El organismo cuestionó los peritajes realizados en el caso, que involucra a Cristina Kirchner y a Lázaro Báes, entre otros .
Con Cristina Kirchner presente en la audiencia del juicio oral, la Unidad de Información Financiera (UIF) descartó hoy que la vicepresidenta haya encabezado una asociación ilícita para defraudar al estado en las obras públicas que de 2003 a 2015 recibió el empresario Lázaro Báez. Los abogados del organismo pidieron su absolución. “Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios. Sería irresponsable avanzar en una acusación”, aseguró el abogado de la UIF Leandro Ventura.
“Corresponde la absolución de los acusados respecto del delito de fraude”, dijo y luego señaló que si no hubo fraude en la obra pública que recibió Báez, tampoco existió el delito de asociación ilícita. “Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, agregó el abogado.
El otro abogado Alejandro Irachet dijo al finalizar el alegato que la postura de la UIF fue “por instrucción de su presidente”, Juan Carlos Otero, nombrado en diciembre del año pasado por Alberto Fernández. Se esperaba saber cuál iba a ser la postura de la UIF por tratarse de un organismo que depende del gobierno nacional que tiene a su vicepresidenta como principal acusada del caso. La UIF también descartó que Cristina Kirchner haya cometido algún delito.
En relación a Cristina Kirchner referido a los deberes de incumplimiento de funcionario público al firmar los decretos mediante los cuáles reasignó partidas presupuestarias durante su gestión para las obras de Báez. “Las conductas llevadas a cabo al firmar decretos solo revisten carácter de actos de gobierno de los cuales no se desprende la violación de los deberes de funcionario público. Quedamos frente a una cuestión política que cuyo acierto o desacierto se encuentra fuera del control de la justicia” dijo Irachet.
A continuación la UIF pidió la absolución de Cristina Kirchner, de Báez, de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; de José López, ex secretario de Obras Públicas; de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; de Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; y de Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad.
La UIF sí esta de acuerdo en que se cometió delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público pero sólo para Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Son los ex funcionarios de menor rango del juicio.
Para ellos se pidió una pena de un año de prisión en suspenso y de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, los abogados advirtieron que la acusación podría estar prescripta y le dejaron a los jueces del tribunal el análisis de esa situación. Respecto de los ex funcionarios de Santa Cruz, la UIF sostuvo que tenían el deber de controlar las obras y que no lo hicieron ya que, por ejemplo, informaron que estaban terminadas cuando en rigor no, esto permitió que Báez cobre la totalidad de los pagos.
Los abogados descartaron que Periotti, como titular de Vialidad Nacional, haya participado de la maniobra porque tenía un “control formal” a través del organismo de Santa Cruz y no directo. El alegato de los abogados de la UIF duró poco menos de dos horas y media y así dio inicio a esta etapa del juicio que es el momento en el que las partes piden las condenas o las absoluciones de los acusados. La UIF tenía tres audiencias para alegar pero solo uso una.
El juicio continuará el próximo 1 de agosto a las 8:30 horas con el alegato del fiscal Diego Luciani que hoy adelantó que utilizará las nueve jornadas que le dio el tribunal. Los 13 acusados en el proceso se conectaron a la plataforma Zoom para estar en la audiencia. Entre ella, Cristina Kirchner que escuchó la decisión de la UIF en vivo y en directo. Cristina se conectó temprano a la audiencia virtual desde su oficina del Senado.
Cristina Kirchner no tuvo ninguna participación y por momentos apagó la cámara. Está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que de manera irregular le concedió obra pública a Báez. Lo que se juzga son las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que desde 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, recibieron las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz. Entre ellas, sobreprecios y el pago total de la obra cuando muchas no habían finalizado.
Y la falta de antecedentes y capacidad de las compañías “ganadoras de asignaciones para la construcción”. La UIF descartó que eso haya ocurrido. Los abogados Ventura e Irachet objetaron el trabajo que hicieron los peritos que participaron del peritaje sobre las obras. “No hubo discusiones entre los peritos porque hubo metodologías distintas. Se llegaron a resultados inconsistentes”, señaló Ventura.
Sostuvo que el perito Eloy Bona -de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- “refirió a expresiones como creo que, me parece que, que son elementos que dificultan llegar a una certeza necesaria”. Los letrados señalaron que de la exposición que los peritos tuvieron en el juicio solo “quedaron dudas por los cálculos realizados por el perito oficial” vinculados a los precios de plaza, los ítems, sobre cómo se realizaron las comparaciones de obras, cómo se accionó un precio determinado ante distintas opciones.
La UIF coincidió con la perito de parte de la defensa de Cristina Kirchner, Adriana Alperovich. Los abogados señalaron que utilizó la mejor metodología para la pericia según la biografía autorizada que es el presupuesto por análisis de costo y que su conclusión fue que no hubo sobreprecios. “Y la pericia oficial y la de la fiscalía no pudieron rebatir esos argumentos”, sostuvo Ventura. Para muchos se trató de una medida que solo buscaba dilatar el inicio del proceso.