¿qué seguridad jurídica hay? Con la desobediencia, el oficialismo rompió todo el esquema económico”. En ese sentido, el referente del gobierno porteño se hizo una pregunta que se develará en las próximas horas: “Después del desacato del Gobierno, habrá que ver cómo abren los mercados el lunes”. El conflicto por la coparticipación comenzó hace dos años, luego de que la Nación redujera la masa de recursos de coparticipación que le gira a la CABA de 3,5% a 2,32%, en primera instancia.
Luego a 1,4%. El recorte a la ciudad de Buenos Aires fue dispuesto por Alberto Fernández el 9 de septiembre de 2020 en medio de un conflicto salarial de la policía bonaerense y, además de los perjuicios económicos para los porteños, derivó en una ruptura de la relación del Presidente y el jefe de Gobierno. Rodríguez Larreta se presentó en la Corte Suprema e inició un recurso de amparo para frenar el decreto presidencial.
Y el miércoles pasado, con una medida cautelar, el máximo tribunal resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. El Presidente decidió no acatar la sentencia y abrió un conflicto de aristas graves e imprevisibles. En la intimidad, Alberto Fernández, en cambio está convencido de la certeza de su decisión del viernes pasado y del escrito que suscribió. A los que lo llamaron para desearle feliz Navidad los sorprendió con una clase de derecho constitucional sobre lo correcto de su decisión.